Buenos Aires
El listado esta encabezado por un automóvil propiedad de Cristina Kirchner y sus hijos. Podrían ser destinados para uso de las fuerzas de seguridad o vialidad nacional.
Más de 40 autos de que pertenecieron a ex funcionarios kirchneristas hoy procesados en la causa por defraudación al Estado por direccionar la obra pública vial a Lázaro Báez quedaron bajo control de la Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE) que dirige Ramón Lanús.
El juez federal Julián Ercolini entregó la guarda judicial a la AABE. El organismo deberá definir ahora cuál es el fin social que destinará a estos bienes, que puede ser alguna institución u organismo público, entre ellos, las fuerzas policiales, o bien una ONG. Los vehículos podrían ser destinados para uso de las fuerzas de seguridad o a Vialidad Nacional.
En tanto, 41 vehículos están registrados en la provincia de Santa Cruz (Río Gallegos, Río Turbio y Calafate), 2 en Capital Federal, 1 en Corrientes, 1 en Santa Rosa y 1 en el distrito bonaerense de Zárate.
En la causa, según informó Clarín, Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de dólares, a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y los otros procesados en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral (52 contratos por 46.000 millones de pesos), por los “daños y perjuicios” generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados.

Austral
En la causa, Vialidad Nacional reclamó $22.500 millones a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y los otros procesados por los “daños y perjuicios” generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados al Grupo Austral. En total, se rubricaron 52 contratos de obra por 46.000 millones de pesos.
En esta línea, Ercolini dispuso al embargo que recae sobre cada uno de los principales procesados por 10.000 millones de pesos, y más de 180 propiedades lo que incluye 46 vehículos.
El 27 de noviembre pasado, el juez designó a la AABE como depositaria judicial en los términos del artículo 233 del Código Procesal Penal.
El objetivo es “garantizar la conservación, evitar el deterioro y la pérdida de valor de los vehículos y de las embarcaciones”, señaló el magistrado en el escrito al que pudo acceder Infobae.
Además, Ercolini ordenó que el Estado “deberá proceder a la contratación de un seguro contra todo riesgo respecto de dichos bienes”.
En total son 46 vehículos, de los cuales 41 están registrados en la provincia de Santa Cruz (Río Gallegos, Río Turbio y Calafate).
No es la primera vez que se toma una decisión semejante en el ámbito judicial. El Ministerio de Transporte ya destinó a distintas provincias tractores, retroexcavadoras, volcadoras, camiones y camionetas que eran propiedad de Lázaro Báez.
Los vehículos se destinaron a los planes de obra pública en marcha, mientras que un avión Lear Jet se integró a la flota de la Policía Federal.
A mediados del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal avaló el uso de los bienes de Austral Construcciones y declaró inadmisibles los planteos de la defensa del contratista kirchnerista.
En este último caso, la Justicia argumentó que la ociosidad podría corroer los vehículos que aún se conservan funcionales.
La recuperación de los automotores está en consonancia con el proyecto de ley de extinción de dominio, impulsado por el oficialismo y con media sanción en Diputados, pero frenado tras planteos de índole técnico.
Desde el Gobierno señalaron que lo que se busca detrás de este tipo de medidas reparatorias es que “los corruptos y ladrones no solo tienen que estar presos, sino que, además, sus posesiones mal habidas, deben ser recuperadas en provecho de todos los argentinos”.