Buenos Aires
La Cámara Federal porteña rechazó este lunes excarcelar o morigerar las condiciones de detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido en la causa por Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia rechazaron un nuevo pedido de la defensa de De Vido, por lo cual seguirá preso en la cárcel de Marcos Paz procesado por supuestos hechos de corrupción en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, informaron fuentes judiciales.
De Vido había pedido ser liberado o, en todo caso, obtener la prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico, como una tobillera, y quedar autorizado a moverse en un radio de cien kilómetros.
El planteo había sido rechazado por el juez de la causa Luis Rodríguez y ahora esa decisión fue ratificada por la Cámara Federal.
El ex ministro de Planificación perdió los fueros como diputado y fue detenido por el juez federal Luis Rodríguez, tras una orden de la sala II de la Cámara Federal porteña.
Poco después, el ex funcionario quedó procesado por supuesta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”
En la causa se investiga el presunto desvío de 265 millones de pesos destinados a reconvertir el Yacimiento.
YCRT
Después de indagarlo tras el pedido de desafuero, Rodríguez encontró al ex ministro de Planificación responsable de maniobras fraudulentas vinculadas a la mina de carbón de Río Turbio (Santa Cruz). Todas las decisiones respecto al destino de los fondos “partió del Ministerio de Planificación que dependía de De Vido”, señaló el juez en la resolución de 209 páginas.
Se planteó que la maniobra investigada se organizó a través de la utilización de convenios de cooperación entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la UTN, la Facultado Regional Santa Cruz (FRSC) y la Fundación. Todo era financiado por el extinto ministerio. “Se encuentra acreditado que no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos”, sostiene el texto del procesamiento.
La causa inició con la denuncia del actual interventor de YCRT, Omar Zeidán que puso bajo sospecha el manejo de $ 26.000 millones que representa el presupuesto que el extinto ministerio de Planificación Federal destino a YCRT desde 2005 a 2015 para su modernización.
Esto estaba ligado la construcción de la Usina Térmica que la mina de carbón debe abastecer. Dicha obra según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) llegó a incrementar su valor original en un 90,28%.
La construcción del tren turístico por casi 443 millones de pesos, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente, también es parte de la investigación sobre el manejo de los fondos.
Para su ejecución, en julio de 2014 se firmaron 453 convenios financiados por el Ministerio de Planificación.
El desvío de fondos se habría realizado por intermedio de diversos convenios de colaboración entre YCRT y la FRSC (dependiente de la UTN). que contaba a su vez, con la Fundación que permanece intervenida por orden del juez Rodríguez, ya que era la receptora de los fondos.
La maniobra permitió que el Estado otorgue a YCRT dinero que era gestionados por una entidad privada como la Fundación, “que no se encuentra sujeta a ninguna normativa sobre contrataciones, utilizando como intermediario a la FRSC”, consignó el juez en su resolución.
Este “manejo discrecional de fondos” que el Gobierno a través del ministerio que dirigió De Vido, se corroboró al analizar los extractos bancarios, los balances y las declaraciones juradas de la Fundación.
Al respecto, el juez Rodríguez señaló que los convenios celebrados fueron el “andamiaje legal a través del cual se orquestó la maniobra defraudatoria, que excediendo y explotando al máximo ese instrumento implicó un claro perjuicio al patrimonio estatal”.
La Fundación era contratada, por ejemplo, para obras civiles “que estaba fuera de sus competencias”.
Fundación
La Fundación mientras celebraba estos convenios que financió Planificación Federal, , adquirió a fines de 2013 un inmueble en San Isidro por el que recibe un alquiler mensual, “sin que exista vinculación entre esa operación y los fines y el domicilio de la Fundación”.
Esta entidad privada donde trabajaban empleados también de la FRSC tiene una cuenta, bloqueada por orden judicial, con la que tuvo un fondo de inversión por $ 40 millones que se invertían en plazos fijos. La mayoría de los cheques fueron cobrados por caja por personas físicas cuya vinculación nunca resultó clara.
Sobre la Fundación recae una denuncia de la AFIP por facturación apócrifa por medio millón de pesos.
El juez indicó que parte de la maniobra de defraudación fueron los desdoblamientos de los convenios, para “sortear los diversos controles en materia de contratación, aparecen documentadas y abonadas por el Estado Nacional a través de la cartera ministerial respectiva”.
Desde la Subsecretaría de Control del MINPLAN se disponía la “asignación de fondos y se determinaban las facturas que debían cancelarse”, área que dependía directamente de Julio De Vido. “Se encuentra acreditado que no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos”, determinó el juez. Es por ello que la maniobra investigada “reportó un claro perjuicio patrimonial al Estado”,