Río Gallegos
El municipio de Río Gallegos continúa abordando la problemática de la sobrepoblación de fauna urbana con una política de ataque a los animales y a los vecinos.
A pesar del veto de la ordenanza votada hace semanas por los ediles peronistas y radicales el municipio local mantiene vigente la Ordenanza 8426 de “tenencia responsable”, la cual lo habilita a capturar y encerrar animales y a multar a los vecinos, una política que no actúa sobre las causas, sino sobre las consecuencias y que busca responsabilizar al contribuyente de la falta de políticas públicas.
Los animales, además de ser capturados y encerrados, se encuentran en pésimas condiciones de higiene, son lavados con agua mientras no hay calefacción, no se les garantiza agua para beber y, a veces, pasan más de 24 horas sin alimentación.
“Esto lo hemos denunciado ya en otras oportunidades con comunicados y videos y, sin embargo, el Secretario de Desarrollo, Adriel Ramos, no ha cambiado absolutamente nada. El Estado es el primero que maltrata e incumple con los derechos de los animales”, indicaron desde el Partido Obrero a través de un comunicado de prensa.

Multa
Por otra parte, según las declaraciones de las autoridades y de los Concejales la multa sobre los vecinos serviría para financiar las castraciones.
Este punto común entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre el radicalismo y el peronismo, busca la sanción sobre la víctima, es decir sobre el vecino, ubicándolo como el responsable del problema; así, se lavan las manos ante el fracaso de las políticas implementadas históricamente que solo han generado un ambiente con exceso de animales y, por ende, insalubre.
Si a esto le sumamos los problemas estructurales de basura, las cloacas, el crematorio, los desechos de los frigoríficos podemos afirmar que estamos en una situación muy preocupante.
Asimismo, desde nuestra organización venimos denunciando el ajuste en salud. El municipio en los primeros cuatro meses del año recibió por coparticipación $167 millones de pesos más en relación al mismo periodo de 2017.
Si invirtiera $5 millones, es decir solo un 3% de ese ingreso superior, garantizaría el presupuesto para realizar la cantidad de castraciones que se necesitan en un año. Proponemos que esta sea la forma de encaminarnos hacia una ciudad saludable evitando sancionar a los contribuyentes que son los perjudicados.
Desde el Partido Obrero entendemos que el Estado es quien debe darle una solución, que tiene la función indelegable de velar por la Salud Publica de la comunidad y el único que está en condiciones de hacerlo ya que cuenta con los recursos necesarios para llevar la tarea adelante: presupuesto, personal e infraestructura.