Caleta Olivia y Río Gallegos
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz resolvió la suspensión de los plazos procesales, y de este modo la administración de todas las causas que se tramitan en juzgados quedaron “stan by” (en suspenso) en toda la provincia.
La medida, que se tomó al alto acatamiento al paro que el gremio judicial lleva por tiempo indeterminado, se conoció ayer. Vale mencionar que según diversas fuentes, la huelga es casi total y se menciona que más de un 90 por ciento de los empleados judiciales adhirió de alguna forma a la medida.
En tal sentido cabe mencionar que no solo hay empleados que adhieren por completo a la huelga, sino que además, se redujo la actividad en muchos juzgados de la actividad de la provincia, es decir que aunque abran sus puertas, no hay empleados para la atención al público.
Dada la postura de mantener el paro de actividades, se haría casi imposible avanzar con cualquier tramite ya iniciado, y además no se iniciarían nuevos hasta que se revierta la situación.
El reclamo
La medida de acción directa responde a lo determinado por el gremio judiciales ante el proyecto autoría del diputado Claudio García (Frente Para la Victoria) que establece una modificación del artículo 8 de la Ley 3.022, en donde las negociaciones colectivas no tomen como referencia “cuestiones de jurisdicción extranjera”, lo que implicaría que no podrán tener los aumentos que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acodadas).
Sería una manera de poner tope a los salarios de un sector de la administración pública, que históricamente mantuvo sus propios estándares, sobre todo porque el proyecto señala que a partir de su sanción se regirá de acuerdo a la realidad presupuestaria de la provincia de Santa Cruz.
En esta contexto representantes del gremio advirtieron que “la medida es por tiempo indeterminado y hasta que el gobierno ponga fin a sus intenciones”.
Estrategia
Todas las miradas están puestas ahora, en los diputados por pueblo y en las posturas que los bloques adopten en la próxima sesión de la Legislatura provincial.
De todos modos, y ante un eventual triunfo de la iniciativa parlamentaria – que cuenta con total respaldo e incluso es avalada por el Ejecutivo – el gremio ya tiene definida una estrategia: “Se acudirá a la Corte Suprema para que se declare inconstitucional”, aduciendo que el gobierno provincial “no puede inmiscuirse en las paritarias” del sector.
En el marco de estas protestas, el martes trabajadores del poder judicial de Río Gallegos se manifestaron en la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación.