El dueño de un campo aplastó 140 nidos de pingüinos y electrificó a otro centenar. Habría realizado un camino con una máquina sin autorización y aplastó a cientos de nidos. Además, electrificó el cerco y mató a ejemplares adultos.
El hecho sucedió a fines de noviembre, y la denuncia fue realizada por el Ministerio de Turismo de Chubut, donde se informó que en medio de una expedición ocular realizada por los guardafaunas de la reserva de Punta Tombo, se percataron que una persona había realizado un camino sin autorización, el cual pasaba por todo el campo hasta la costa.
Al realizarlo con máquinas de alto porte, el dueño del campo aplastó 140 nidos de pingüinos -aproximadamente se encuentran tres pingüinos por nido, en una zona de alta densidad de pichones que viene a tener crías desde Magallanes a la reserva- y electrificó a otro centenar en la Reserva de Punta Tombo, Chubut.

La Fiscal de Rawson, Florencia Gómez, informó a ADNSUR que la denuncia señala que “una persona realizó un camino sin autorización, el cual iba del campo hasta la costa con una máquina de alto porte, enterrando todos los nidos de pichones de pingüinos, en una zona de alta densidad”.
Por este accionar, quedaron enterrados más de 140 nidos de pingüinos que habitan la reserva. Además, electrificó el cerco y mató a un centenar de pingüinos adultos.
Asimismo, señaló que “el cercado se electrificó, lo que hizo que muchos de los pingüinos adultos mueran electrocutados”.
“Levantarán todas las especies muertas para su posterior análisis. Ya que se va a realizar un reclutamiento para tener una noción real del impacto que ha generado esta mortandad de pingüinos”, aclaró.
Por el momento se lo imputaría por la Ley del maltrato animal. “A lo largo de la investigación iremos evaluando si se le imputa otro delito. Estamos realizando toda la investigación preliminar para saber la magnitud del impacto”, indicó Gómez. Y dijo que era un campo lindero a Punta Tombo, pegado con la reserva. “Creemos que era para tener un acceso directo a la costa, pero para eso habría que tener una autorización previa y un estudio para analizar el impacto ambiental, que es lo que se generó: un daño irreparable”.

NASA

Por otro lado, se conoció recientemente que un satélite de la NASA verificará cuándo se hizo el camino y la causa pasaría a la justicia federal.
El caso ha generado una repercusión tan importante, que es muy probable que la investigación tome en las próximas horas una magnitud impensada, por la gran cantidad de entidades que se quieren sumar como denunciantes y presuntos querellantes, que podrían sacar el caso del ámbito de la justicia ordinaria provincial y llevarla al ámbito federal.
El hecho puso el acento sobre la poca rigurosidad de las leyes en esta materia, y es de esperar que sirva para que se incluyan varias reformas: en principio, ya se habla de una propuesta de expropiación del campo cuestionado; pero además, se van a impulsar reformas con castigos mucho más rígidos para quienes cometan este tipo de delitos ambientales.
El primer paso, por supuesto, es determinar con la mayor claridad posible lo que ocurrió en el establecimiento “La Perla”, y poder identificar a los responsables, a quienes fueron los autores materiales de haber abierto una traza que equivale a siete cuadras de longitud, con una máquina retroexcavadora que se presume habría aplastado a más de un centenar de nidos de pingüinos de Magallanes.
Para ello, será fundamental el informe que surja de la inspección que se hizo el último jueves en el lugar de los hechos, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Ambiente de Nación, representantes de organismos como Cenpat-Conicet, con la participación de biólogos, geólogos, paleontólogos, y especialistas en movimientos de suelo.

Los vaqueanos de la zona con años de experiencia, no tienen dudas en que el camino y el alambrado son muy recientes, de hace pocas semanas, por su experiencia en la observación del suelo de la zona. Eran notorias las huellas frescas de las ruedas de la máquina, los montículos de tierra recién removida con las plantas arrancadas aún sin secarse, y las varillas recién pintadas del alambrado.
La posibilidad de las fotos satelitales sorprendió a los mismos investigadores judiciales, porque no era tenida en cuenta hasta aquí: fue una propuesta que partió de los representantes del Conicet a nivel nacional, que cuentan con un equipo de astronomía que trabaja en conjunto con la NASA, y que ya se entrevistaron con la misma fiscal Florencia Gómez.
En ese encuentro, le informaron a la fiscal de la existencia de un satélite que pasa exactamente por esa zona de Punta Tombo cada cinco días, por lo que es posible hacer un rastreo hacia atrás en el tiempo, para determinar el día en que se hizo la apertura del camino y la instalación del alambrado.
Esto es así porque el satélite toma toda la información del lugar con imágenes, y si se marca el sitio preciso, posicionando los grados de latitud y longitud, se puede determinar con exactitud la fecha en que se hizo la obra. Mirando hacia atrás cada cinco días, se va a dar con la semana en la que la obra no estaba: la información sería concluyente e inobjetable, y acabaría con las especulaciones.

Justicia

En las últimas horas, la ONG Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas presentaron una denuncia penal ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Chubut para exigir una investigación a fondo con motivo de la masacre de pingüinos en la Reserva de Punta Tombo. Además, exigieron al Estado que tome medidas urgentes para reparar el daño y evitar más crímenes ambientales y pidieron el embargo del campo para sumarlo a la Reserva de Fauna.
Entienden que se está ante la calificación de un “Ecocidio” por haberse generado “un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración”, según sostuvieron Rafael Colombo y Lucas Micheloud de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas.
Si este planteo avanza, es muy posible que en una audiencia se deba determinar si la causa continúa en la órbita provincial o si debe pasar al ámbito de la justicia federal.

Información ADNSur