La noticia se conoció en las últimas horas del domingo, tras una publicación del diario Clarín (en su edición digital) en la que se revelaba que una empresa israelí había frenado una transacción millonaria con Yacimientos Carboníferos Fiscales luego de que “intermediarios” pidieran entre 20 mil y 30 mil dólares para concretar la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por unos 2,1 millones de dólares (lo que equivaldría a unos US$ 70 por tonelada aproximadamente). La información, dada a conocer por el periodista Claudio Andrade fue ampliada luego con la difusión de los audios en donde se explicitaba el pedido de dinero para que se concrete la operación. En esos audios aparece como supuesto “mediador” entre la actual intervención a cargo de Thierry Decoud y la empresa israelí TEGI.

Según los datos que se conocen hasta el momento habría habido una gestión de la Cancillería argentina y en ese contexto habrían aparecido “dos intermediarios pidiendo dinero para que la venta se concretara”, afirma la nota de Clarín.

Además, se filtró el detalle de que, en medio de esta sospechosa situación, el acuerdo se frenó, pero la empresa no denunció la maniobra.

Rápida reacción

La reacción del gobierno provincial se conoció inmediatamente con la publicación de un comunicado oficial en donde además se expresa el “más enérgico repudio y sorpresa ante los presuntos hechos que divulga una noticia publicada en medios nacionales; respecto de una posible comisión del delito de cohecho en la operación de venta de carbón de YCRT a la compañía de capitales israelíes TEGI Limited”.

De este modo, la gestión provincial tomó distancia de los hechos, al tiempo que se dejó en claro que es el gobierno nacional (ámbito y jurisdicción que tiene la invención de YCRT) quien debe iniciar una investigación e impulsar una causa judicial para esclarecer el caso.

“Pedimos a la Justicia Nacional que inicie de inmediato un proceso de investigación y esclarezca la posible comisión de los delitos, así como la cadena de responsabilidades, desde las personas involucradas en forma directa, como de las que dieron las órdenes políticas”, puntualizó el gobierno santacruceño.

En este contexto el comunicado remarca: “Este gobierno de Santa Cruz no acepta, ni avala, ni comparte, ni legitima, episodios de corrupción. Este gobierno, es particularmente inflexible a la hora de transmitir, proponer y ejercer claridad en los actos públicos, tanto de orden administrativo, como en los procesos o procedimientos de compra en los que está involucrado el Estado”.

En cuanto a la realidad de YCRT, la provincia señaló que “la empresa viene sufriendo por años y años de actos de corrupción, muchos de los cuales hemos denunciado cuando no éramos gobierno. No los toleramos antes, no los vamos a tolerar ahora”.

En el final de comunicado, la provincia deja en claro su postura y advierte: “Si llegara a ser cierta la denuncia, si son veraces los audios y se constata el pedido de cohecho, pedimos al Gobierno Nacional que actúe con la mayor firmeza sobre los funcionarios y las personas involucradas. No somos ni seremos parte de un hecho de corrupción”.

Vale señalar que en texto difundido ayer en donde se deja expresada la postura del gobierno provincial, se dejó constancia que se evaluará con los “equipo de asesores legales, la oportunidad y la posibilidad de que la provincia de Santa Cruz se presente formalmente en la justicia para ser parte querellante y pedir que se aclare este desagradable y repudiable episodio que se ha divulgado”.

Preocupante

Mientras el gobierno nacional mantiene con YCRT su postura de avanzar en una privatización, aunque por el momento mantiene una intervención de la empresa; desde la gobernación insisten en que se debe resolver el complejo tema de la operatividad de la mina. Es que la cuenca vive desde hace años una situación insostenible, afectada tanto por gestiones ineficientes, desinversión, abandono y claramente hechos de corrupción que pusieron a la principal actividad productiva de la zona prácticamente en la ruina.

“Los principales perjudicados por esta situación somos los habitantes, los vecinos de la provincia de Santa Cruz. Si esta operación de compra se demora o se detiene, los únicos perjudicados somos los santacruceños. Santa Cruz necesita que YCRT se reactive. Santa Cruz necesita volver a producir. Santa Cruz necesita una industria firme. Y vamos a dejar lo último de nuestro aliento para poder llevarlo a cabo”, remarcó el comunicado del gobierno provincial, en el marco del reclamo para que se investigue esta nueva denuncia de corrupción.

Acerca de los buenos oficios que intentó impulsar la provincia para evitar el colapso de YCRT mientras siguen los planes del gobierno de Milei para sacar de la órbita estatal a la histórica empresa santacruceña, el comunicado aclaró: “Nuestro gobierno ha realizado un grandísimo esfuerzo, junto a los trabajadores; para recuperar la producción de carbón, ya que hace mucho tiempo no se extraía. Es lamentable que ese importante esfuerzo que se viene haciendo, se eche a perder de esta manera”, puntualizó el gobierno provincial al analizar la preocupante situación que atraviesa la Cuenca.