La minería vuelve al centro del modelo productivo argentino
La minería se ha convertido en uno de los pilares de la transformación económica que impulsa el Gobierno de Javier Milei. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron los 6.037 millones de dólares, un 29,2% más que el año anterior y el mejor registro en más de quince años. El crecimiento, impulsado principalmente por el oro y el litio, marca un giro estratégico: Argentina busca consolidarse no solo como proveedor global de alimentos, sino también de energía y minerales críticos para la transición tecnológica y energética.
El avance del sector se refleja en su expansión territorial. Provincias históricamente reticentes a la minería metalífera, como Mendoza, comenzaron a aprobar proyectos tras décadas de resistencia social. Allí, la Legislatura dio luz verde en 2025 al proyecto PSJ Cobre Mendocino, el primero de cobre en la provincia, que prevé iniciar exportaciones antes de 2030. El cambio de clima político, sumado a incentivos fiscales y regulatorios, ha reducido las barreras que antes frenaban la actividad.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) es la herramienta central de esta estrategia. Ofrece estabilidad tributaria, beneficios aduaneros y libre disponibilidad de divisas por 30 años, condiciones que las empresas consideran clave para recuperar la confianza perdida. Grandes proyectos de cobre, como Los Azules en San Juan, proyectan inversiones multimillonarias y prometen convertir a la Argentina en un jugador relevante en un mercado global impulsado por la urbanización, la electromovilidad y la inteligencia artificial.
Sin embargo, el peso actual de la minería en la economía sigue siendo reducido. Representa menos del 2% del PIB y emplea de forma directa a unas 39.000 personas, con una marcada brecha de género. Aun así, los salarios del sector son los más altos del país, un factor decisivo en regiones golpeadas por el desempleo y la caída de otras actividades productivas.
El crecimiento minero convive con un pasado conflictivo. Proyectos como Bajo La Alumbrera en Catamarca o Veladero en San Juan dejaron una huella de contaminación, uso intensivo de agua y escasos beneficios locales. Estos antecedentes explican la persistente desconfianza social y el rol central del debate ambiental, especialmente en provincias áridas donde el agua es un recurso crítico.
La posible reforma de la Ley de Glaciares se ha convertido en el principal punto de fricción. El Gobierno y las empresas sostienen que la norma actual es demasiado restrictiva y bloquea inversiones estratégicas, mientras que organizaciones ambientalistas denuncian un retroceso en la protección de ecosistemas clave en un contexto de cambio climático. La discusión expone una tensión de fondo: hasta dónde puede avanzar el extractivismo sin comprometer bienes comunes esenciales.
Con menor resistencia social y un fuerte respaldo estatal, la minería avanza a gran velocidad. El desafío para la Argentina no será solo atraer inversiones y aumentar exportaciones, sino evitar que el crecimiento se traduzca en nuevas “zonas de sacrificio”. La sostenibilidad ambiental, la transparencia y la distribución de los beneficios serán claves para que la minería se convierta en una verdadera palanca de desarrollo y no en la repetición de viejas promesas incumplidas.
