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Fue en la reunión extraordinaria de la comisión de Asuntos Constitucionales. Autoridades de Ambiente y comunales destacaron los beneficios del acuerdo con la empresa CGC. El despacho fue por unanimidad.
Se realizó una reunión extraordinaria de la comisión de Asuntos Constitucionales en la que participaron autoridades de la Secretaría de Ambiente e intendentes y comisionados de Fomento. Cabe destacar que la semana pasada se realizó una reunión ordinaria donde autoridades del Instituto de Energía de Santa Cruz y de la empresa CGC explicaron los alcances del acuerdo entre la petrolera y el Gobierno de Santa Cruz.

En la reunión extraordinaria desarrollada esta tarde, Mariano Bertinat, Secretario de Estado de Ambiente, acompañado por Lorenzo Gallardo, Coordinador de Control Ambiental y David Ghizzardi, Director General de Asesoría Letrada explicó que es la primera vez que la situación medio ambiental está escrita en un acuerdo y que junto con la empresa se estableció un programa de reemplazo de cañerías para evitar accidentes, derrames y mejorar la integridad. También destacó que la empresa se hace responsable del saneamiento de los pasivos ambientales y cualquier hallazgo pasivo encontrado en el sector operado por CGC lo que favorece el empleo sostenido en el tiempo en función de las cuadrillas de campo para estas actividades.
Más tarde, participaron de la comisión los Intendentes Pablo Grasso (Río Gallegos) y Osvaldo Maimó (Pico Truncado), junto al Presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kaike y al Presidente del Concejo Deliberante de Caleta Olivia Miguel Troncoso. Cada uno a su turno explicó lo que representa un acuerdo de estas características para su localidad ya que la generación de empleo es lo más importante para cada ciudad como asimismo el impacto económico en el circuito local.
Finalmente tras una exposición final del presidente de la Comisión, Diputado Martín Chávez, en la que destacó que el acuerdo proporciona la creación de puestos de trabajo, genera recursos para Santa Cruz y se trabaja seriamente en la cuestión medio ambiental; se pasó a la votación y por unanimidad el proyecto de Ley 705/21 enviado por el Poder Ejecutivo tuvo despacho favorable.
Participaron la diputada Rocío García y los diputados Martín Chávez, Matías Mazú y Jorge Arabel como integrantes de la Comisión y las diputadas Karina Nieto, Patricia Moreyra y diputados Miguel Farías, José Garrido, Hernán Elorrieta, Carlos Santi y Juan Manuel Miñones como oyentes.

El diputado de Encuentro Ciudadano Gabriel Oliva habló del acuerdo de extensión de contrato petrolero entre el Gobierno y la operadora CGC; dijo que el mismo compromete áreas de explotación hasta 2035 y desatiende un aspecto fundamental, el ambiente y las energías limpias. Las declaraciones las hizo desde Neuquén donde se encuentra participando del Parlamento Patagónico.
En el Proyecto de Prórroga de Áreas Petroleras para la empresa CGC, según Oliva, hubo apuro, «un inexplicable secreto y debería reescribirse. El Consejo Provincial Hidrocarburífero no participó y tampoco se enteraron los intendentes.

Ni siquiera los diputados más oficialistas tuvieron acceso al borrador del nuevo Convenio, y nos encontramos con un acuerdo que cocinó a puertas cerradas el Instituto de Energía, ahora remitido a la Legislatura para aprobar o rechazar».
Hace años, prosiguió el Legislador, que esta área que pertenecía a la petrolera Sinopec no tiene ni un solo pozo nuevo, «la perspectiva de reactivación parece algo llovido del cielo. Pero todo tiene un sabor a déjà vu, un trato como el de Sinopec de hace 10 años, pero empobrecido».
Al hacer un paralelismo sobre el acuerdo de 2010 y el actual, Gabriel Oliva señaló, «en aquel entonces prometían invertir 1.9 mil millones de dólares, ahora son 1 mil, antes eran 700 pozos a perforar, ahora son 260. Un municipio antes recibía 30 millones de dólares, ahora 300 mil. La provincia, por canon de prórroga, antes recibió 100 millones, ahora 18».
En la anterior prórroga Sinopec invirtió al principio y luego apenas succionó petróleo. «Ningún pozo nuevo, nada de exploración, y ante el reclamo ganó tiempo con una mediación en Francia. Se salió con la suya porque logró venderle las acciones a CGC. En lugar de rescindir el contrato por los flagrantes incumplimientos de Sinopec, el gobierno provincial decide prorrogarlo hasta el 2035».
Un proceso transparente como el estipulado por la Ley Marco de Concesiones Petroleras hubiera permitido corregir aspectos importantes. «Ahora nos encontramos sin embargo con 130 páginas preparadas a puertas cerradas. Hay aspectos claves que no quedan claros: ¿qué va a pasar con los puestos de trabajo luego de los primeros años de inversión? Y a pesar de que se establecen algunas instancias intermedias, podemos caer en una nueva mediación internacional», y añadió: «Pero yo quisiera concentrarme en una dimensión distinta: la medioambiental. El contrato estipula unos 130 millones de dólares para corregir los denominados pasivos ambientales. Pero unos 84 millones son para clausurar pozos inactivos. Cementar un pozo es importante para evitar contaminación futura, pero no genera trabajo. De una manera similar, se listan antiguas piletas a remediar». Pero la revegetación, siguió Oliva, «que genera mucho trabajo entre viveros de cultivo y plantaciones está casi ausente: la empresa se compromete a revegetar en 10 años… 350 hectáreas Es menos de la superficie que van a decapitar con la perforación de pozos y caminos anualmente».