Río Gallegos
La diputada utilizó nuevamente la ley de acceso a la información pública para preguntarle al gobierno dónde han ido a parar los fondos aportados por las mineras.
En este caso se trata de un pedido de información al Ministro de Economía de la Provincia de Santa Cruz y con relación a la Ley 3.476 que creó el Fondo Fiduciario “UNIRSE”, al cual deben aportar las empresas mineras.
La legisladora recordó que la Ley 3.476 autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir un Contrato de Fideicomiso tendiente a constituir un Fondo Fiduciario respecto a los aportes de las empresas mineras.
A su vez se estableció que la reglamentación de la ley constituirá un órgano de contralor integrado por un representante de la mayoría parlamentaria y uno por la minoría y debía realizarse un informe semestral a la Honorable Cámara de Diputados donde se indique la asignación y distribución de esos recursos.
“Al reglamentarse la ley, sospechosamente la Gobernadora omitió la constitución del órgano de control y consiguientemente nunca se brindó el informe semestral a la Cámara de Diputados, violándose abiertamente la ley con el agravante que se trata del manejo de fondos públicos sin control.”
Montos
La legisladora informó que solicita al Ministro de Economía informe en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, los montos totales ingresados al fondo fiduciario desde su creación, cuáles fueron los proyectos aprobados desde la constitución del fondo hasta la fecha indicándose objeto de cada proyecto, imputación y monto asignado. Se requiere también las erogaciones y pagos efectivamente dispuestos imputados al fondo fiduciario, así como montos asignados en concepto de subsidios y a inversiones de capital en ambos casos identificando el tipo de proyecto.
La legisladora señaló que el fondo “Unirse” estaba destinado al financiamiento de programas y proyectos en inversión social y de salud, obras, adquisición de bienes, proyectos productivos y de inversión tecnológica que contribuyan al desarrollo sostenible de la Provincia y que a la fecha “se estima que se han gastado el 90% de dichos fondos por un importe equivalente a los 500 millones de pesos sin que se conozca cuál ha sido el destino de los mismos violándose todos los controles que había dispuesto la misma legislación”.
“Seguimos insistiendo en que el dinero que corresponde a los santacruceños y que tiene un destino específico no puede ser distraído por la Gobernadora como si se trataran de fondos propios y sin rendir cuentas a la Cámara o eludiendo el órgano de control creado por la misma ley” destacó Reyes y agregó “la Gobernadora deberá entender que los fondos públicos no pueden ser manejados a su antojo ante las diversas y fundamentales carencias que tenemos en nuestra Provincia”.