Río Gallegos
Con motivo de la campaña de junta de firmas para pedir el Juicio político a la gobernadora Alicia Kirchner, “el kirchnerismo vuelve a hacer uso de un modus operandi que le es propio como es la persecución a quienes se expresan y disienten con el poder”, indicaron desde la CTA Autónoma Santa Cruz.
Según informaron “en las últimas horas, empezaron las amenazas de despidos y sanciones a quienes firmen el pedido de juicio político.
“Es necesario destacar que se debe respetar la voluntad y libertad del ciudadano para utilizar esta herramienta constitucional fundamentada en la crisis a todo nivel que sufrimos quienes habitamos Santa Cruz”, indicaron a través de un comunicado de prensa.
En este marco, el Director del Hospital de Río Gallegos, el doctor Pablo Pesce, intentó que no continúe la junta de firmas en el hall del nosocomio.
Campaña
De este modo, aseguraron que “pese a estos aprietes, la campaña de junta de firmas continuará en la vereda del Banco Santa Cruz de Río Gallegos de 10.30 a 13 y de 16 a 19 hasta el día 21 de agosto y la semana próxima en las demás localidades de la provincia”.
El pedido lo realizó la Mesa de Unidad Sindical que nuclea a gremios estatales de Santa Cruz que iniciaron el lunes la campaña para impulsar el pedido de juicio político contra la gobernadora Alicia Kirchner.
El planteo surge de los gremios ADOSAC, ATE, Judiciales, Viales y APROSA quienes presentarán el próximo 21 de agosto el pedido ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
Los estatales que mantienen un prolongado conflicto por salarios y apertura de paritarias con la administración kirchnerista señalan que el pedido de Juicio Político se enmarca “por las causales enumeradas en el artículo 137 de la Constitución Provincial y ante la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.
“Entendemos que como un espacio de unidad, de denuncia y de lucha permanente, hemos realizado un sinfín de medidas de acción directa, de difusión de información, de visibilización de los conflictos” afirmaron en un comunicado conjunto las asociaciones gremiales.
Allí enumeran que hubo “permanencias en las instituciones, se elaboraron propuestas, se dieron alternativas, concurrimos a todas las reuniones y las pocas mesas de negociación que se abrieron”.
“Fuimos denunciados judicialmente, sindicados como delincuentes, procesados, agredidos, reprimidos, heridos, ninguneados”, añaden.
Desde la Mesa de Unidad Sindical señalaron que “no se está ejerciendo debidamente la gobernación” y por ello impulsan “un pedido de juicio político, utilizando la herramienta que ofrece la Constitución para juzgar políticamente la conducta y actuación de un funcionario de tal rango”.
Cada gremio resolverá en “sus órganos resolutivos si se suma a la iniciativa desde la propia organización” y la Mesa de Unidad Sindical facilitará la “logística y la información para que todos quienes quieran, puedan hacerlo”.