Buenos Aires
El juez federal Daniel Rafecas citó a declaración indagatoria al ex ministro de Planificación y diputado Julio De Vido en el marco de una de las causas que investigan las coimas de Odebrecht.
Se trata de la causa por irregularidades en el Plan de Ampliación de Gasoductos 2006 y 2008, un negocio con un presupuesto inicial de 2.300 millones de dólares . Máximo responsable de la obra pública de los gobiernos kirchneristas, De Vido fue citado por Rafecas para el martes 5 de diciembre imputado por negociaciones incompatibles con la función pública. Para el lunes 4, fue convocado el ex secretario de Energía Daniel Cameron.
El exministro estuvo esta semana en los tribunales federales, donde está siendo sometido a juicio oral por la Tragedia de Once. Es probablemente la causa que más inquieta a De Vido de la decena en las que aparece imputado: se lo acusa de fraude al estado y estrago culposo por la muerte de 51 personas. En la segunda audiencia del juicio oral, sus abogados reclamaron su absolución y pidieron la nulidad de todo lo actuado.
Odebecht
A dos años de dejar el poder, el frente judicial de De Vido es heterogéneo. Ahora el exministro deberá responder al juez por su responsabilidad en uno de los multimillonarios negocios adjudicados a la constructora Odebrecht. El gigante de la construcción del Brasil está siendo investigado en todo el mundo por ser un actor clave en la matriz de corrupción de ese país.
Según un informe de la Justicia de EE.UU., la empresa pagó al menos 788 millones de dólares en coimas para asegurarse contratos en 11 países, uno de ellos la Argentina. Aquí los pagos alcanzaron los 35 millones de dólares, según admitieron arrepentidos de la compañía.
En la Argentina se tramitan al menos cuatro causas que involucran a Odebecht en la Justicia federal. Rafecas investiga el trámite de adjudicación del negocio a Odebrecht vía una subcontratación. Y sospecha que la licitación fue dirigida de manera irregular. Es la primera vez que el exministro es citado por la Justicia en una investigación sobre las obras de Odebrecht. El juez cree que el exministro fue el responsable de el marco en el que se produjo la contratación.
El nombre de De Vido apareció en distintas publicaciones en la lista de los funcionarios que habrían recibido coimas de la constructora. El exministro lo ha negado sistemáticamente.
La información está en poder de la Justicia federal, que accedió por la vía de la procuración brasileña. La Argentina es uno de los escasos países donde esa información no vio aún la luz.
Deberá respnder por las obras de ampliación de dos megagasoductos adjudicadas al gigante brasileño de la construcción.
Los frentes del exministro
Tragedia de Once. Está siendo sometido a juicio oral por un tribunal federal.
Contratos ferroviarios. Está procesado por “incumplimiento de deberes de funcionario” y “negociaciones incompatibles”.
Trenes chatarra. Procesado por administración fraudulenta
Subsidios al transporte. Procesado por fraude a la administración pública.
Obra Pública. Procesado por cohecho en el direccionamiento ilegal a favor de Lázaro Báez.
Existen otras 125 denuncias y 25 imputaciones en la Justicia contra Julio De Vido.
Según la Justicia de
EE. UU., la empresa pagó u$s 788 millones en coimas para asegurarse contratos en 11 países (35 de ellos fueron abonados en Argentina).
Confirman un procesamiento en el caso Aerolíneas-Marsans
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la ex procuradora del Tesoro de la Nación en el kirchnerismo, Angelina Abbona, por incumplimiento de deberes y encubrimiento agravado, a raíz de la omisión a la Justicia de informes sobre la crítica situación que atravesaba Aerolíneas Argentinas a manos de su controlante, la española Marsans.
Además, en un fallo dividido, uno de los camaristas, Martín Irurzun, recomendó al juez del caso, Luis Rodríguez, profundizar la investigación para determinar “cuál fue el móvil” de Abbona para “conducirse del modo cuestionado”, según la resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones.
“Podría haber constituido un acto deliberadamente perjudicial para los intereses del Estado que la imputada tenía el deber legal de resguardar”, advirtió el camarista Leopoldo Bruglia.
La “omisión de presentar” a término los informes (dos años después de recibidos), “pudo haber provocado la impunidad de los posibles responsables de los ilícitos”, agregó Bruglia.
“Hubo asesoramiento legal y técnico deficiente en detrimento de los intereses del Estado Nacional y el posible descubrimiento de hechos ilícitos que habría sufrido el erario público”, dijo.