Buenos Aires
Un poco con la intención de “hacer los deberes” para la Casa Rosada y mucho porque las cuentas están lejos de cerrarles en las provincias, la mayoría de los gobernadores ofrecerán a los trabajadores estatales de sus jurisdicciones aumentos de no más del 15 por ciento en las negociaciones paritarias.
El porcentaje de mejora salarial va en línea con el que, también la mayoría de los mandatarios, prevé proponer a los gremios docentes, aunque en el caso de los estatales negocian sin la presión temporal de las fechas del comienzo de clases.
La oferta de un porcentaje que está por debajo de las previsiones de inflación de los consultores privados, más allá de la meta oficial, tiene una explicación común a casi todas las provincias.
Salvo San Luis, todas firmaron el pacto fiscal. El acuerdo con el gobierno nacional, que fue ratificado por las legislaturas de todos los distritos salvo Jujuy, La Pampa, Santiago del Estero y Chubut, las obliga a recortar el gasto público y siembra incógnitas serias respecto de sus niveles de recaudación.
Entre los cambios previstos por el pacto, sobresale la eliminación progresiva del impuesto a los ingresos brutos, que representa más del 80 por ciento de la recaudación de las provincias.
Además, con las metas de recorte del gasto se ponen en juego parte de los recursos que la Nación reparte todos los meses entre las provincias. No cumplir con las reducciones acordadas los expone a perder, por ejemplo, las transferencias del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero).
Varias provincias, de hecho, ya dispusieron para este año el congelamiento de los salarios de los funcionarios políticos y otras medidas de recorte del gasto, como la prohibición de aumentar las plantas de personal del Estado.

Negociaciones
En este contexto, la mayoría de las provincias, 16 en total, ya dejaron trascender que su oferta a los estatales no superará el 15 por ciento.
En algunos casos será menor o incluso nula. En ninguna de ellas la negociación empezó todavía. Como es habitual, los gobernadores esperarán a encaminar la puja con los docentes y garantizar el inicio de clases en el mejor de los casos, antes de encarar la discusión con los estatales.
Las más comprometidas son las provincias patagónicas. Santa Cruz arrastra una crisis que impide pensar en una oferta al menos aceptable para los gremios. Sirve como ejemplo lo que ocurrió el año pasado: el único gremio que consiguió un aumento financiado con fondos provinciales fue el de los judiciales, después de cinco días meses de paro.
A los maestros, que sumaron 115 días de huelga, se les pagó con recursos de la Nación. El panorama no asoma mejor este año.
“Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y negociar. No todo pasa por la plata. Todos tenemos que ceder un poquito”, advirtió el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, a los gremios estatales de su provincia en los últimos días. Además de no haber aprobado el pacto fiscal, el distrito atraviesa dificultades económicas serias por la caída de las regalías petroleras y la deuda acumulada, entre otros factores.
Tampoco hubo contactos todavía en Tierra del Fuego, igualmente acorralada por los números en rojo. El gobierno de Rosana Bertone ya avisó que difícilmente pueda ofrecer un aumento salarial este año.
La lista de las provincias en las que la actualización de los sueldos no superará este año el 15%, en línea con el techo que maneja la Casa Rosada, y en las que la negociación con los estatales está aún pendiente, se completa con Tucumán, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, La Pampa, Catamarca, Salta, Chaco y Entre Ríos.
En esta última provincia, la primera cita con los estatales será esta semana. El gobierno de Gustavo Bordet hizo trascender que “ningún trabajador estatal va a cobrar un aumento inferior a la inflación”.
La afirmación supone reeditar un mecanismo similar a la cláusula gatillo que se acordó el año pasado para garantizar que el salario no quede detrás de la evolución de los precios.
Pero tanto en Entre Ríos como en otras provincias se evalúan esquemas de “revisión” no automáticos, como sí lo es la cláusula gatillo, también en sintonía con las metas fijadas por la Nación.
Hay otras provincias en las que tampoco comenzaron las negociaciones, pero en las cuales, según lo que trascendió, los gobiernos ofrecerán subas superiores al 15 por ciento, aunque no muy por encima de ese número.
Dichas provincias son Santa Fe, donde el gobernador, el socialista Miguel Lifschitz, adelantó que no aceptará el techo que prevé la Casa Rosada; San Juan; Corrientes; Misiones, y San Luis, que no firmó el pacto fiscal y suele acordar acuerdos que se despegan del resto.
Las provincias que ya resolvieron la paritaria de los estatales son apenas tres.
La primera fue Córdoba. El 20 de diciembre el gremio local y el gobernador Juan Schiaretti firmaron un incremento de 11% en dos tramos (6% se pagó en enero y el 5% se sumará en el segundo cuatrimestre) con cláusula gatillo.
La semana pasada, el gobierno y los municipales porteños sellaron una suba de 12 por ciento.
Y en Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo acordó con los gremios estatales un aumento de 15,7% en tres tramos (5% en enero, 5,2% en junio y 5,5% en noviembre), también con cláusula gatillo.