Diputados nacionales de la UCR, encabezados por Gustavo Menna (Chubut), presentaron un proyecto de ley para proteger a denunciantes y testigos de actos de corrupción, que garantiza confidencialidad y reserva de identidad, establece responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que no cumplan con las medidas de protección. Recoge recomendaciones internacionales y busca asegurar el artículo 36 de la Constitución que equipara la corrupción a los atentados contra la democracia.

Gustavo Menna, diputado nacional de la UCR por Chubut.

«Debemos diseñar herramientas legales efectivas que apunten a prevenir y, en su caso, esclarecer y sancionar los hechos de corrupción», indicó Menna.
Se analiza en la ley que la autoridad competente para recibir y otorgar medidas de protección sea el Ministerio Público Fiscal como titular de la acción penal pública. Invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherirse.
La propuesta recoge recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y está orientado a cumplir con el artículo 36 de la Constitución Nacional que equipara a los actos de corrupción a los atentados contra la democracia. «Atentará igualmente contra el sistema democrático quien incurriere en delito grave doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos», dice el artículo.
«La corrupción provoca que recursos públicos que funcionan para la prestación de servicios públicos de calidad, infraestructura y promoción del bienestar general terminan en los bolsillos de funcionarios y empresarios que se aprovechan del esfuerzo de las personas que trabajan y aportan sus tributos al conjunto», señaló Menna.
Entre otras previsiones contenidas a lo largo de 64 artículos, crea la Agencia Nacional de Protección a Denunciantes, Testigos e Imputados, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se trata de un organismo con autonomía y autarquía funcional, cuyo director, nombrado mediante concurso público de antecedentes, tendrá una duración de 6 años en sus funciones.
Acompañan esta iniciativa los diputados nacionales de la UCR Lorena Matzen, Roxana Reyes, Claudia Najul, Albor Cantard, Juan Martín, Sebastián Salvador, Mario Arce, Gerardo Cipollini, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Facundo Suárez Lastra, Miguel Bazze, Gabriela Burgos y Jorge Vara.