El decreto del presidente argentino, Javier Milei, para intervenir los medios estatales, posibilitando su privatización, pone en peligro la diversidad periodística y la libertad de información, según expertos.
Cuando los gobiernos ponen en práctica políticas de ahorro, la cultura es, por lo general, la primera en sufrir recortes. Ese fenómeno provoca debates y resistencia, como sucede ahora en Argentina. Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 117/2024, del 2 de febrero, el presidente argentino, el populista de derecha Javier Milei, ordenó la intervención, durante un año, de los medios de comunicación públicos del país.
Aunque Milei retiró el 7 de febrero el proyecto de la llamada «ley ómnibus” para una reforma liberal del país, después de su rechazo mayoritario en la Cámara de Diputados, el DNU sobre la intervención a los medios públicos sigue vigente.
Argentina cuenta con una gran oferta de medios y órganos públicos que posibilitan la llegada de contenidos culturales y educativos también a los sectores de menos recursos. Sin embargo, ante el manifiesto rechazo de representantes de la cultura a los anuncios de recortes, Milei dijo que eso es «la defensa de un privilegio”.
La actitud del Gobierno hacia la cultura
«Hay una actitud despreciativa y hostil desde el Gobierno a los sectores donde aplica los recortes, también hacia la cultura”, dice Natalí Schejtman, periodista de elDiarioAr, en entrevista con DW. Y alerta también sobre que «hay, por parte del presidente Milei, una recurrencia a agredir a periodistas mujeres, lo cual puede generar un efecto amedrentador que impacte en el derecho a la libertad de expresión. Es muy preocupante”.
Para Schejtman, docente universitaria y autora del libro ‘Pantalla partida. 70 años de política y televisión en Canal 7’, «esta intervención es muy drástica y poco clara, porque en el listado hay medios del Gobierno argentino, como la agencia Télam y Radio y Televisión Argentina S. E. (RTA), junto con canales culturales y portales educativos, como Educ.ar, nacidos con la era de internet y administrados por el Ministerio de Educación, cuyos contenidos son muy usados en las escuelas”. Los contenidos de la agencia Télam, además, son también utilizados por los medios privados, agrega.
Medios públicos, «un gasto para Argentina, no una inversión»
El Gobierno nombró como interventor a Diego Martín Chaher y como interventor adjunto a Diego Sebastián Marías, ambos abogados. La intervención tiene como fin «operar y mantener las sociedades, el modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornarlas sustentables», según el decreto. El Gobierno justificó el DNU «(…) a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público (…)».
Tras darse a conocer el decreto, el diputado del Pro Hernán Lombardi, exsecretario del Sistema Federal de Medios Públicos durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), dijo en el programa «No la ven», de radio Splendid 990, sobre los medios públicos: «Yo creo que hay que cerrarlos directamente, soy un poquito más drástico», según lo cita el diario Perfil. «Son un gasto para Argentina, no son una inversión y cada vez que los toma un gobierno kirchnerista los usa como herramienta de propaganda», subrayó.
Discutir sobre medios públicos, no terminar con ellos
«En este contexto político hay poca transparencia, y eso provoca confusión”, continúa Schejtman. Aunque los medios estatales «son muy dependientes de los gobiernos de turno y no son perfectos, cumplen con una función social, con una oferta cultural que hay que cuidar. Hay que discutir cómo mejorarlos, pero no terminar con ellos. En este caso, no se está usando un bisturí, sino la motosierra”, grafica.
«Más allá de todos los cuestionamientos a los medios públicos en Argentina por su carácter gubernamental, cerrarlos o privatizarlos siempre significa una disminución en la diversidad de miradas periodísticas», dice, por su parte, Philip Kitzberger, analista político y de medios de comunicación, y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, entrevistado por DW.
«Eso sería alimentar más aún a un sistema de medios como el argentino, donde prevalecen los actores privados comerciales, ligados a ciertas líneas editoriales”, señala Kitzberger. «Creo que sí, indudablemente, existe la amenaza de una pérdida de pluralismo y de posibilidades para la libertad de expresión, en lo que, aparentemente, sería la agenda del Gobierno”.
DW envió un mensaje de texto a Javier Lanari, subsecretario de Prensa del Gobierno de Javier Milei, solicitándole una declaración sobre la intervención de medios públicos, así como la opinión de expertos que la apoyen, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.
Preocupación de trabajadores de prensa en Argentina
Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (FATPREN), manifestó a DW que, «como trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país, estamos sumamente preocupados”.
Se trata de medios públicos que «llegan a todos los rincones de nuestro país y tienen un claro rol social, que es el de garantizar desde el Estado el derecho a la información”, señaló. «Eso se hace con pluralidad, con federalismo”. Además, «la intención es que pasen a ser sociedades con fines de lucro”, advierte. «Hemos presentado ya un amparo al DNU 117/2024, porque sabemos que es inconstitucional”. Otros representantes de trabajadores de prensa también hablaron a medios argentinos sobre la supuesta inconstitucionalidad del decreto.
Derecho a la información contra lucro comercial
A juicio de Natalí Schejtman, es relevante para la democracia el hecho de que en el directorio de RTA están representadas las minorías parlamentarias. Esa fue «una innovación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, o Ley de Medios, promulgada en 2009 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que reemplazó a la Ley de Radiodifusión instituida por la dictadura militar.
«Eso no resolvió el problema de la independencia y el pluralismo de los medios públicos, pero es claramente un avance en el sentido de una mayor apertura democrática”, destaca.
Mientras que Philip Kitzberger subraya: «No se sabe hasta dónde van a llegar, pero hay versiones de que no solo se trata de ‘reformular’ o privatizar a los medios públicos, sino que quieren hacer caja con ellos”. Según él, «todo señala que el Gobierno está permeado por muchos intereses corporativos”.
La secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi, se refirió, asimismo, a la represión de las fuerzas de seguridad contra trabajadores de prensa en las protestas en la calle contra la «ley ómnibus», que se debatía en el Congreso, el 2 de febrero. Gaudensi expresó su rechazo al «aparato represivo de la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, que no solo ataca a quienes están manifestando pacíficamente, implementando un protocolo que prohíbe la protesta social militarizando las calles, algo que nunca vimos en nuestro país en democracia, sino que, además, ataca directamente a la prensa. Más de 31 periodistas que estaban ejerciendo su derecho a registrar lo que sucedía fueron fuertemente reprimidos por las fuerzas de seguridad de la ministra Bullrich”.
Durante esas protestas, la oposición dejó por un momento el debate parlamentario y salió a la calle ante la represión contra los manifestantes. En el marco del protocolo de seguridad del Gobierno, la Policía usó balas de goma y tanquetas hidrantes para controlar las protestas.
Javier Milei, furioso con funcionarios «manchados»: «Si no se van, los rajo»
Los nombres de quienes dejarían el Poder Ejecutivo son el titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, la secretaria de Minería, Flavia Royón y el titular del Banco Nación, Daniel Tillard y “algunos más” precisó la fuente a este medio.
Arde el Gabinete de Javier Milei luego de la dura derrota en el Congreso por la ley ómnibus y se avecina una purga que dejará a varios funcionarios en el camino. Algunos serán parte de la vendetta contra los gobernadores por no apoyar la Ley de Bases. “Quiero que muestren dignidad y los que se saben manchados se vayan solos. Si se quedan esperando, a mi regreso los rajo”, comentó el Presidente a su entorno, según confirmó una alta fuente a Ámbito desde Roma.
Los nombres de quienes dejarían el Poder Ejecutivo son el titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, la secretaria de Minería, Flavia Royón, el titular del Banco Nación, Daniel Tillard y “algunos más”, precisó la fuente a este medio. Al respecto, y tanto en Buenos Aires como en Roma “están armando la lista”.
La expresión “los manchados” hace referencia a los funcionarios del Poder Ejecutivo vinculados a los legisladores y gobernadores que propusieron reformas a la «ley Bases» que el oficialismo finalmente retiró del Congreso.
Tras la derrota de la ley ómnibus, el Gobierno mira con recelo a un grupo de funcionarios que forman parte de la administración a raíz de un acuerdo político con el peronismo cordobés, hoy, en total tensión luego del rechazo en la Cámara de Diputados de los legisladores que responden al gobernador Martín Llaryora.
El principal apuntando es el titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, a cargo del manejo del Presupuesto, quien además está casado con la diputada del espacio Hacemos por Nuestro País, Alejandra Torres, que votó en contra del proyecto en consonancia con sus compañeros de bancada Juan Fernando Brügge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez.
Desde Israel, en el marco de su primera gira internacional, el presidente Javier Milei se hizo eco del tema y le dio retuit a un usuario de X, ex Twitter, que llamó «traidor» a Giordano y pidió que lo echen del Gobierno. «La mujer del Director de ANSES del Gobierno, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres votó en contra. Deberían echarlo inmediatamente por traidor», reza el mensaje que compartió el mandatario.
Al respecto, la diputada Torres utilizó sus redes sociales para diferenciar la postura de su marido al subrayar que siente «mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser ´mujer de´ no podemos tener opinión y criterio propio…».
Con el Presidente con agenda hasta el 12 de febrero en el exterior y luego de las aclaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, no se espera una decisión inmediata sobre el futuro de Giordano, aunque las disconformidades en «las cuestiones en la gestión» puede llegar más temprano que tarde.
A la situación de Giordano, se suman además el secretario de Transporte, Franco Mogetta; Daniel Tillard, al frente del Banco Nación, y Luis Giovine, en Obras Públicas. Todos cercanos al ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.
Asimismo, dejaría su posición en la secretaría de Minería, Flavia Royón, respaldada por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. En el entorno presidencial señalan que entre los cambios “habrá algunos más”.
Milei, más duro con las provincias
Pero no se trata sólo de cargos. En el entorno presidencial señalan también que Milei “está decidido a redoblar la apuesta ante los gobernadores”.
Dicen haber escuchado decir al primer mandatario que “esto se va a poner más duro, se acabó la joda, les voy a recortar todo”, en referencia a los giros que discrecionalmente realiza la Nación a las provincias.
El Presidente se siente convalidado
El ánimo predominante en el Presidente, tras el fracaso de su iniciativa de «ley Bases», ya no es de enojo (aunque se disgustó con distintos legisladores). Por el contrario, se encuentra “confiado” señalan en su entorno.
La razón: considera que con su rechazo a los cambios “la casta política” está quedando más expuesta que nunca ante la gente. De esta forma, indirectamente, siente revalorizado su liderazgo.
También, y no lo considera un dato menor, se siente convalidado por los mercados. La estabilidad de los dólares financieros, a pesar del fracaso de la iniciativa, refleja que “los operadores confían en que esta vez el ajuste va en serio”, según la lectura del primer mandatario.
“Históricamente, en la Argentina los planes de estabilización fracasaron porque faltó decisión política para mantenerlos. No es el caso de Milei que está convencido de que no hay otro camino y los mercados están haciendo la lectura correcta”, sostienen allegados al presidente.
“Lo fundamental para Milei es el ajuste fiscal, bajar la inflación, consolidar la estabilización y está dispuesto hasta a sobreactuar en la defensa de estas ideas”, agregan.
Con todo, a nivel internacional se plantean dudas en cuanto a la gobernabilidad. En este sentido, el enfrentamiento con el Congreso y los gobernadores acrecientan estos interrogantes. Particularmente, el Fondo Monetario Internacional ha señalado en su último informe sobre la Argentina, la importancia de mantener el consenso político y social sobre el programa en curso.
Decisiones como la eliminación del Fondo Compensador del Interior para el transporte de colectivos -que afectará particularmente a las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe, donde el boleto sufriría fuertes incrementos- amenazan con generar descontento.
En lo inmediato, y ante la caída en los ingresos, el ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, está trabajando en eliminar la intermediación en todas sus formas en las asistencias sociales. Así, lo último que se conoció es que las ayudas a los comedores se realizan de manera directa mediante giros monetarios. Recientemente, se firmó un acuerdo por el cual Cáritas recibió 310 millones de pesos para la compra de alimentos. Sin embargo, la comisión episcopal de esta organización volvió este viernes a pedirle al Gobierno, mediante un comunicado, que proporcione “la ayuda necesaria” a comedores populares.
“No se trata de reducir las partidas, Capital Humano es la única cartera que no tiene restricción presupuestaria, sino de aumentar las prestaciones” señalan en este ministerio.
Reconocen que la clase media también está siendo afectada por el ajuste. Uno de los aspectos sobre los que se está trabajando es en el otorgamiento de ayudas para afrontar los gastos escolares.
Precisamente, en la delegación argentina se comenta que una de las razones por las cuales Pettovello se suma a la comitiva que visitará al Papa Francisco, es que el sumo pontífice manifestó su interés por el enfoque sobre el capital humano que lleva adelante el Gobierno.
Javier Milei, a fondo contra los gobernadores: «No nos importa pagar el costo político»
El jefe de Estado usó sus redes sociales para justificar su decisión de entablar una guerra con los gobernadores y diputados que no votaron la ley ómnibus. “No vinimos acá a seguir jugando el mismo”, dijo.
El presidente de la Nación, Javier Milei, de gira por Italia, justificó en un texto al que tituló “Cambio de reglas”, su decisión de darle la espalda a las provincias, tras el fracaso en el Congreso de la ley ómnibus. “No vinimos acá a seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre”, afirmó.
Tras los recortes en el giro de los fondos discrecionales como el Compensador del Transporte y el de Incentivo Docente y haciéndose eco del malestar de los gobernadores e intendentes del interior del país, el jefe de Estado indicó que “lo que sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema al que nos estamos enfrentando. Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta”.
En este sentido, brindó una explicación también por la difusión de listas negras de supuestos “traidores”: “Dijimos que si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedaran expuestos”.
“Durante muchos años hubo en Argentina un grupo de políticos que dice representar la moderación, el diálogo, el consenso y la sensatez, que lo único que hacen es garantizar el statu quo a cambio de negocios personales”, indicó y agregó: “Todo eso se acabó con nosotros”.
Además, argumentó que “si tienen un problema con que expongamos lo que hacen, cómo votan y a quién responden, es porque no están defendiendo los intereses de la Nación, sino los propios”.
Hacía el final, redobló la apuesta y cerró con los tapones de punta: “No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder”.
A fines de febrero, Javier Milei coincidirá con Donald Trump en un encuentro con referentes republicanos
El jefe de Estado expondrá su mirada económica en la Conferencia de Acción Política Conservadora que se hace en Washington, adonde el posible candidato a la Presidencia de Estados Unidos hará el discurso de cierre del acontecimiento político que se considera el inicio de la campaña electoral de los republicanos
Javier Milei y Donald Trump compartirán las deliberaciones de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se hará en Washington hacia fines de febrero. Milei expondrá sobre la economía global y el control de monopolios, mientras que Trump hará un discurso político que marcaría el comienzo de su carrera presidencial como candidato del Partido Republicano.
La CPAC reúne a los referentes más importantes del Partido Republicano y es muy posible que sus sesiones inicien cuando ya esté prácticamente definido que Trump representará al Gran Old Party (GOP) contra el actual presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden.
Nikki Haley es la única contendiente que tiene Trump en las internas del Partido Republicano. Haley fue gobernadora dos veces de Carolina del Sur, y la próxima elección partidaria es el 24 de febrero. Si Haley pierde allí -su propio territorio-, Trump se quedará con la nominación y será candidato oficial del GOP.
Milei fue invitado como orador principal de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y es probable que participe en la última de sus sesiones, que será el 24 de febrero en DC. Trump también hablaría ese día, que puede ser muy importante para sus ambiciones políticas, ya que Haley podría caer en su distrito despejando su candidatura presidencial.
