El reciente anuncio del “nuevo plan nuclear” en Argentina ha generado una mezcla de asombro y desconfianza entre los expertos del sector. Como bien señala Daniel Arias, el discurso grandilocuente que rodea esta iniciativa es, en el fondo, patético y revela un potencial negocio más que un verdadero avance en la soberanía tecnológica del país. Este plan, enmarcado en el Régimen de Inversión en Grandes Infraestructuras (RIGI), parece estar diseñado para favorecer a inversores extranjeros, dejando en un segundo plano el rol de las instituciones públicas y, alarmantemente, la participación de la industria nuclear argentina.
Uno de los puntos más preocupantes es la elección del AGR-300 de INVAP como el modelo a seguir. Arias lo describe como un simple “dibujito”, sugiriendo que su implementación real requeriría un arduo proceso de ingeniería y validación que podría extenderse por 4 o 5 años. Mientras tanto, los proyectos nacionales como el CANDU y el CAREM, que representan el verdadero potencial nuclear argentino, languidecen sin siquiera haber tenido la oportunidad de despegar. Este escenario plantea serias dudas sobre la dirección que está tomando el país en términos de autonomía tecnológica.
Arias también menciona un posible objetivo del “Deep State” que busca despojar a Argentina de su estatus como uno de los pocos países que manejan tecnología nuclear. En este contexto, el interés de figuras como Elon Musk, quien busca “potencia de base” para sus granjas de servidores de inteligencia artificial, se convierte en un factor determinante. La urgencia de Musk por obtener resultados rápidos podría llevar a decisiones apresuradas que comprometan la seguridad y la integridad del programa nuclear argentino.
La posibilidad de que se decapite la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y se promuevan personajes afines a intereses externos es una preocupación válida. Licenciar el AGR-300 en un proceso “fast track” no solo desacreditaría el programa nuclear nacional, sino que también expondría a Argentina a riesgos inaceptables. La falta de un análisis riguroso y la disminución de la participación local en la toma de decisiones podrían tener consecuencias desastrosas para el futuro nuclear del país.
A medida que el gobierno de Javier Milei enfrenta una creciente descomposición interna y un aumento en la miseria y exclusión social, el entorno se vuelve cada vez más explosivo. Arias señala que, si no fuera por la situación comprometida de la burocracia sindical y la nomenclatura peronista, estas tensiones ya habrían estallado. La insatisfacción social, combinada con un plan que parece estar más alineado con intereses foráneos que con el bienestar del pueblo argentino, es una receta peligrosa.
En este contexto, es crucial que los profesionales y expertos del sector nuclear mantengan una postura crítica y no se dejen llevar por la ilusión de un salvavidas que, en realidad, podría resultar ser un lastre. La defensa de la soberanía tecnológica y la promoción de un programa nuclear que priorice los intereses argentinos deben ser los pilares sobre los cuales se construya el futuro energético del país. La situación actual exige una reflexión profunda y un compromiso real con el desarrollo de capacidades nacionales, en lugar de rendirse a la presión de intereses externos que pueden comprometer la seguridad y el progreso de Argentina.
