Respetando las posiciones y opiniones de muchos así como las vivencias distintas de cada nación, todas válidas como venezolana y defensora de los derechos humanos hoy debo alzar mi voz para expresar una verdad ineludible.

Hay leyes que, aun siendo legales, pueden ser profundamente injustas cuando afectan el derecho de la víctima y la dejan en total desprotección.

El derecho internacional, tal como se está aplicando hoy, puede terminar perjudicándonos, a pesar de que Venezuela lleva más de 25 años denunciando, documentando y probando ante instancias internacionales los crímenes de lesa humanidad, la opresión sistemática, el adoctrinamiento forzado, la entrega de armamento a civiles, la existencia de centros de detención usados para proteger al régimen, el narcorrégimen, el desfalco geopolítico, las detenciones arbitrarias “a dedo”, la persecución transnacional y la salida forzada de millones de venezolanos al exilio.

A estas alturas, después de un cuarto de siglo de denuncias, resulta inaceptable que ante una corte no se tome en cuenta la falta de protección parlamentaria y judicial como un daño internacional continuado, que ha permitido la impunidad y la repetición de estos crímenes.

Hoy es el momento del apoyo internacional real, no de basarse únicamente en una interpretación aislada del derecho internacional como si se tratara solo de una “detención extranjera ilegal”ignorando deliberadamente 25 años de pruebas, víctimas y sufrimiento documentado por el pueblo venezolano.

Si se buscan comparaciones entre países, podrán encontrarse miles de formas de analizar esta situación. Pero para quienes hemos vivido dentro y fuera de Venezuela estos 25 años de persecución, no resulta sorprendente hablar de detenciones injustas, operaciones criminales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Recordemos que en operaciones como la de Óscar Pérez y su grupo, se rindieron con la intención de ser juzgados, y aun así fueron ejecutados extrajudicialmente por orden directa del régimen. Nadie actuó. Nadie respondió.

Hoy existen presos políticos que no son políticos, sino ciudadanos usados como instrumento de terror para someter a la población. Mientras tanto, se trafica con droga, oro y recursos minerales; se lava dinero; se destruye la institucionalidad; y se exporta corrupción e inestabilidad a otros países.
Ese debe ser el enfoque internacional.

Cuando se analiza únicamente una norma del derecho internacional sobre capturas o inmunidades, se ignora el peligro real de estas cúpulas criminales, que avanzan, se infiltran y capturan Estados si no se les detiene a tiempo.

Por ello, pedimos apoyo internacional firme, pedimos no reconocer a Nicolás Maduro como presidente, como paso indispensable para eliminar cualquier pretensión de inmunidad y proceder a un juiciamiento real, que permita abrir un camino democrático para Venezuela.

Exigimos un proceso que incluya a los exiliados, porque nosotros también contamos. Mientras se nos niegue el derecho al voto, mientras se limite la observación internacional independiente, el mundo seguirá aunque no lo quiera sosteniendo a un narcorégimen asesino y usurpador, olvidando a miles de caídos y a una nación abandonada.

Gracias por permitirme expresar esta verdad.

Katiuska Rodríguez
Venezolana Defensora de los Derechos Humanos