Cuando la crítica se vuelve indeseable: el ataque a la libertad de prensa y de opinión

En toda sociedad democrática, la crítica cumple una función esencial: cuestiona el poder, visibiliza abusos y abre espacios para el debate público. Sin embargo, cuando esa crítica comienza a percibirse como una amenaza —por gobiernos, grupos de poder o incluso mayorías sociales— surge un fenómeno preocupante: el intento de silenciar voces incómodas. El ataque a la libertad de prensa y de opinión rara vez es abrupto; suele avanzar de forma gradual, normalizándose bajo discursos de orden, seguridad o estabilidad.

Uno de los primeros síntomas de este deterioro es la deslegitimación sistemática de los medios y de quienes opinan de forma crítica. Se les etiqueta como enemigos, manipuladores o traidores, sembrando desconfianza en la ciudadanía. Esta estrategia no solo debilita la credibilidad de la información independiente, sino que también polariza a la sociedad, reduciendo el espacio para el diálogo racional.

A esto se suman presiones económicas, legales o políticas. Demandas judiciales estratégicas, restricciones al acceso a la información, concentración de medios y campañas de acoso digital pueden crear un entorno donde el costo de criticar es demasiado alto. Aunque estas medidas se presenten como legales o necesarias, su efecto acumulativo es el autocontrol del discurso: periodistas y ciudadanos comienzan a moderar lo que dicen por miedo a represalias.

El impacto va más allá del ámbito mediático. Cuando la crítica se reprime, la sociedad pierde una herramienta fundamental de corrección. Sin cuestionamiento, los errores se perpetúan, la corrupción encuentra terreno fértil y las decisiones públicas se toman con menor escrutinio. La libertad de opinión no es solo un derecho individual; es un mecanismo colectivo de vigilancia democrática.

Defender la crítica no implica aceptar la desinformación o el discurso dañino. Significa fortalecer la educación mediática, promover la transparencia y exigir responsabilidad tanto a quienes informan como a quienes gobiernan. Una sociedad madura no teme la crítica: la integra como parte de su proceso de mejora continua.

Cuando disentir se convierte en un riesgo, la democracia entra en zona de fragilidad. Por eso, proteger la libertad de prensa y de opinión no es una causa sectorial, sino una responsabilidad compartida. El verdadero termómetro de una sociedad libre no es cuánto celebra el consenso, sino cuánto tolera —y valora— la discrepancia.

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