Democracia en peligro: cuando la religión aspira a gobernar la política
La democracia moderna se construyó sobre una promesa ambiciosa: garantizar la convivencia entre ciudadanos libres e iguales mediante reglas comunes, separación de poderes y derechos fundamentales. Durante décadas, muchos la consideraron un logro irreversible. Sin embargo, los signos de desgaste se multiplican. Entre ellos, destaca una tensión recurrente pero hoy reactivada con fuerza: el intento de ciertos movimientos religiosos ultraconservadores de influir —o directamente dominar— la esfera política. El modelo implícito de “la Iglesia gobierna la política” no es solo un debate teórico, sino una cuestión que interpela directamente a la salud de las instituciones democráticas.
Democracia y pluralismo: una relación frágil
La democracia no se limita al voto. Es, sobre todo, un sistema que protege el pluralismo: la coexistencia de visiones morales, culturales y religiosas distintas. Cuando una doctrina —sea religiosa, ideológica o cultural— busca imponerse como verdad política absoluta, el pluralismo se erosiona. El riesgo no radica en que los creyentes participen en política —algo legítimo en cualquier sociedad libre—, sino en la pretensión de trasladar una autoridad moral trascendente al ámbito de las leyes civiles, reduciendo el espacio de deliberación racional.
El principio democrático exige que las normas públicas puedan justificarse ante todos los ciudadanos, no solo ante quienes comparten una fe específica. Cuando el argumento político se apoya en mandatos considerados incuestionables por su origen divino, el diálogo democrático pierde terreno frente a la obediencia doctrinal.
Libertades democráticas que pueden volverse contra la democracia
Paradójicamente, los mismos derechos que sostienen la democracia —libertad de expresión, asociación y religión— pueden ser utilizados por actores que cuestionan sus fundamentos. Esto no implica restringir libertades, sino reconocer una tensión inherente: una democracia abierta debe defenderse de proyectos que buscan reemplazar la deliberación plural por jerarquías incuestionables.
El modelo ultraconservador de subordinación de la política a la autoridad religiosa tiende a privilegiar estructuras verticales de poder, donde la legitimidad no emana del consenso ciudadano sino de la tradición o la interpretación doctrinal. En ese marco, conceptos como igualdad de género, derechos de minorías o autonomía individual pueden verse como amenazas al orden moral, generando conflictos con los principios democráticos contemporáneos.
Desigualdad social y radicalización moral
La expansión de discursos que promueven una política guiada por dogmas no ocurre en el vacío. Contextos de desigualdad creciente, sensación de pérdida cultural o inseguridad económica pueden favorecer la búsqueda de certezas absolutas. Cuando amplios sectores perciben que el sistema democrático no responde a sus necesidades, aumenta la receptividad hacia propuestas que prometen orden moral y estabilidad, incluso a costa de la pluralidad.
En ese escenario, el discurso religioso ultraconservador puede funcionar como marco de identidad y resistencia. El peligro aparece cuando esa identidad se traduce en proyectos políticos que buscan limitar derechos, excluir a disidentes o debilitar instituciones independientes en nombre de una verdad superior.
La frontera entre influencia legítima y hegemonía política
Toda democracia admite —y necesita— la participación de comunidades religiosas en el debate público. El problema no es la presencia de valores religiosos en la política, sino su transformación en un principio de autoridad que aspire a reemplazar la soberanía popular.
Una democracia robusta establece límites claros: ninguna institución religiosa debe situarse por encima del orden constitucional ni reclamar poder coercitivo sobre quienes no comparten su fe. La separación entre religión y Estado no es hostilidad hacia lo religioso, sino una garantía de libertad para todos.
Defender la democracia sin excluir la fe
Analizar críticamente el modelo “Iglesia gobierna política” no equivale a rechazar la religión en la vida pública. Significa afirmar que el poder político debe permanecer abierto al escrutinio ciudadano, sustentado en argumentos compartibles y en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
La democracia no está en peligro únicamente por fuerzas externas, sino también por dinámicas internas que debilitan sus principios. Mantener el equilibrio entre libertad religiosa y neutralidad estatal es una tarea constante. En tiempos de polarización y extremismos, recordar que la legitimidad política nace del consenso plural —y no de verdades incuestionables— es una condición esencial para preservar la convivencia democrática.
La pregunta central no es si la religión debe participar en el debate político —algo inevitable en sociedades libres—, sino cómo evitar que cualquier forma de autoridad absoluta sustituya el diálogo democrático. Allí se juega, en gran medida, el futuro de la democracia.
