La Cámara Federal porteña rechazó los recursos presentados por el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, contra la decisión de enviarlo a juicio oral por la tragedia del tren de Once y dejó firme la decisión del juez federal Claudio Bonadío.
Los camaristas de la sala II, Eduardo Farah y Martín Irurzun, rechazaron un recurso de queja de los defensores de De Vido, Julio Virgolini y Adrián Maloneay, quienes pretendían que el tribunal de Apelaciones revise la decisión de enviar a juicio al ex funcionario kirchnerista, según la resolución a la que accedió Télam.
Bonadio envió a juicio a De Vido en septiembre pasado y rechazó planteos de su defensa, que lo recusó para apartarlo del caso, pero además pidió una ampliación de la indagatoria del procesado ex ministro y otras medidas antes de dar por cerrada la investigación.
Esta decisión fue apelada y el juez no hizo lugar a la apelación para derivar los planteos a la Cámara.
Ante estos rechazos, los abogados acudieron a la Cámara Federal en “queja” de manera directa y el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por “inadmisible” y que las nuevas medidas de prueba que hayan quedado pendientes podrán ser requeridas al Tribunal Oral Federal 4, que juzgará a De Vido.
El ex ministro de Planificación será juzgado por el choque del tren que causó 51 muertos y 789 heridos en la estación de Once, el 22 de febrero de 2012.
Junto con él fue enviado a juicio el ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis del Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff.
De Vido fue procesado por “estrago culposo, agravado por el resultado de muerte y lesiones, y defraudación por administración fraudulenta agravado por ser en perjuicio de una administración pública”.
El ex funcionario fue indagado y procesado luego de un primer juicio oral por la tragedia, en el que resultaron condenados el maquinista del tren Marcos Córdoba, los ex secretarios de Transporte de los gobiernos kirchneristas Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y Claudio Cirigliano, a cargo de la concesión, entre otros.
El Tribunal ordenó investigar a De Vido y Bonadio lo indagó y procesó porque dio por probado que sabía del mal estado del ferrocarril Sarmiento y, pese a ello, no hizo nada para cancelar la concesión a la empresa TBA.