ARG
Con una pacífica pero firme medida de fuerza que incluyó una denuncia penal contra la Gobernadora y el ministro de Economía, Juan Franco Donnini, Jubilados Unidos de la Provincia (JUP) llevaron adelante protesta que además incluyó el corte parcial de una avenida céntrica.
Exigen el cese del pago desdoblado y la cancelación de los haberes de febrero. Apoyaron de Judiciales y la CTA.
Hartos de la situación económica a la que los ha empujado el Gobierno provincial a raíz del pago diferido de haberes y por la que deben hacer frente a diversas dificultades en su quehacer cotidiano, los manifestantes apostados en el segundo piso del edificio de la CPS, como así también los que ocuparon una de las manos de la avenida San Martín de esta capital, exigieron al Gobierno el fin del pago diferido, desdoblado o parcializado de los haberes, medida que seguramente será trasladada a los trabajadores activos de la provincia, según indicaron las fuentes consultadas por este medio.
El reclamo comenzó en horas de la noche del pasado jueves y se extenderá durante la semana próxima en caso de no obtener una repuesta favorable.
Los JUP que desembarcaron en la sala del Directorio de la CPS, dieron un paso más y radicaron una denuncia penal contra la Gobernadora y su ministro de Economía por los presuntos delitos de ‘Incumplimiento de los deberes de funcionario público’ y ‘Abandono de Persona’, delación que fue radicada ayer en el Segundo Juzgado Penal de Río Gallegos, a cargo de la doctora López Lestón.
A media mañana los manifestantes fueron recibidos por el presidente de la CPS, Roberto Ariel Ivovich quien no pudo dar una cabal respuesta a los pedidos formulados por los pasivos de la provincia.
La pingüe respuesta, más parecida a una excusa sin sustento fue la “falta de fondos en las arcas provinciales”.
“Somos el presente de su futuro” dijeron los jubilados en un llamado a los activos para que se sumen a la medida de fuerza.

Voces
“El Gobierno ha tomado esta metodología como una cuestión de costumbre que no vamos a aceptar”, dijo Juan José Ortega, jubilado y referente provincial de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).
Por su parte Francisco Gómez, secretario general del Gremio Judiciales, apuntó que seguirán al pie del cañón apoyando a los jubilados y bregando para que esta medida “arbitraria y engañosa” no llegue a los activos.
“Pensaron que nos iban a quebrar pero no es así. Vamos a seguir luchando para que el Gobierno desista de esta modalidad de pago que sólo nos genera un sinnúmero de problemas económicos”, sentenció por su parte Carlos Mc Namara, vocero de los Jubilados Unidos de la Provincia.