La maniobra de Cristina y Lázaro en la obra pública de Santa Cruz

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Buenos Aires
“Se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de $ 46.000 millones, detalla el informe de mas de 300 páginas que presentó la semana pasadas el fiscal Gerardo Pollicita
Así, quedó en claro que la Justicia determinó el modus operandi por el cual se otorgaron al empresario santacruceño detenido hace un año, 51 obras viales sin controles, con irregularidades y sobreprecios (por $ 46.000 millones actualizados a agosto de 2016), al detectar patrones comunes que describen la maniobra.

Plan sistemático
La información se conoció luego del procesamiento de la ex presidente Cristina Kirchner por “asociación ilícita” por idear el “plan sistemático” para beneficiar a Báez con los contratos.
Según revelaron fuentes judiciales, el “cuadro de irregularidades, obra por obra, es tan grande que el fiscal lo mandó a imprimir en tela y tiene una extensión de casi 3 metros por 3 metros. Desplegado, ocupa toda una pared de la fiscalía”.
Vale mencionar que esta ampliación de la investigación sobre las 51 obras fue enviada por el fiscal a las dos salas de la Cámara Federal, que deben decidir si se confirma o no el procesamiento de Cristina Kirchner en esta causa, pero también en el caso Los Sauces.
Ello es así porque esta causa de la obra pública constituye el caso madre, el delito precedente por el cual el juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta por lavado de dinero y por ser la jefa de una asociación ilícita. Pollicita le mandó una copia también a Bonadio y al fiscal Guillermo Marijuan, que investiga el caso.
Al indagar a Cristina Kirchner por direccionar la obra pública hacia Báez, se le reprocharon una muestra de 17 obras, pero ahora el equipo de la fiscalía amplió la investigación a las 51 obras adjudicadas a Báez.

Irregularidades
Según reveló el viernes la periodista Lucia Salinas, “el juez Ercolini -por pedido de Pollicita y Mahiques-, iniciará mañana martes una segunda ronda de indagatorias con las principales autoridades de los organismos viales a nivel nacional como su delegación en Santa Cruz.
En esta instancia se citó a Sandro Férgola, Julio Ortíz Andino, Carlos Alonso, Jorge Regorutti, Sergio Passacantando, Gustavo Gentili y Fernando Abrate. Acerca de todas las irregularidades advertidas, el fiscal Policitas entendió que para que todo fluyera hacia el empresario -conocido durante el kirchnerismo como el rey de la obra pública- era necesario el acuerdo previo de los funcionarios nacionales y provinciales que colaboraron, por acción u omisión.
La fiscalía determinó los puntos en común, que explican el direccionamiento de las obras y la falta de controles a los que llamó “una matriz general para adjudicar irregularmente las licitaciones”.
A continuación algunas de las irregularidades detectadas: Se consentían sobreprecios. Se otorgaban las obras por encima de la capacidad de ejecución. Se asignaban nuevas obras públicas, a pesar de incumplimientos en las anteriores. Se adjudicaban otras obras en tiempo récord, pese a que existía un único competidor.
La fiscalía pidió ampliar la imputación a unas 17 personas, entre ex funcionarios de Vialidad Nacional y provincial, y empresarios, entre los que se cuenta Martín Báez.

La simulación
Un ejemplo: las obras sobre la Ruta Nacional N° 3 tramo Rada Tilly Km 1867. Gotti ofertó 216.284.948 pesos (con garantía de $ 2.162.849), KyC 214.046.867 pesos, (con garantías por $ 2.140.468).
Como ambas empresas eran de Báez correspondía la pérdida de ambas garantías, algo que no sólo no ocurrió sino que el Estado no rechazó las ofertas asignándole la obra al socio comercial de los Kirchner.
Esto fue calificado como una “simulación” de la competencia de precios, ya que se buscaba “asegurarle la adjudicación al Grupo Báez”.
Vialidad Nacional y la Dirección vial provincial, firmaban los convenios para que el Estado financie las obras después de que ya estaba adjudicada al dueño del Grupo Austral. Así ocurrió en la obra de la RN 3 Progresiva 2.284 – 2.303.
En marzo de 2007 de aprobaron los pliegos, el 11 de abril se otorgó a favor de Báez y el 25 de abril, las autoridades viales acordaron que la obra la financie el Tesoro Nacional.

Obras imposibles
Se otorgaban las obras por encima de la capacidad de ejecución. Las empresas no estaban en condiciones de realizarlas.
El Registro de Constructores de Obras Públicas -que controlaba Carlos Kirchner- otorgaba a las empresas un certificado de capacidad de contratación anual, basado en las obras comprometidas.
A Báez le otorgaron el 80% de las obras santacruceñas y se usaba un mismo certificado en múltiples obras sucesivamente. A una empresa que podía hacer obras por $ 70 millones al año se le permitió encarar obras por $ 1100 millones, por lo que nunca se terminaban. Otra estrategia fue simular Uniones Transitorias de Empresas (UTE), que buscaban aparentar mayor capacidad de obra y recibir nuevos contratos.

En Santa Cruz nadie controló
Había una evidente falta de controles. Vialidad provincial de Santa Cruz debía inspeccionar los trabajos y Vialidad Nacional, supervisarlos. Por eso no se cumplieron los tiempos y sólo tres obras de 51 se terminaron.
“Una de las más claras aristas que exhibe la ausencia de control y explica los groseros atrasos en las obras analizadas es la designación de José Carlos Pistán como representante técnico de numerosas obras viales, simultáneas y distantes entre sí”, dijo el fiscal. No podía estar al mismo tiempo en dos obras a la vez.
En este caso, Pistán estaba a cargo de 34 obras viales simultáneas en 12 rutas, a lo largo de toda Santa Cruz. Vialidad Nacional y Vialidad provincial consintieron este descontrol en las obras.
En cuanto a los sobreprecios, en nuestra provincia las irregularidades producto de la impunidad generaban millones.
Había un aumento del presupuesto oficial y se consentían sobreprecios. Así, por ejemplo, se acordaba una financiación nacional por $ 50 millones para una obra, pero Vialidad de la provincia de Santa Cruz la presupuestaba en $ 78 millones.
Las empresas de Báez lograban imponer un aumento, consiguiendo el contrato por $ 92 millones, un 85% más que el presupuestado inicialmente. “Ponderando que de las 51 obras viales investigadas sólo tres fueron concluidas en el plazo fijado inicialmente en el contrato, es evidente que esta estrategia destinada a ampliar los plazos e incrementar los montos no podría haber sido posible sin el acuerdo previo de los funcionarios del Ministerio de Planificación”, dijo el fiscal Pollicita.