Buenos Aires
El viaje del presidente Mauricio Macri a China desconoce el costo ambiental y social a mediano y largo plazo que tendrán las inversiones que busca atraer para proyectos cuestionados como las mega represas Kirchner y Cepernic sobre el río Santa Cruz.
El presidente Mauricio Macri estuvo en China procurando afianzar las relaciones, y concretar las ansiadas inversiones.
Un viaje que desconoce el costo ambiental y social que tendrán estos fondos a mediano y largo plazo. Los miles de millones de dólares en importación tecnológica tienen el fin de generar más energía de fuentes cuestionadas a nivel mundial como la nuclear y la hidroeléctrica de grandes represas.
Ello traerá consecuencias en la agenda ambiental del país, e importantes limitaciones al diseño de un desarrollo estratégico y realmente sustentable de la matriz energética nacional.
En tal sentido, el Presidente entregó a su par asiático el Estudio de Impacto Ambiental que habilitaría la construcción de las mega represas Kirchner y Cepernic sobre el río Santa Cruz.
Un proyecto que hoy está paralizado, por no cumplir con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido por las leyes.
Los estudios desarrollados por las adjudicatarias de la obra y controlados por Santa Cruz presentaron importantes falencias.
Entre ellas, estudios de impacto deficientes, imposibilidad de acceder a la información sobre nuevos estudios y alternativas propuestas, y ausencia de instancias de participación ciudadana.

Corte
Ello llevó, en diciembre de 2016, a que la Corte Suprema de Justicia emitiera una medida cautelar por la cual suspendió la construcción de las represas hasta tanto no se cumpla con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y se realice la audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación.
La historia de construcción de estas represas no es reciente. Comenzó en los ’50, pero nunca fue considerada viable.
A partir de 2007, inició un oscuro proceso licitatorio que, cinco años más tarde, adjudicó su construcción a Electroingeniería, Hidrocuyo y Gezhouba, atado a un gravoso esquema de financiamiento por parte del Gobierno chino. Este se inclina fuertemente a favor de los acreedores, imponiendo cargas financieras enormes al Gobierno argentino si los proyectos se modifican o cancelan.
Ahora bien, los aspectos que, en el pasado, impidieron la consideración de este proyecto como viable siguen vigentes. Por un lado, por su elevado costo de construcción y la necesidad de hacer importantes inversiones en obras de infraestructura conexa.
Asimismo, el bajo nivel de prioridad que estas ocupan dentro del menú de las fuentes de hidrogenaría disponibles, que las sitúan 11° y 21° entre 30 emprendimientos.
Por otro lado, el elevado impacto ambiental que su construcción y puesta en funcionamiento generarán sobre toda la cuenca del río Santa Cruz, que encierra, entre otros aspectos, un frágil ecosistema en el que convergen el Glaciar Perito Moreno, espacios naturales que albergan más de 170 sitios arqueológicos y una serie de delicados hábitats donde anidan algunas de las aves endémicas más emblemáticas de la Patagonia como el Maca Tobiano.

Renegociación
Pese a las falencias que el caso presenta y a la luz de la decisión adoptada por la Corte, el Gobierno dispuso la renegociación del contrato con las adjudicatarias, readecuando el proyecto con el fin de restarle potencia (1.740 MW a 1.290 MW) y reducir tres turbinas de producción.
Así, sostienen, se minimizarían los impactos ambientales. Sin embargo, no se han dado a conocer aún los fundamentos técnicos que avalan lo expuesto anteriormente, ni cuáles son las medidas que se implementarán para evitar las nefastas consecuencias ambientales.
No se trata de emprolijar el proyecto o sus efectos mediante adaptaciones técnicas, sino de abrir un proceso transparente, participativo e informado donde se estudie de manera genuina y sin condicionamientos externos la viabilidad energética, económica, ambiental y social del proyecto, y las alternativas existentes.
Si el Gobierno busca diversificar la matriz energética de forma seria y sustentable, debe promover la federalización de las renovables, que motivará la creación de empleo y generará mejor energía (acompañada por un programa de eficiencia) con la misma inversión ($ 4.714 millones).
La producción de energía es un bien necesario e imprescindible para el desarrollo de las sociedades, pero no puede realizarse a cualquier costo.