Río Gallegos
Roxana Reyes presentó un proyecto en la Legislatura que obliga a todos los empleadores a depositar las cuotas alimentaria en las cuentas correspondientes el mismo día de pago de haberes, estipulando multas por incumplimiento.
La diputada Roxana Reyes presentó un proyecto de ley que estipula el procedimiento de retención y depósito de las cuotas alimentarias buscando que el Estado cumpla con esta obligación en tiempo y forma y se terminen las demoras que han llegado a ser de hasta dos meses, perjudicando a niños, niñas y adolescentes.
“El Gobierno Provincial está reteniendo de forma irregular montos que son fundamentales para las familias. De más está decir que las cuotas alimentarias que son retenidas previamente de los haberes mensuales de los trabajadores y jubilados de la administración pública, integran el salario y al momento de abonárselo deben estar disponibles para los beneficiarios de las cuotas alimentarias de manera simultánea”, sostuvo Reyes.
La diputada explicó que de un tiempo a esta parte, las cuotas alimentarias se han venido abonando con retraso, incluso de uno o dos meses, contados desde la fecha efectiva de pago de los salarios o haberes previsionales a los agentes.
Demoras
“Hay que tener en cuenta que las demoras tienen graves consecuencias en los niños y adolescentes que son los verdaderos beneficiarios de las cuotas. Que el Gobierno se guarde ese dinero por hasta dos meses para financiarse o utilizarlo para cualquier otro fin es inaceptable”, destacó.
La Diputada propone además que en caso de incumplimiento se aplique una multa diaria al empleador equivalente al 10% de la cuota a favor del menor.
“Este es un tema muy sensible para muchas familias que están sufriendo por el pago de las cuotas alimentarias fuera de termino, y todos los problemas que esto ocasiona.”
“La importancia de la normativa que pedimos sancionar busca defender los derechos de los niños, niñas, adolescentes de Santa Cruz y otros beneficiarios que ven continuamente demorado el cobro de las cuotas alimentarias”, concluyó.
El proyecto alcanza a las retenciones de cuota alimentaria sobre los haberes de los agentes de la administración pública provincial, municipal, entes descentralizados y empresas privadas.