Caleta Olivia
La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez, continuaba “atrincherada” desde la noche del miércoles en su oficina del ministerio del CPE y se negó a retirarse luego que los docentes decidieran ocupar el edificio como medida de protesta por los fuertes e indiscriminados descuentos sufridos en sus recibos de sueldo.
“Yo me quedo aquí por decisión y responsabilidad”, afirmó la funcionaria vía telefónica en comunicación con una radio local.
En tanto, la crisis educativa continuó profundizándose ayer en Caleta Olivia con la “toma” de la Dirección Regional de Educació, donde anoche docentes y dirigentes de la filial local de ADOSAC esperaban la presencia del Director, Alejandro Maidana, para hacerle entrega de un documento elaborado en la asamblea de ayer.
“Vamos a continuar hasta que nos reciba Maidana”, aseguró el secretario general de ADOSAC local, Osvaldo Mazo, quien llegó acompañado de un nutrido grupo de maestros.
Las protestas de los maestros en toda la provincia son por los fuertes descuentos en su recibo de sueldo, aunque ayer, se le hiciera efectivo el pago del aguinaldo.
CPE
“Yo estoy aquí porque este es el CPE y mi responsabilidad, hasta que alguien diga lo contrario es velar por la educación de la provincia y desde aquí, seguiré con todas las tareas. Nosotros no nos hemos podido mover”, afirmó Velazquez a través de la radio FM Tiempo de Río Gallegos, tras pasar la noche del miércoles junto al vicepresidente del CPE, Ismael Enrique y un equipo de su secretaría privada.
La presidenta del Consejo de Educación aseguró que una de las personas que estaba con ella se descompensó y debió retirarse, que se encuentra bien y trabajando con su equipo y advirtió que le cortaron la luz, aunque no pudo precisar si fue de modo intencional o no. “No se dialoga así. Bajo estas condiciones no se dialoga. Hicimos siete paritarias”, afirma Velázquez, quien aclaró que ahora su principal objetivo es garantizar la recuperación de los días de clases.
“Doce años junto a Alicia Kirchner estuve”, afirmó Velazquez quien fuera jefa de Gabinete de Asesores del ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre 2003 y 2015. Sobre ella pesa una denuncia penal que la Oficina Anticorrupción presentó en su contra por constatar facturación apócrifa por $3.3 millones. En medio del conflicto docente, asumió en abril en la cartera educativa.
Técnicamente la denuncia por la que debe responder la actual responsable de la Educación de Santa Cruz la responsabiliza de defraudación contra la administración pública, por una cifra millonaria, detectada tras el análisis de los fondos rotatorios y las cajas chicas, en el período entre julio y diciembre de 2015.
En una asamblea realizada en el exterior del edificio, los docentes decidieron permanecer allí en el edificio hasta tanto se resuelva el conflicto y trasladar el acampe que mantenían en los jardines de la gobernación al edificio del Consejo de Educación ubicado sobre la calle Mariano Moreno.