Buenos Aires
El Tribunal Oral Federal 4 de la Capital rechazó ayer el pedido del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de ser sometido a un juicio por jurados en la causa por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 personas y una por nacer muertas.
El tribunal oral emitió un fallo de cuatro páginas en el que rechazó todos los planteos realizados por la defensa del ex ministro en el marco de la causa en la que irá a juicio oral por la responsabilidad que le cupo en el choque de la formación del ferrocarril Sarmiento contra la cabecera de uno de los andenes de la estación de Once.
“No encontrándose establecido el sistema de juzgamiento que propone el peticionante, es que corresponderá rechazar in limine el planteo efectuado”, sostuvieron los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñiguez, que conforman el Tribunal.
El TOF 4 también rechazó un pedido de nulidad presentado por el actual diputado nacional y otro pedido para que se suspenda el trámite de la causa hasta tanto se resuelva un recurso de Casación. De Vido había pedido ser sometido a un juicio por jurados un día después de que el fiscal federal Juan García Elorrio presentara las pruebas para juzgarlo por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once.
El planteo de la fiscalía fue realizado ante el Tribunal Oral Federal 4, donde también hicieron sus reclamos las querellas y la Oficina Anticorrupción (OA).
García Elorrio pidió que declaren unos sesenta testigos en el segundo juicio que se realizará por la tragedia de Once y reclamó que se haga una instrucción suplementaria.
Negociado
Además el fiscal federal Federico Delgado pidió ayer que el actual diputado nacional sea sometido a juicio oral por el “negociado” de “la compra de chatarra” ferroviaria a España y Portugal, en 2004 y 2005.
Fuentes judiciales informaron que el funcionario del Ministerio Público requirió lo mismo para Carlos Retuerto Castaño, ex subgerente de Inversiones de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que inspeccionó en España y Portugal el estado del material antes de su compra.
Delgado acusó a ambos del delito de “defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública” y precisó que pagaron casi 102 millones de euros por “material ferroviario en malas condiciones.
“Se escogió comprar material usado, con la idea de que en los talleres de nuestro país se los pusiera en condiciones de funcionamiento. De ese modo se creaba empleo y se mejoraban los trenes. Pero en vez de eso, intencionalmente, se compró chatarra en mal estado, se pagó peor y no se creó empleo. Por lo tanto, se causó un perjuicio a las arcas públicas”, argumentó.
El informe
El fiscal reprodujo un informe de la sección de Ingeniería de Técnicas Ferroviarias que en 2005 dictaminó que “el estado de los coches que no era bueno, que presentaban gran deterioro y faltantes”, “que algunas ruedas estaban muy gastadas”; “que a los frenos, convertidores y equipos de aire acondicionado les faltaban de componentes”.
También consignó “que algunos coches estaban muy oxidados y necesitaban la sustitución de grandes paños”; “que las ventanas requerirían reparación de abolladuras, golpes y recuperación fuerte de marcos, cristales y mecanismos”; y “que las puertas de acceso e intercomunicación y fuelles requerirían una gran intervención”.
Delgado admitió que “la participación de Julio Miguel De Vido es más difícil de ver de entrada” porque sus “firmas son escasas”, no obstante aseguró que “surge con nitidez” cuando se observa que “la delegación administrativa de funciones” que hizo en “la CNRT”.
De Vido pudo, prosiguió, “concentrar el poder de gobierno de los sucesos y descargar la responsabilidad administrativa en sus subordinados” y, a la vez, “controlar cada paso de la maniobra y formalmente aparecer en la escena lo menos posible”.
Y respecto a Retuerto Castaño afirmó que “fue quien inspeccionó y confeccionó informes sobre el material que adquirió el Estado” y “desarrolló actos decisivos que permitieron los pagos anómalos”, por lo que la Auditoría General de la Nación “fue lapidaria con su trabajo y lo calificó de inconsistente en términos técnicos y económicos”.