Caleta Olivia
Apenas unos minutos antes de las 9.30 horas de ayer se hizo publico el Decreto del Traslado de la Sesión Ordinaria 488, instrumento legal que se utilizó para dar una pátina de legitimidad a una medida que en realidad no fue más ni menos que una maniobra para salvar al intendente Facundo Prades.
La “maniobra” comenzó a gestarse en la noche del miércoles, cuando la sesión ya había sido confirmada y la presencia de los ediles permitía que haya quórum. Cerca de las 23 horas de la jornada previa a la sesión, el Concejal Rubén Martínez publicó en su cuenta de la red social Facebook, un mensaje en el que anunciaba que la sesión no se realizaría debido al paro de actividades que afectaba a la municipalidad y por ende al Concejo Deliberante.
Tras la publicación en el Faceboock de Martínez, que daba por hecho que no se sesionaría y que se postergaba con fecha indefinida la convocatoria – en la que se esperaba que se presentaran al menos dos proyectos para el apartar y posteriormente iniciar juicio político al intendente sospechado de haber cobrado coimas. (ver aparte) – todo tipo de especulaciones comenzaron a circular, incluso a través de las mismas redes se comenzó a cuestionar la medida. Fue en este contexto que el edil – que responde al intendente Prades- habría determinado publicar.
No es la primera vez que Martínez cumple ordenes “a distancia”, ya que meses atrás admitió haber firmado “Decretos para la contratación de personal”, en momentos en que estaba en ejercicio del Ejecutivo, ante la ausencia de Prades.
Esta medida no tendría nada de raro, si no fuera porque a los decretos los firmó casi a la medianoche – horas antes del regreso del intendente – y en momentos en que desde la municipalidad se negaba que hubiera ingresos de personal.
Por si fuera poco, el miércoles también reconoció en un medio radial local, que él mantuvo reuniones con los empresarios chinos que planeaban instalar supermercados en Caleta y ahora están sospechados de haber pagado las coimas para que se los habilite sin problemas.
La maniobra
Pero Martínez no es el único protagonista de esta trama. También el personal que se negó a cumplir funciones en medio de un tema tan trascendental en lo institucional hizo su parte para que el “plan” de postergar el juicio político se ejecute.
Por un lado llamó la atención que a lo largo del 2016 y en varias oportunidades del 2017, el Concejo haya sesionado pese al paro. Por otra parte, el único argumento esgrimido fue que no habría taquígrafas, que dependen de la Secretaría Legislativa.
Esta ausencia fue la excusa utilizada. Pero ocurre que ni en el Reglamento Interno del Concejo, ni en la Ley 55, o la Acordada 54 de Tribunal de Cuentas, se menciona como condición excluyente para la realización de una sesión del personal de taquigrafía. Incluso salvo por el Concejo de Caleta, no existe en la provincia este tipo de procedimiento que genera la llamada “versión taquigráfica” y que es ni más ni menos que una trascripción de todo lo que se dice en la sesión.
Vale mencionar que por lo general la versión taquigráfica no esta inmediatamente después de la sesión dado que el personal que tiene esta tarea debe pasar la versión escrita en “código” a una versión literal; para esto se apoyan en equipos de grabación de audio que luego desgraban.
Es decir que la grabación se podría haber realizado con personal de cargos políticos y para dar un vise de mayor legalidad se podría haber convocado a un escribano para que certificara el acto.
Todo esto no se intentó, o no se quiso hacer. Martínez subsanó la informalidad del mensaje de Facebook, con un decreto oficial y luego nada mas se supo de él, con lo cual tampoco generó el Quórum necesario. De este modo, hizo fracasar la sesión y desbarató la intención de los ediles que si tenían interés en poner en un carril de institucionalidad el caso Prades.
Poder a distancia
Fue así que el intendente eludió el primer intento serio para que de respuestas a las dudas que toda la ciudadanía tiene sobre su accionar en la venta de terrenos a los inversores chinos.
También fue una muestra de “poder” a la distancia, dejando en claro que pese a no estar en la ciudad – hace más de dos semanas que tiene paradero desconocido – aún maneja parte del legislativo local y toda la estructura municipal.
En el caso del Concejal Javier Aybar, que ocupa temporalmente el cargo de intendente, pareciera que solo lo hace de un modo “formal”. Tampoco se expresó formalmente sobre el escándalo, por lo cual no se sabe cual es su postura y como actuará cuando el intendente regrese, y él deba volver a ocupar la presidencia del Concejo.
Así las cosas, los vecinos Caleta que son los principales interesados en saber si se trató de un hecho de corrupción; deberán esperar una vez más.
Que está en juego
La maniobra que “salvó” por el momento a Prades se da además en un contexto electoral, a escasas 72 horas de las PASO, en donde el padre del intendente – Carlos Alfonso Prades – se presenta como precandidato a Senador. Todo apunta a que la elección será tomada como una suerte de “plebiscito” respecto a como impactó en el intendente este escándalo.
Se especula con que si a Prades padre le va bien en la ciudad; el mensaje sería que hay aún un grado de aceptación y hasta respaldo al hijo. Esto le permitiría regresar – o al menos aparecer mediante declaraciones – en un contexto más favorable.
De ser esta versión cierta, pareciera ser que todos los actores de esta trama están más preocupados en sus presentes y futuros políticos que en la institucionalidad de una ciudad que está en crisis.