Fueron rápidos para procesar a maestros y estatales que reclamaban en las rutas. También actuaron velozmente para condenar a “piqueteros” que cortaron la ruta nacional, para embargar a policías que protestaban o incluso para rechazar amparos por el tema de las cloacas, diciendo que no tenían pruebas de la contaminación, pese a los ríos de materia fecal que cruzan por toda la ciudad de Caleta ( aunque el “fenómeno” del colapso de la red cloacal esta en toda la provincia).
Así de veloz, y contundente es la justicia provincial, que singularmente nunca se contrapone con los intereses del poder político de turno. Así pese a que por mas de 20 años los mayores actos de robo corrupción estructural y de accionar de asociaciones ilícitas dentro del estado, jamás movieron un solo papel, dieron curso a un expediente o avanzaron con alguna denuncia.
Así el poder judicial de Santa Cruz garantizó y garantiza aun la impunidad en los actos de corrupción a toda escala que se da en la provincia.
Corrupción
El caso del intendente Facundo Prades podría ser un casos testigo de esto (ver aparte); pero en realidad hace mas de 20 años que ningún intendente o funcionarios provincial, debe enfrentar a la justicia; de manera creíble y concreta. Demoran los plazos, rechazan amparos, dictan falta demérito de manera casi vertiginosa.
El entramado de la justicia provincial, que se inició hace mas de dos décadas incluye todo tupo de nombramientos que al menos dejan una manto de sospechas sobre un Poder del Estado que debería ser impoluto y dar garantías a los ciudadanos de una verdadera equidad e imparcialidad.
Pero en Santa Cruz, la “casta política” a logrado “penetrar al poder judicial” al punto de hacerlo casi in anexo del Ejecutivo, Tribunal Superior de Justicia incluido.
El caso mas reciente y escandaloso fue cuando la legislatura provincial votó la designación de Marcelo Bersanelli, cuñado del diputado nacional Máximo Kirchner.
El familiar del “Clan K” fue designado juez de primera instancia para el juzgado civil 1 de Río Gallegos, con los votos del Frente para la Victoria (FpV), en la sesión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. lo que generó cuestionamientos en la oposición.
Ineficacia
La justicia de Santa Cruz es tan ineficaz, que nunca ha podido resolver un solo caso de “personas que desapareen y luego son halladas muertas en la zona norte”. La lista de hechos criminales que jamás se resolvieron es interminable.
Otros de los rasgos característicos de la justicia provincial, es su burocracia, su lentitud y su indiferencia para dar respuestas a temas tan centrales como la institucionalidad.
La mayoría de los jueces de la provincia tienen un desgano notorio en tocar temas que puedan llegar a molestar al poder político. No es una reiteración de lo antes expuesto, es solamente otro aspecto que marca la impronta judicial santacruceña: No tocar personalmente funcionarios con poder político, ni tampoco a sus estructuras más básicas incluyendo sus gestiones administrativas y financieras.
En los últimos años, en todas las localidades se han dado centenares de denuncias judiciales y públicas, pero todas han quedado en anécdotas.
Credibilidad
Es tal el grado de desidia del grueso de la estructura judicial, que ni siquiera se avergüenza o se ponen colorados, cuando las causa que ocurrieron ante sus propias narices y con actores locales denunciados innumerable cantidad de veces avancen en otros fueros. Pareciera ser que la bajada de línea – tácita o del poder político es clara; en estos temas no hay que meterse.
Es cierto que hay honrosas excepciones, de funcionarios, secretarios, jueces y fiscales de la justicia de Santa Cruz que actúan de manera honesta, clara y creíble, y para ellos es el colorario de esta nota, que intenta poner por escrito algo que la sociedad de Santa Cruz ya sabe o que padece día a día: pareciera que la justicia provincial no está dispuesta a ser uno de los actores que permita que nuestra provincia recobre la seguridad jurídica y el equilibrio de poderes de Estado.
Los jueces, no saben no contestan
El pasado 24 de julio, el intendente de Caleta Olivia Facundo Prades se presentó en el Juzgado de Instrucción N° 2 de esta ciudad para hacer una denuncia de mucha gravedad.: Ante la toma de conocimiento que por un canal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TN) en un programa emitido el día 23 de julio de 2017, habría sido injustamente imputado de un supuesto hecho que niego categóricamente su existencia.
Debo señalar a VS. que lo falsamente denunciado por el canal precitado, constituye una clara maniobra preelectoral dirigida y orquestada con la única finalidad de perjudicarme, pues, la persona que aparece en el video (editado), es un allegado personal del diputado nacional Eduardo Costa, quien al verse contundentemente derrotado en las próximas elecciones primarias a llevarse a cabo el 13 de agosto de 2017, por mi padre, habría buscado, inescrupulosamente, un atajo miserable y perverso, que sin miramientos morales ni éticos, ha intentado dañar mi credibilidad pública.
Es hartamente sospechoso que la comisión de un supuesto hecho ilícito sea denunciada un año y dos meses después de su supuesta realización y justo ante la inminencia de las próximas elecciones primarias (PASO)”.
Esta denuncia no solo era un descargo y un expresión de inocencia, sino que también involucraba un diputado y candidato y señalaba una serie de delitos que atentaban directamente contra uno de los pilares de la democracia; una elección.
Ha pasado mas de un mes y nada se sabe si algún magistrado ha avanzado en esta “bomba” que tiró el intendente.
En contra partida, tampoco se sabe nada de la denuncia que presentó un ciudadano de Caleta Olivia, para que la justicia Federal investigue el supuesto hecho de coima que se le endilga al intendente.
Pero esto no es raro, tampoco se avanzó en otros casos de denuncias, como el caso de las denuncias contra el intendente de Pico Truncado Osvaldo Maimo o su sucesor, Omar Fernández; o cualquier otra presentación que tenga alguna sospecha de corrupción. Así función a la justicia.