La Corte no hizo lugar a un recurso de Lázaro Báez que cuestionaba la entrega al Estado de maquinarias de Austral Construcciones
La defensa había recurrido la decisión de entregar automóviles y equipos viales a la Dirección Nacional de Vialidad, como depositario judicial. En la causa se investiga la comisión del delito de lavado de activos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes desestimar, por incumplimiento de los requisitos fijados en la Acordada 4/2007, el recurso de hecho deducido por la defensa de Lázaro Báez en la causa en la que se investiga la posible comisión del delito de lavado de activos. En el caso, la defensa de Lázaro Báez había apelado la decisión del juez federal por la que se hizo lugar al pedido de la Dirección Nacional de Vialidad y se designó a su administrador nacional como depositario judicial de los rodados y equipos viales sujetos a embargo en las actuaciones, propiedad de Austral Construcciones S.A. y Kank Y Costilla S.A., con posibilidad de ser utilizados, en el marco de las medidas de cautela patrimonial adoptadas respecto de esas firmas, como consecuencia del procesamiento del recurrente por lavado de dinero.
El rechazo de las vías recursivas dio origen, finalmente, a la intervención de la Corte.

Martín
En tanto, el juez Julián Ercolini procesó ayer martes a Martín Báez en el marco de la causa en la que investiga el presunto direccionamiento de las concesiones de obra pública durante el kirchnerismo en favor de empresas del ahora detenido Lázaro Báez.
El juez federal Julián Ercolini procesó martes a Martín Báez en el marco de la causa en la que investiga el presunto direccionamiento de las concesiones de obra pública durante el kirchnerismo en favor de empresas del ahora detenido Lázaro Báez.
El magistrado emitió un fallo de casi 700 páginas en el que dispuso el procesamiento del mayor de los hijos varones de Báez y de otros empresarios y de ex funcionarios de la Dirección de Vialidad.
Los procesados, junto con Martín Báez, fueron Sergio Passacantando y Carlos Alonso, ex funcionarios de Vialidad Nacional; Fernando Butti, ex contador y mano derecha de Lázaro Báez; y Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, la principal empresa investigada. La medida, que incluyó embargos de hasta 2.500 millones de pesos, se produjo en el marco de la causa por la que ya fue procesada la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el propio Báez.
Martín Báez había sido llamado a indagatoria por el juez Ercolini por ser dueño del 5 por ciento de las acciones de Austral Construcciones, la empresa supuestamente beneficiada por el kirchnerismo con el reparto la obra pública.
Ante el juez, el hijo de Báez dijo que nunca tomó decisiones en las empresas de su padre y que “nunca” sospechó que en ellas “se cometieran ilícitos”, en un escrito que presentó en la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.