Río Gallegos
La Sala Acusadora de la Legislatura Santa Cruz se reunirá mañana miércoles a las 18 en sesión secreta para iniciar el tratamiento del pedido de juicio político a la gobernadora Alicia Kirchner impulsado por los gremios de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) y la CTA Autónoma, sin chances de que prospere ante la mayoría parlamentaria que ostenta el oficialismo.
Es que, tanto la denominada Sala Acusadora como la llamada Sala Juzgadora constituidas -tal cual lo establece el reglamento- al comienzo del período de sesiones ordinarias, reflejan en su composición la relación de fuerzas que existe en el cuerpo, con claro dominio del Frente para la Victoria, con lo cual la oposición está lejos de poder reunir la mayoría especial de los dos tercios que se requieren para abrir un proceso de juicio político.
No obstante, convocada para este miércoles a las 18, la Sala Acusadora -integrada por 12 de los 24 miembros de la Legislatura- comenzará a dar tratamiento al pedido de juicio político contra la gobernadora Alicia Kirchner presentado dos semana atrás, con el respaldo de más de 5.000 firmas, por la Mesa de Unidad Sindical y la CTA Autónoma.
“Tenemos que darle curso a la denuncia; por eso convocamos a la primera reunión para evaluar los trámites e iniciar lo que corresponda”, dijo a Télam Jorge Arabel, diputado del FpV, quien preside la Sala Acusadora y convocó a reunión el miércoles a otros siete pares de su bloque, a tres legisladores del Frente Unión para Vivir Mejor/Cambiemos y uno del Frente Renovador.
Por su parte, la diputada Roxana Reyes, integrante de la sala por el bloque del FUPVM/Cambiemos, indicó que serán tratadas “cada una de las causales planteadas con mucha responsabilidad” y remarcó que, en ese contexto, “se va a tener que dar el debate pertinente”.

Gremios
La MUS y la CTA Autónoma acompañaron hace dos semanas con 5.120 firmas un pedido de juicio político volcado en 90 páginas de un escrito en el acusaron a la gobernadora Alicia Kirchner de al menos ocho casos de presunto incumplimiento de sus deberes, a raíz de lo que señalaron como su “incapacidad” para garantizar la educación pública, la falta de salud, la seguridad social y el pago de los salarios de la administración pública en tiempo y forma.
Además, la responsabilizaron de “la violación de los artículos correspondientes de la Constitución provincial por cuanto se vulnera el sistema republicano de gobierno, la independencia y la autarquía del Poder Judicial”, como así también el “incumplimiento de la Ley de Ética Pública”.
Entre otras conductas objetadas, los impulsores del juicio político cuestionaron el nombramiento de Marcelo Bersanelli, cuñado del diputado nacional Máximo Kirchner, como juez de primera instancia, y de funcionarios procesados, como la esposa del diputado nacional, Rocío García, en Salud; de María Cecilia Velázquez en Educación; y de Romina Mercado –hija de la gobernadora- como asesora en la Fiscalía de Estado.
En ese marco, la diputada provincial de Cambiemos se mostró pesimista sobre la posibilidad de que prospere el pedido de juicio político contra la gobernadora: “No son capaces de aprobar un pedido de informe sobre el estado de las escuelas de Santa Cruz o de permitir que un ministro se presente a dar cuenta de por qué no se están pagando los sueldos, con lo cual van actuar con la misma disciplina que tienen para bloquear todo lo que pueda afectar al Poder Ejecutivo”, opinó.
De hecho, entendió que “el FpV va a ser coherente con su forma de trabajar, en contra de los intereses del pueblo y a favor de los intereses de la familia Kirchner y de la gobernadora”, no obstante lo cual indicó que, desde el Frente para la Victoria “deberán dar el debate, y las causales una por una se van a tener que analizar”.