Barcelona
En el referéndum del domingo en Cataluña millones de personas votaron a favor de separarse de España. Asistieron masivamente a las urnas pese a las duras tácticas de la policía en muchas zonas para evitarlo.
Tras la votación, el presidente catalán Carles Puigdemont dijo que los ciudadanos de la región se habían “ganado el derecho a tener un estado independiente”, después de que el 90% de los 2,26 millones de sufragios fueron a favor de la independencia.
Esa fue una fuerte señal de que el gobierno catalán va a usar la votación para declararse independiente de España, pese a que el referéndum fue ilegal bajo la ley española. Eso podría colocar al país en una crisis política y constitucional.
¿Qué pasará ahora? Puigdemont dijo que en “los próximos días enviará los resultados de la votación al parlamento catalán, sede y expresión de la soberanía de nuestro pueblo, para que pueda actuar de acuerdo a la ley del referéndum.”
La legislación que respalda la votación, que fue aprobada por el parlamento catalán el mes pasado aunque es inválida para los tribunales españoles, sostiene que el gobierno debe declarar la independencia dentro de las 48 horas si gana el “sí”, sin importar los niveles de concurrencia a las urnas.

Estado separatista
¿Qué significa “declarar la independencia”? El parlamento catalán tiene una serie de opciones para declarar la independencia si decide seguir ese camino.
La manera más extrema de hacerlo es declarar la independencia unilateralmente, diciendo que desde ese momento Cataluña es un estado independiente de facto.
Algunas instituciones ya están en condiciones de ser independientes, según los funcionarios catalanes: el gobierno catalán reforzó el personal de su agencia de recaudación fiscal en Barcelona, por ejemplo.
Pero hay otras opciones más moderadas. El gobierno también podría decir, por ejemplo, que Cataluña ahora tiene el “derecho” a la independencia y que comenzará un período de negociaciones con el estado español y la UE sobre los siguientes pasos a seguir.
El gobierno podría también usar el impulso de la votación para llamar a nuevas elecciones regionales, en busca de un mandato más sólido anticipándose a la negociación de la independencia.

Reaccion de Madrid
Muchos analistas sostienen que una declaración de independencia unilateral probablemente obligue al gobierno de Mariano Rajoy a recurrir al artículo 155 de la Constitución española de 1978 para suspender la autonomía de Cataluña.
El artículo nunca se usó: hacerlo implicaría colocar a España en un terreno constitucional desconocido.
Si Cataluña presenta reclamos más moderados para negociar con Madrid, probablemente provoque que el gobierno español reaccione como siempre: decir que no hablará de la independencia.
El gobierno y los tribunales españoles pronto tendrán que decidir hasta dónde procesar a quienes estuvieron involucrados en el referéndum, que fue declarado ilegal. Cientos de alcaldes y políticos, junto con miles de voluntarios, en teoría podrían ser denunciados.
El gobierno también amenazó con iniciar acciones contra las 17.000 personas que conforman la fuerza policial catalana por no haber actuado de manera contundente el domingo.
Pero Madrid debe conducirse teniendo en cuenta la delgada línea entre hacer cumplir la ley y provocar más rencor en Cataluña y mayor condena por parte de la comunidad internacional.