Buenos Aires
La Cámara Federal porteña ordenó ayer la detención del ex ministro de Planificación durante el gobierno kirchnerista, Julio De Vido, por la denominada ‘Causa Río Turbio‘, previo proceso de desafuero en la Cámara de Diputados.
En voto dividido, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia dispusieron el arresto de De Vido por el peligro que su permanencia en libertad significa para la investigación, que se encuentra en un estado “incipiente”.
Irurzun y Bruglia coincidieron en que “a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal”.
“Resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal”, subrayó el fallo.
Turbio
En la causa se investiga una presunta malversación de fondos públicos destinados a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que habrían causado un perjuicio a las arcas estatales del orden de los $ 265 millones.
Ello habría ocurrido, según la imputación, mediante una “triangulación contractual” entre “YCRT, la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz, con la actuación además, de numerosos funcionarios públicos de diferentes niveles jerárquicos del Ministerio de Planificación Federal de la Nación y las Municipalidades de Río Turbio y de Río Gallegos”.
Hace poco más de un mes, el juez federal de primera instancia Luis Rodríguez dispuso la indagatoria de De Vido y otros 36 imputados, entre ellos Roberto Baratta, uno de los principales colaboradores del ex ministro, pero rehusó ordenar las detenciones que le había pedido el fiscal Carlos Stornelli.
Ahora, la Cámara corrigió esa decisión, dispuso la detención pero previamente le ordenó al juez Rodríguez que instara a la Cámara baja a llevar adelante el proceso de desafuero que protege a los diputados contra órdenes de detención.
“Las circunstancias alegadas por el Fiscal para sustentar la restricción ambulatoria de De Vido se encuentran suficientemente objetivadas en la encuesta”, coincidieron Bruglia e Irurzun, en tanto que el tercer juez de la Sala, Eduardo Farah, se inclinó sólo por pedir el desafuero e incrementar las medidas para asegurar la comparencia del ex ministro en la causa, pero sin ponerlo preso.
Jueces
Los jueces coincidieron en que existieron cuanto menos maniobras dilatorias en la investigación, que fueron evaluadas incluso por el juez Rodríguez al implantar el secreto de sumario o para ‘lograr el éxito‘ de allanamientos y al ordenar “la inhibición general de bienes, el embargo, el bloqueo de los fondos y la intervención judicial, con la remoción de sus actuales autoridades, de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz”.
“Todo indica que las posibilidades de enfrentar nuevas interferencias -o continuar otras- aún permanecen vigentes”, subraya el fallo.
“Se verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente como para presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso, su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación”, resumió el fallo.
A la Unidad 29
Según publicó el sitio web del Centro Judicial de Información, el magistrado precisó además que cuando se dispongo su detención sea trasladado a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal.
Según explicó la organización Directorio Legislativo, el tribunal debe solicitar el desafuero a la Cámara de Diputados y debe ser girada de inmediato a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el macrista Pablo Tonelli.
La comisión deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. Y el pleno de los diputados deberán tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión.
Tonelli aseguró a la prensa acreditada en el Congreso que está seguro que ante el inminente ingreso del pedido sobre el ex ministro kirchnerista “muchos diputados que antes se pronunciaron en contra del desafuero porque no había un pedido del juez, ahora no tendrán problema para aprobarlo” y la medida podrá concretarse antes de la renovación de la Cámara el 10 de diciembre. En declaraciones a periodistas acreditados en la Cámara Baja, el legislador adelantó que apenas ingrese el pedido de Rodríguez se seguirán “los pasos reglamentarios que es convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales de inmediato” para sacar dictamen y luego pasar el despacho para que en el recinto “el pleno de la Cámara resuelva”