Buenos Aires
Lo había solicitado el juez Bonadio en un fallo donde también dispuso la prisión preventiva previo desafuero de De Vido en una causa por operaciones de gas licuado.
El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio y hombre de confianza de Julio De Vido, Roberto Baratta, fue detenido ayer por la tarde luego de que el juez federal Claudio Bonadio lo solicitase en el marco de una causa por operaciones de gas licuado.
En su fallo, el magistrado dispuso también la prisión preventiva para el exministro de Planificación y Desarrollo del kirchnerismo previo desafuero de la Cámara de Diputados donde hoy ocupa una banca por el Frente para la Victoria.
Además trabó un embargo por 1.000 millones de pesos cada uno y también procesó a Daniel Cameron y Roberto Dromi, entre otros.
Desafuero
El juez Claudio Bonadio investiga compras millonarias de gas natural licuado. Se suma así a lo ordenado por la Cámara Federal en el expediente de Río Turbio.
Diputados comenzará a debatir el martes el desafuero del ex ministro de Planificación
El ex ministro de Planificación fue procesado ayer por primera vez con prisión preventiva.
Es decir que si no fuera diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio De Vido tendría que estar detenido. Así lo decidió el juez federal Claudio Bonadio, quien dictó el procesamiento del ex ministro kirchnerista por el delito de defraudación contra la administración pública en las millonarias compras de barcos cargados con gas natural licuado (GNL). El juez pidió a la Cámara de Diputados que trate el desafuero de De Vido para poder detenerlo.
Resolución
En la misma resolución Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva y ordenó la detención de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido en el ministerio de Planificación quien tuvo un rol preponderante en la compra de esos cargamentos.
Baratta estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Gestión del ministerio de Planificación, que era una de las partes que conformaban el Programa de Energía Total (PET) lanzado por el kirchnerismo en 2007 para paliar la crisis energética.
El programa se pensó originalmente para 90 días pero se extendió. En la causa judicial por la que Bonadio dictó la prisión preventiva de De Vido y Baratta se investiga el período comprendido entre 2008 y 2015.
Una de las formas de enfrentar la crisis fue la compra de barcos transporte de gas licuado que eran regasificados en los puertos de Bahía Blanca y Escobar para desde allí ingresar a la red de gas que abastece a usuarios particulares y a industriales.
Entre 2008 y 2012 fue la empresa estatal ENARSA la encargada de gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL y a partir de la estatización de YPF en 2012, fue esa compañía la que continuó con la tarea.
Estudios
Era la secretaría de Energía la que realizaba estudios para determinar qué cantidad de GNL se debía comprar.
En la causa a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli se realizó un peritaje en el que se determinó una defraudación de 6.995.926.798 dólares debido a que hubo sobreprecios en las compras de GNL.
Según el estudio se pagó de más por el millón de BTU (la unidad de en la que se mide el GNL) en buena cantidad de los 232 barcos que llegaron al puerto de Bahía Blanca y los 265 que arribaron a Escobar. Según explicaron fuentes judiciales, se determinó en varios casos que en barcos que llegaban con días de diferencia se pagaba el doble por el millón de BTU.
El ex secretario de Energía Daniel Cameron y los ex presidentes de ENARSA, Exequiel Espinosa y Walter Faygas fueron procesados sin prisión preventiva. También fueron procesados integrantes de YPF y ENARSA que tuvieron participación en la maniobra investigada.
En la investigación se detectó que dos empresas de la familia Dromi participaron como intermediarias y cobraron comisiones. Roberto Dromi ex ministro privatizador menemista y asesor informal de De Vido, y su hijo Nicolás Dromi, fueron procesados por Bonadio.
Sus firmas Diligentia y Dysan, cobraron por la intermediación que realizaron entre ENARSA y varias de las firmas proveedoras de GNL. Al principio le facturaban a ENARSA y luego directamente a las empresas proveedoras. Incluso alguno de los imputados en su declaración situó a Nicolás Dromi en reuniones de directorio de ENARSA en las que se decidió la adjudicación de compras de GNL.
Fue procesado también Jorge Samarín, presidente de la Marítima Meridian S.A., que obtuvo buena parte de los contratos por servicios de “agenciamiento marítimo”, que implica las tareas referidas a la registración aduanera, el ingreso y salida de los puertos, las autorizaciones de Prefectura y Migraciones y los permisos técnicos y administrativos para la llegada de los barcos. Esa empresa intervino en los trámites de 385 barcos de los que ingresaron al país el GNL.
Según explicaron fuentes judiciales fueron De Vido y Baratta quienes idearon y armaron la estructura para importar el GNL. No hubo licitaciones, porque hubo concursos de precios en los que no había negociación posible sobre el valor del GNL. Y además hubo intermediarios entre ENARSA y los vendedores cuyas comisiones aumentaron el precio.