Río Gallegos
«La designación de Reneé Guadalupe Fernández como miembro del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, es la señal más desvergonzada, de que nuestra provincia bajo su estándar de «aguantadero» al de «guarida», enfatizó ayer, Vanessa Posse, presidente de la Coaliación Cívica – Ari provincial.
Respecto al nombramiento, dijo que: «Tolerar semejante situación en silencio mientras su pueblo se desangra por la incapacidad de sus responsables y el legado mafioso de sus referentes, es como mínimo, un acto de cobardía que ; de suceder quedará subrayado en la historia nefasta de nuestra época», sentenció.
De este modo la dirigente fustigó duramente al oficialismo y aun sector del poder judicial que no reacciona frente al avance sobre sus estructura.
«El propio Poder Judicial no funciona con normalidad desde hace más de un año por la falta de pago en término de los salarios de sus empleados, por la incapacidad de la Gobernadora, sus representantes legislativos y sus funcionarios. En ese marco, la designación de una juez con pedido y trámite de Juicio Político, no puede ser tomado como un acto de «picardía política» sino como un hecho de impunidad, de despotismo de un «monarquía familiar» que aún no entendió que caduco su tiempo de traperías», remarcó la dirigente del CC- Ari.

Impunidad

«La situación anómala en el funcionamiento del Poder Judicial por sí sola, representa en la forma más lisa y llana, la ruptura del sistema Republicano de Gobierno en nuestro territorio, y como lo marca la historia de otras provincias, es causal de Intervención Federal de sus Poderes y no de mayor impunidad en su funcionamiento», describió Posse en un extenso comunicado fechado ayer en la capital provincial.
«Por lo tanto, en lugar de designaciones en nuestros Superior Tribunal de Justicia de personas que gozan del beneficio de la duda, pero que se deben a la tramitación de los procesos en marcha; deberíamos estar analizando la renuncia de los responsables de éste descalabro, o en su defecto, redactando los términos de un Proyecto de Ley de Intervención Federal urgente, para que sea elevado al Congreso de la Nación», analizó.
Finalmente aseveró: «desde el ARI no queremos andar con tibias declaraciones de repudio solo por cumplir. Sabemos que se agotaron todos los plazos y que tenemos que pasar de las declaraciones a las acciones concretas, junto al conjunto de la ciudadanía que aún no perdió las esperanzas y la dignidad en Santa Cruz».