Caleta Olivia
Los trabajadores de CPC que ayer realizaron un piquete en la Ruta nacional 3, recibieron la confirmación que cobrarán parte de la deuda salarial que la empresa mantiene y en asamblea resolvieron que regresarán el martes 2 de enero, del año próximo, para continuar la protesta.
Ayer, los operarios que les adeudan dos quincenas y el aguinaldo amenazaron con endurecer la medida de fuerza si no le daban soluciones a su problemática. De este modo y sin anuncios desde la empresa (aún propiedad del detenido Cristóbal López. Ver aparte) determinaron cortar el tránsito por espacio de más de tres horas, lo que generó una fila de vehículos de alrededor de tres kilómetros.
“Prometieron el pago parcial de lo que nos deben”, detalló un operario a Diario Más Prensa y sostuvo que “esta lucha recién empieza porque no sabemos quien se hará cargo de la empresa y cuándo va a continuar la obra”, de la Autovía Rada Tilly y Caleta Olivia, sumado al de circunvalación y otras en Comodoro Rivadavia.
“Las obras están paralizadas desde hace varios meses debido a la crisis económica en la que se encuentran las firmas de Cristóbal López, actualmente detenido por evasión fiscal”, indicaron.
Ayer, alrededor de las seis de la tarde, los trabajadores recibieron confirmación del pago de parte de la deuda y en asamblea decidieron suspender la medida de fuerza y volver el próximo 2 de enero, para continuar con la protesta por el porcentaje restante de las quincenas adeudadas.
Ventas
El juez Ercolini abrió una puerta para que pueda avanzar la venta del Grupo Indalo. Les dio 30 días a los veedores judiciales para que analicen la propuesta que había hecho Cristóbal López antes de ser detenido.
Con Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa presos hace una semana por defraudación al Estado, el juez Julián Ercolini abrió una ventana para que pueda avanzar la venta del Grupo Indalo.
Les dio 30 días a los veedores judiciales designados en las empresas para que opinen sobre la propuesta que, antes de quedar detenidos, realizaron los dueños del holding para vender las 170 firmas.
Asimismo, pidió que analicen quiénes son los dueños de OP Investiment -de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre-, y la reestructuración financiera que sugirieron, entre otros aspectos.
El “zar del juego” quiere desprenderse de su holding. Su abogado Carlos Beraldi, explicó que en las condiciones actuales es imposible “continuar con el management” del Grupo, y que ante los embargos e inhibiciones de bienes “se cerró el acceso a líneas de crédito” para obtener financiamiento.
El Gobierno, en cambio, a través de la AFIP, venía sosteniendo que el grupo es “capaz de solventarse y hacer frente a sus deudas”. Entre otras cosas, porque el empresario tiene otras compañías por fuera del Grupo.
En esta encrucijada, hubo una nueva presentación ante el juez Ercolini, quien procesó por defraudación al Estado a López y a De Sousa, ordenando su prisión preventiva en la causa donde se investigó a Oil Combustibles SA, la empresa que durante el último gobierno de Cristina Kirchner no pagó $ 8.000 millones a la AFIP correspondiente al impuesto a los combustibles.
Tal como publicó Clarín, la deuda que reclama el organismo recaudador a la fecha es de $ 17.000 millones.
Acreedores
La decisión de Ercolini se conoce al otro día de una noticia que también puede aliviar la situación financiera de López: el miércoles, la Cámara Comercial ordenó que se le permita abrir un concurso de acreedores a Oil Combustibles.
En este escenario, el nuevo escrito que presentaron los dueños de Indalo -al que accedió Clarín-, detalló que se realizó un contrato de compraventa de acciones, y que Rosner y Dellatore “aceptaron desempeñar los cargos de presidente y vicepresidente de Oil para instrumentar el plan estratégico”.
Dicho plan, incluye un ingreso estimado 300 millones de dólares para “la estabilización financiera de las sociedades del Grupo Empresario” que se aplicará primero con un préstamo convertible de 120 millones de dólares, 100 millones de dólares por la venta de activos no estratégicos u ociosos, y 80 millones de dólares por “financiamiento de inventarios” (otra manera de acceder a un préstamo) de Oil Combustibles.
La propuesta presentada por López y De Sousa, también plantea un “desarrollo y nuevas inversiones, la construcción de un centro de distribución para el comercio internacional de derivados del petróleo, el incremento de la participación de mercado de Oil, y el crecimiento sustantivo, sustentable y sostenido con el objeto de maximizar los resultados operativos y generar más puestos de trabajo”.
En otro punto del escrito, se menciona la incorporación de inversores en el sector petrolero a través de Lukoil, un trader ruso que, prometen, desembolsaría 100 millones de dólares, con un préstamo.
Este plan es el que el juez Ercolini pidió que analicen los veedores. “Es una instancia para comenzar a analizar la posibilidad que se realice la venta”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
Cristóbal López había pedido que le embarguen las acciones que busca vender al fondo de inversión, después que se levante la inhibición de bienes para concretar la operación, y que luego continúe el embargo como garantía de que pagará sus deudas.
