Caleta Olivia
Un plenario de delegados de la administración pública central resolvió continuar enfrentando el achique del Estado en el inicio del 2018.
En un amplio y extenso debate protagonizado por delegados de los distintos sectores del Estado Nacional de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado definió la primera medida de fuerza del año entrante, para enfrentar los despidos y la política de achicamiento de la planta de empleados públicos.
Representantes de los organismos nacionales expusieron, en la sede del Consejo Directivo Nacional del gremio, la realidad de cada sector, y propusieron estrategias y acciones para confrontar las iniciativas anti-obreras del Gobierno de Cambiemos.
Cerca de las cuatro de la tarde, más de un centenar de trabajadores y trabajadoras levantaron la mano para aprobar por unanimidad la propuesta surgida del análisis intensivo de la realidad en los ministerios, las dependencias nacionales y los organismos descentralizados: Paro Nacional y movilización al Ministerio de Modernización, para el próximo jueves 4 de enero de 2018!
En la posterior conferencia de prensa, realizada inmediatamente después de la votación para informar a la comunidad lo resuelto por los trabajadores estatales, el Secretario General de ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, explicó que la medida se definió “analizando la situación de esta nueva ola de despidos que está llevando adelante el Gobierno del presidente Macri, como parte de esta Tercer Reforma del Estado, que ha generado ya el año pasado 15 mil despidos en el Estado Nacional y que promueve nuevos despidos en este fin de año, angustiando a todas las familias de los trabajadores, no solamente del Estado Nacional, sino también en provincias y municipios, porque con esta política el gobierno alienta a los gobernadores y jefes comunales”.

Movilización
En ese marco, se realizará una movilización al Ministerio de Defensa para rechazar los 70 despidos conocidos recientemente, y también a la ANSES, por otros 30 despidos.
Estas medidas sectoriales tendrán continuidad unificando acciones en todo el país este jueves 28 de diciembre, cuando se realizará una Jornada Nacional de lucha y asambleas en los lugares de trabajo, para denunciar los despidos y promover el Paro Nacional.
Durante la jornada se dio a conocer un relevamiento de ATE en el que se contabilizan 550 despidos en los últimos días en organismos del Estado nacional como Fabricaciones Militares, en el Ministerio de Defensa, en ENACOM, SENASA, Ministerio de Energía, Modernización, Jefatura de Gabinete, Presidencia, INCAA, ANSES, y en el Ministerio de Cultura.
“El ministro Ibarra no ha tenido ni la delicadeza ni la responsabilidad de convocar a nuestro gremio para informar sobre las condiciones ni la metodología, de ese estudio de situación de los planteles en el Estado Nacional que se utiliza como excusa para esta nueva ola de despidos”, reclamó Godoy, quien recordó que “a pesar de que hace más de 3 semanas que nuestro gremio convocó un Paro Nacional el 6 de diciembre reclamando, entre otras cosas, el cese inmediato de los despidos y la posibilidad de constituir una mesa de discusión para revisar los despidos realizados e impedir los que hubieran estado programados, el Ministerio de los Despidos, aun nos ha convocado”.

Plenario
En el plenario que definió la medida de fuerza nacional, participaron representantes de los ministerios de Defensa, Cultura, Trabajo, de ENACOM, SENASA, Vías Navegables, INTI, diferentes delegaciones de ANSES, trabajadores Civiles de las Fuerzas Armadas, Provincia de Buenos Aires, Fabricaciones Militares de Villa María, Rosario, Río Tercero y Fray Luis Beltran, Conicet, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Jefatura de Gabinete, Conea, INAES, Agricultura Familar, ANAC, Parques Nacionales, diferentes hospitales, entre otros.
Entre otras propuestas, los trabajadores estatales discutieron sobre la posibilidad de un plan de acciones diversificadas, en el marco de un plan de lucha coordinado, con la necesidad de sumar a diferentes sectores de la sociedad y otros sindicatos, que incluya medidas gremiales, políticas y judiciales, sin descartar la posibilidad de recurrir a organismos internacionales para casos particulares.
Además, los delegados y las delegadas coincidieron en rechazar firmemente cualquier acuerdo que acepte o legitime despidos, en cualquier organismo, a cambio de garantizar la paz social.