Buenos Aires
La Unidad de Información Financiera (UIF) constató operaciones entre Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice, socio de los Kirchner, que responderían a una “maniobra de lavado de activos”. Fue a través de un grupo de empresas del Grupo Indalo y otra de Sanfelice que tuvo un único cliente: el propio empresario K.
Esta información constata lo planteado por el fiscal Gerardo Pollicita, que pidió la indagatoria de López, sus hijos y Sanfelice, también responsable de administrar los hoteles de la ex Presidenta.
Según consta en el informe al que accedió Clarín, Tres sociedades del Grupo Indalo (Alcalis de la Patagonia, Oil M&S y CPC SA) “habrían derivado fondos, previamente defraudados al Estado Nacional, a la firma” de Sanfelice por 39 millones de pesos, indicó la UIF en un informe de inteligencia.
Allí, se determinó que en la cuenta de Agosto SA el 75% de sus ingresos “responden a depósitos de las firmas del señor Cristóbal López”.
Así, se determinó que “los principales clientes de Agosto SA son sociedades que pertenecen al Grupo Indalo”, que alquilaron rodados y/o una maquinaria.
Al respecto, la UIF señaló que “las valuaciones del rubro ‘Bienes de Uso’ no se corresponderían con los significativos montos facturados” por la empresa de Sanfelice.
Es por ello que el organismo antilavado determinó que los bienes pudieron haber sido incorporados al patrimonio por un “valor inferior al real (subvaluados), a efectos de poder justificar las adquisiciones con mayor facilidad”.

Alquileres
Asimismo, se planteó en el informe que los alquileres “se pudieron haber realizado por importes sobrefacturados, con el objetivo de justificar un mayor caudal de fondos derivados por las firmas del Grupo Indalo y justificar una mayor ganancia, o pudo existir una combinación de las citadas alternativas”.
Por ejemplo, Agosto SA facturó a Alcalis de la Patagonia (una firma que además le alquilaba un departamento a Los Sauces SA, inmobiliaria de la familia Kirchner), en junio de 2014 por el alquiler de tres camiones, un importe de $ 405.000.
“De los libros de la firma surgía que la valuación, determinada por el costo de adquisición de los rodados, ascendió a $ 2.239.875”, así el precio del alquiler de los vehículos, por sólo un mes, representó aproximadamente “el 18% del valor de los mismos”.
Oil Combustibles SA, investigada por adeudar a la AFIP $ 8.000 millones por no pagar el impuesto a los combustibles durante el último gobierno de Cristina Kirchner, también fue cliente de Sanfelice.
Le alquiló a Agosto seis camiones y tres equipos por $ 531.500, “dichos bienes se encontrarían valuados por la firma en $ 1.959.000. El alquiler representó, en esta oportunidad, aproximadamente el 27%”.

Otras
Otra de las operaciones investigadas determinó que la empresa de Sanfelice vendió a Cristóbal López una maquinaria valuada en $ 1.323.000 por una suma $ 6.960.000.
Es decir, “el bien fue vendido por un importe 426% superior al que se encontraba valuado, obteniendo como consecuencia una ganancia de $ 5.367.000”.?
Así, ?la facturación electrónica de la firma entre octubre de 2013 y agosto de 2016, alcanzó a 38.695.072 pesos.
Para el fiscal Pollicita, que tiene delegada la causa y en la cual ya hizo un pedido de indagatorias, las operaciones comerciales “responden a una clara maniobra de lavado de activos” que comenzaba con las “ganancias ilícitas obtenidas por el Grupo Indalo”.
Después, se desarrolló “un mecanismo para el reciclaje de una porción de esas ganancias ilícitas”: el dinero primero circulaba en el grupo de López como “préstamos” y después se contrataba a Agosto SA.
La operación investigada incluye a la familia Kirchner. Para la justicia y en función del informe de la UIF, los fondos podrían “llegar a manos de una persona que integraba el entorno de los ex presidentes con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.
La información se conoce cuando Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, también preso, intentan en la Justicia vender el holding de Indalo a un fondo de inversión, OP Investments, cuyas caras visibles son Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. La transacción está frenada en la Justicia y necesita el aval del fuero federal y el económico, donde el Zar del Juego tiene causas abiertas.