El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, realizó una denuncia por «falso testimonio» contra ocho militantes mapuches en el marco de la investigación por la muerte de Santiago Maldonado en Cushamen.

La denuncia quedó radicada ante la Justicia Federal de Esquel por parte del secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Gonzalo Cané, según informó el diario La Nación.

Los acusados mantuvieron ante esta misma dependencia versiones que no se condicen con lo que reveló el informe final de la autopsia, a cargo de un grupo de 55 especialistas, sobre el cuerpo del joven. Además, se contradicen con el relato ofrecido por Lucas Naiman Pilquiman (Testigo E) al juez federal Gustavo Lleral el 18 de diciembre pasado.

Los acusados por el ministerio son: el propio Lucas, su madre Claudina Pilquiman, su hermana Ailinco Pilquiman, las militantes mapuches y ultra K, Soraya Guitart y Adriana Baigorria, Andréz Millañanco -pareja del lonko detenido Facundo Jones Huala–, Matías Santana y Ariel Garzi, este último amigo de Maldonado. La denuncia se fundamenta por sus “compendios de mentiras desplegadas”, indica el texto presentado en Esquel.

Las penas por falso testimonio oscilan entre el mes y los 10 años de prisión dependiendo de las implicancias, el móvil y las proyecciones sobre la causa que estos tengan.

“Surge con claridad que los denunciados mintieron en sus respectivas juramentadas o, cuando menos, omitieron aportar la información que conocían”, continúa el documento. “Los testimonios fueron condición necesaria para la posterior construcción del relato por parte de determinados funcionarios judiciales, referentes políticos y miembros de organizaciones de derechos humanos, quienes no dudaron en calificar el ahogamiento accidental del señor Maldonado en el río Chubut como una desaparición forzada de persona”, agrega.

Apoyo

Según el mismo diario, la orden de concretar una denuncia de este tipo fue discutida al más alto nivel y contaría con el apoyo del presidente Mauricio Macri quien por estas horas se encuentra en Davos. El ministerio de Seguridad desde hace tiempo tenía preparada las acusaciones, pero Bullrich quería esperar a que se cayeran las medidas cautelares y pedidos de investigación urgentes de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU antes de arremeter con la presentación.

El 21 de diciembre pasado, la fiscal Silvina Avila solicitó el cambio del caratula de Desaparición Forzada a Muerte Dudosa al juez Lleral, quien días después la sostuvo. El 16 de enero la CIDH levantó las medidas cautelares sobre el país; y el 24 de este mismo mes la ONU cerró la investigación por la muerte de Maldonado.

La última persona en ver con vida al artesano fue Naiman Pilquiman. Este aseguró al juez Lleral que había dejado atrás a Maldonado solo y escondido y que no fue detenido por los gendarmes. Según sus palabras bajo juramento, no habló con nadie al respecto excepto con sus padres. Aun así, su madre, Claudina, aseguró ante la Justicia Federal en un primer momento que ella vio cómo los agentes cargaban un bulto que obedecía a las ropas de Maldonado a una camioneta. Por otro lado, del testimonio de Naiman Pilquiman también se desprende que en el momento en que él y Maldonado intentaban cruzar el río, Santana no estaba observando los hechos tal como aseguró en su declaración. El joven llega al grado de inculpar a su compañero cuando revela que Santana se enteró después y por boca de otras personas que “faltaba uno”. Santa dijo haber observado con binoculares como tres gendarmes capturaban, golpeaban brutalmente y se llevaban al artesano en un camión.

Garzi, por su parte, es el amigo de Maldonado con quien compartía algunos momentos en El Bolsón. Garzi dijo haber realizado el 2 de agosto una llamada telefónica al celular chileno del joven y que alguien respondió por 22 segundos. Posteriormente se demostró que la llamada no existió, de acuerdo a información de parte de la propia compañía de teléfonos trasandina WOM.