Buenos Aires
Es el tramo que une Chubut con Santa Cruz. No terminaron los trabajos y hubo sobreprecios millonarios. Nueva licitación.
En manos de empresarios kirchneristas tuvo el mismo destino: convertirse en una obra inconclusa.
El camino que une las provincias de Chubut y Santa Cruz, a través de la Ruta Nacional 3, fue un contrato millonario que no logra avanzar.
Primero fue adjudicada bajo el gobierno de Cristina Kirchner a Lázaro Báez, a quien, por un millonario sobreprecio, la actual gestión le retiró la obra.
Pero en la compulsa de precios fue otorgada a Cristóbal López, pese a que por entonces ya se sabía de la multimillonaria evasión del Zar del Juego con la AFIP.
Pero ahora, con el empresario en desgracia, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a cargo de Javier Iguacel rescindió la semana pasada el contrato por “abandono de obra”, con multas por $ 35,7 millones al dueño del Grupo Indalo.
Fue considerada un “emblema de la corrupción”. Uno de los 52 contratos que el gobierno de Cristina Kirchner le otorgó a Lázaro Báez, preso por lavado de dinero.
Se trata de un contrato organizado en tres tramos, que estuvo en manos del Grupo Austral ocho años: durante ese período sólo avanzó un 37%, pero el empresario K cobró un sobreprecio superior al 300%, según el informe de Vialidad Nacional.

Tramos
La obra que incluye tres tramos sobre la Ruta Nacional 3, conocida como la Autovía Caleta Olivia – Comodoro Rivadavia, fue la primera que el actual Gobierno le rescindió al titular de Austral Construcciones.
El proyecto original tuvo un costo de $ 674 millones y pese al poco avance, las dos constructoras de Lázaro Báez que ganaron la licitación, recibieron $ 2.892 millones: un 329% más que el valor original.
Vialidad Nacional llamó a licitación pública en julio de 2016 con un presupuesto global de $ 1.964 millones.
En la nómina de las empresas que ofertaron, estuvo CPC, propiedad de Cristóbal López. La firma licitó por un valor $ 1.569.507.193, uno de los valores más bajos, lo que lo posicionó primero en el ranking de las oferentes y terminó ganando la obra.
“La obra tiene un avance del 3%”, explicaron fuentes oficiales a Clarín al confirmar que la semana pasada, como ya había anticipado este medio, la obra fue rescindida a CPC SA.
El argumento principal fue por “abandono de obra” y se le descontaron de las certificaciones de obra multas por incumplimientos de plazos por más de $ 35,7 millones, correspondientes sólo al tramo Comodoro Rivadavia – Caleta Olivia.
Además, según señalaron a Clarín, Vialidad Nacional rescindió el tramo correspondiente a Madryn – Trelew que era parte del mismo contrato.
“Se le rescindió la obra a uno de los mayores estafadores de Argentina. No sólo en esta obra sino también como ocurrió con la administración de la Autopista Riccheri donde se quedó con más de 800 millones de pesos que se apropió del RAE”, explicaron fuentes oficiales.

CPC
CPC SA, la principal constructora del Grupo Indalo, después de más de un año y medio el trabajo realizado, “no supera el 3%”: menos de lo que hizo Lázaro Báez.
Ante los retrasos y el incumplimiento en cada uno de los tramos, se aplicaron las multas desde el organismo que depende del ministerio de Transporte por $ 35,7 millones.
Todo fue descontado por Vialidad antes de rescindir el contrato, que volverá a ofrecerse entre las empresas que ya habían participado de la licitación inicialmente.
CCPC SA la principal constructora del Grupo Indalo, debía entregar a los 18 meses de iniciadas las tareas, los dos primeros tramos.
Lo que más tiempo iba a demandar es el tramo 3 (41,6 kilómetros). El plazo era de 30 meses con un presupuesto oficial de $ 1.117 millones. El “incumplimiento fue constante en los plazos de obra” y “no vamos a permitir que ningún empresario estafe a los argentinos”, indicaron desde la Casa Rosada ante la rescisión.
Clarín ya había informado que el Gobierno iba a retirarle una serie de obras al empresario K que obtuvo la excarcelación recientemente.
Así, no es el primer negocio millonario que pierde López. A comienzos de diciembre Vialidad rescindió el contrato de la autopista Riccheri: AECSA del grupo a cargo del manejo del corredor, adeuda $ 725 millones por no pagar los “recursos de asignación específica” (RAE), un dinero que los concesionarios recaudan en los peajes y deben transferir a Vialidad Nacional.
Con esa plata pagó a sus accionistas. Esto le valió otra denuncia por defraudación en la Justicia Federal.