Río Turbio
Una asamblea de mineros desató el domingo un verdadero escándalo que involucró acusaciones contra el gobierno de Alicia Kirchner, amenazas de parte de gremialistas y denuncias por parte de la oposición provincial.
Los asambleístas impidieron el domingo por más de 15 horas la salida de seis funcionarios de la intervención de la estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y un jefe de Gendarmeria, en una protesta que tenía por objetivo reclamar la reincorporación de trabajadores despedidos.
Los funcionarios y el gendarme fueron liberados a la madrugada del lunes, mientras que el interventor de YCRT, Omar Zeidán, denunció una “zona liberada” por la Policía de Santa Cruz, además de responsabilizar por lo ocurrido a la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner. En esa oportunidad incluso se agredió a funcionarios judiciales y miembros de la policía provincial.
Tras la liberación de los funcionarios, la coalición oficialista Cambiemos reclamó mayores medidas de seguridad para “evitar enfrentamientos, aprietes y violencia”.
“Esto que necesitamos y esta reclamando la comunidad no se logra con provocaciones ni con zonas liberadas”, remarcó Vanesa Posee, Titular del Ari Coalición Cívica. El pedido se hizo público horas después de que se conocieran amenazas contra funcionarios de YCRT y audios en el que el dirigente de ATE, Ramiro Apaza incita a la violencia contra el titular de YCRT, el interventor Omar Zeidán y miembros de la empresa.
En los audios, Apaza convoca a realizar un escrache violento contra Zeidán, pide a los militantes “traer elementos para protegerse la cara” para no ser descubiertos ni identificados y recomienda armarse con palos elementos contundentes.
En las grabaciones el gremialista habla de “acorralar a Zeidán”. “Hechos similares se produjeron el fin de semana cuando manifestantes impidieron la salida de trabajadores de YCRT de una vivienda oficial que fue atacada y cercada durante horas.
“Así dialogan los dirigentes de ATE , sin violencia, de cara a la gente, y como se escucha en los audios siempre buscando resolver los problemas”, remarcó irónicamente el dirigente del Pro Santa Cruz Horacio Padín.
El referente del Pro reclamo acciones tanto al gobierno provincial kirchnerista como a los fiscales y miembros de la justicia que también son responsables de esta situación en la que hay amenazas privaciones de la libertad, agresiones y violencia de todo tipo.
“Es tiempo de que todos los sectores, políticos y sociales nos comprometamos y trabajemos para evitar enfrentamientos, acercar a las partes y terminar con la violencia que esta creciendo en Santa Cruz y generando hechos muy lamentables. Necesitamos repudiar la violencia y su utilización política pero además necesitamos que todos tomemos medidas concretas para evitar este tipo de hechos”, remarcó Posse.
Casa51
Todo comenzó el sábado en la casa 51 del barrio Margarita de Río Turbio, dentro del complejo de YCRT, donde viven los funcionarios que trabajan en la empresa, cuando se hacía una reunión de las autoridades para analizar la reforma denominada “Nueva YCRT” que se pondría en marcha desde este lunes.
Zeidán denunció destrozos en dos de las viviendas que ocupan los funcionarios de la minera estatal, aunque finalmente la salida de los funcionarios ocurrió “sin incidentes ya que quedaban pocos manifestantes afuera” de la casa donde estuvieron retenidos.
La asamblea intersindical había sido convocada “en defensa del convenio colectivo de trabajo y la puesta en marcha de la central termoeléctrica” en el Centro Cultural de Río Turbio, según delegados sindicales, pero la protesta se trasladó al complejo de YCRT.
Los funcionarios de la empresa, incluido el coordinador general Sergio Lumachi, fueron retenidos “en calidad de rehenes”.
Otro de los hombres que permaneció encerrado en la vivienda asediada fue el jefe del Escuadrón 43 de Gendarmería Nacional, José Luis Arguello, quien se había presentado “para interiorizarse de lo que estaba ocurriendo”.
El interventor de YCRT sostuvo en su comunicado que “personajes de dudosa moral, envalentonados en la impunidad que les brindan políticamente sectores vinculados con el kirchnerismo” entraron a las casas 50 y 51, donde “rompieron todo”.
Además “inundaron la casa del interventor mediante una manguera que pasaron por la chimenea escurriendo cientos de litros de agua por varias horas”.
Por su parte, la secretaría de Seguridad santacruceña indicó que hubo un operativo coordinado con Gendarmería Nacional “a fin de garantizar la integridad física de la conducción de YCRT” que no tuvo éxito.
Denuncia
“Hago responsable a la gobernadora Alicia Kirchner, porque está incumpliendo el acta acuerdo firmada con el gobierno nacional y la Gendarmería y es evidente que la Policía provincial ha liberado la zona para que actúen delincuentes disfrazados de dirigentes gremiales, que usan la noble causa de los mineros para sembrar el caos y la desolación en la cuenca”, denunció Zeidán.
El gobierno provincial, por su parte, aseguró que “bajo el dispositivo dispuesto se procedió al desalojo de los miembros de la conducción de YCRT, de los cuales solo dos se dispusieron de salir de la vivienda y el resto prefirieron permanecer en la misma”.
“En todo momento, la Policía de la Provincia, junto a la Gendarmería Nacional, garantizó la custodia del lugar y actuaron en permanente comunicación con la jueza Bettina Bustos y el fiscal Luis Tomi”, según el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad provincial.
