Buenos Aires
Con la esperanza cifrada en que algo al menos comience a cambiar, la semana se inicia con novedades respecto de dos de los mayores reclamos efectuados por buena parte de las 44 familias de los tripulantes que se encontraban a bordo del submarino ARA San Juan, desaparecido desde noviembre del año pasado.
En primer lugar, ya se encuentra vigente el llamado a concurso (técnicamente es una compulsa de precios para una contratación directa) para que empresas extranjeras coticen las tareas necesarias para ubicar e identificar fehacientemente a la nave en el fondo del mar.
El procedimiento administrativo fue publicado no solo en el portal oficial del sistema de contrataciones del Estado, sino además a nivel internacional en la ONU. Hasta el momento, al menos cuatro empresas internacionales han efectuado consultas mediante el portal digital habilitado a tal efecto.
Desde el Ministerio de Defensa aclaran que este llamado es particularmente complejo, ya que la normativa vigente no prevé la “Contratación Directa Internacional”, sino que refiere a la “Licitación Pública Internacional” que no solo reviste mayor complejidad técnica, sino que además eleva considerablemente los plazos de todo el proceso.
Esta situación ha generado hasta el momento varias dudas respecto de la forma en que los oferentes extranjeros deberán adecuarse a requisitos contemplados en un procedimiento previsto para ofertas nacionales.

Demoras
“El problema con demorar excesivamente los tiempos no solo representa un motivo de inquietud adicional para las familias, sino que a la postre atenta contra el objetivo central ya que las condiciones climáticas en la zona de búsqueda desmejoran considerablemente a medida que avanza el invierno”, explican.
Sin embargo, desde el área de compras del Ministerio de Defensa aseguran que se trabaja para resolver y subsanar todas las dudas que los distintos oferentes planteen utilizando los medios digitales habilitados.
Desde el Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, son concretos a la hora de brindar precisiones sobre el escollo climático que deberá afrontar quien resulte adjudicatario de la tarea.
Para agilizar lo más posible todo el proceso, pero cuidando de no violentar normas básicas del sistema de contratación pública -en especial todo lo relacionado con la transparencia y lucha contra la corrupción-, los funcionarios del área diagramaron el siguiente cronograma de evolución del proceso licitatorio:
En el esquema puede apreciarse que las distintas etapas desembocan finalmente en una fecha estimada de inicio de tareas por parte de la empresa adjudicataria estimada para los primeros días de junio.
Considerando que el pasado viernes, atendiendo a planteos de alguno de los potenciales oferentes, la apertura de sobres se difirió para el 2 de mayo en lugar del 26 de abril (fecha originalmente prevista), es probable que la fecha de inicio de tareas también se atrase algunos días.

Impugnaciones
También es importante aclarar que, si existieran impugnaciones cruzadas entre distintos oferentes, el proceso de adjudicación se podría ver demorado, ya que este tipo de recursos que asiste a los “contrincantes” en un proceso de adjudicación, obligan al Estado a efectuar el análisis de los planteos, y resolver sobre los mismos en forma adecuada.
“En este supuesto no nos quedará otra alternativa que estirar los plazos”, remarcan desde Defensa. Al mismo tiempo, aclaran que “impugnar no es gratis” ya que el mecanismo prevé que el oferente que impugne a otro deberá afianzar su protesta con un importe equivalente a un 3% del valor de la oferta impugnada. Este importe le será definitivamente retenido si la impugnación planteada resulta inválida.