Caleta Olivia
Alberto Roberti, quien se encuentra de “licencia con goce de haberes” como Secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles y Julio Miranda, quien se encuentra actualmente al frente de esa entidad deberían declarar hoy ante la Jueza Federal Marta Yánez, en la causa en la que se investiga una maniobra que permitió “desviar” millones de pesos provenientes de aportes sindicales a cuentas ajenas al gremio de petroleros privados de Santa Cruz.
La investigación se había iniciado tras una auditoría realizada por la actual gestión del sindicato santacruceño, que permitió determinar que los aportes que deberían haber ingresado a esa entidad durante el tiempo que duró la intervención y la normalización gremial, habían sido desviadas a cuentas determinadas por Roberti. Esta situación fue denunciada por el Secretario General, Claudio Vidal en el juzgado Federal con sede en Caleta Olivia, y de este modo se desplegó una ardua tarea de investigación además de actuaciones judiciales.
Si bien Roberti y Miranda deberían presentarse hoy en los tribunales locales, según trascendió en las ultimas horas, ninguno confirmó su asistencia a audiencia.
Vale mencionar que Roberti, pidió una “licencia especial” luego de que se viera seriamente comprometido por diversas causas judiciales, entre ellas por sospechas de enriquecimiento ilícito y corrupción.

Investigación
La maniobra se habría iniciado días después del inicio de la intervención del sindicato de base –que comenzó el 22 de abril del 2011 y finalizó en 2013 – y luego continuó durante los seis meses que duró el proceso de normalización, a cargo del entonces delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roque Vitale. El ex funcionario, ya declaró en la causa y habría aportado detalles que podrían comprometer seriamente a los dirigentes de la Federación.
Según se supo, apenas se inició la intervención a cargo de Carlos Flaquier, se enviaron Cartas Documento a al menos 12 empresas – primeros datos que surgieron de la auditoría interna del gremio – en donde se les informaba las “nuevas” cuentas en donde deberían depositar los aportes sindicales de los trabajadores. De este modo, durante casi dos años, todo ese millonario ingreso fue derivado a bancos en Buenos Aires. Con las primeras pesquisas realizadas por Fuerzas de Seguridad Federales, se logró comprobar que el numero de empresas a las que Roberti y sus supuestos “cómplices” sería muy superior y alcanzaría a cerca de 300 firmas vinculadas a la industria petrolera. De este modo, se calcula que la maniobra sería varias veces millonaria.
Además de Roberti y de Miranda, la justicia también tendría en la mira a David Castro del sindicato de Mendoza, quien sería además tesorero de la Federación.