Caleta Olivia
Personal del Juzgado Federal de Caleta Olivia, concurrió días atrás al edificio Libertad – Sede del Estado Mayor del Ejercito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – para desentrañar nuevos mensajes cifrados que realizó el submarino ARA San Juan, en sus últimas comunicaciones antes de su desaparición el pasado 15 de noviembre.
Según datos recabados por Diario Más Prensa, el representante del Juzgado Federal de esta ciudad estuvo acompañado por una comitiva de expertos de la Policía Federal y una persona especializada en comunicaciones, se informó.
“Se analizaron nuevos mensajes, emitidos por el ARA San Juan, de los sistemas de comunicación en HF, UHF y Satelitales”, indicaron y aseguraron que “esos cifrados son materia de análisis en el Juzgado Federal y son similares a los ya conocidos. El resto, son materia de análisis”, aseveraron fuentes judiciales federales.
En tanto, la causa que investiga la desaparición del submarino, se encuentra en un “paréntesis” debido a que la Jueza Federal Marta Yánez, se ausentó esta semana por “razones particulares”.
De todos modos, se encuentra subrogando la Jueza Federal de Comodoro Rivadavia, la doctora Eva Parcio.
De esta manera, se suspendieron las audiencias programadas. Estaba previsto las testimoniales del capitán de navío y el capitán de Fragata. Las mismas fueron reprogramadas para el mes de junio, se informó.

Relevo
Ante la Bicameral que investiga la tragedia del submarino, Marcelo Srur, ex jefe de la Armada reiteró que no estaba bien informado.
Al cumplirse el martes seis meses de la desaparición del ARA San Juan, en una declaración ante el Congreso, el ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Hipólito Srur, deslindó sus responsabilidades en las operaciones del submarino y le apuntó al ministro de Defensa, Oscar Aguad, por su relevo en diciembre, lo que no le permitió avanzar con la “instrucción disciplinaria” que, a su entender, “se está dilatando”.
“No pude cumplir con la promesa que les había hecho (de hacer el informe), pero lo mío nunca fue el corporativismo”, se defendió Srur delante de los familiares.
“Con respecto a que nos tiramos la pelota –respondió a una pregunta directa-, yo desde el primer momento asumí desde Buenos Aires un control paralelo de lo que se estaba haciendo, nos preocupamos por la gente, y no por el submarino. Desde el 19 de diciembre yo no le puedo decir qué hizo o qué no hizo la Armada, siendo la persona que más información tenía y podía asesorar, lamentablemente no me llamaron para hacerme consultas”, sostuvo en crítica a su relevo.
El ex jefe naval declaró primero a puertas cerradas, frente a los senadores y diputados de la comisión bicameral que investiga la desaparición del submarino, ante el malestar de los familiares a los que luego sí, se les permitió ingresar y formular preguntas.
El presidente de la comisión, el peronista José Ojeda, aclaró que la primera parte fue vedada ante la posibilidad de que surgieran aspectos confidenciales o secretos.
Pero no hubo, confiaron a Clarín legisladores que participaron, demasiadas diferencias con lo expuesto después públicamente por el ex jefe naval.
“Usted habla de ocultamiento”, le respondió Srur a Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra.
Y siguió: “Me faltó información, no me la dieron, el comandante de Alistamiento y Adiestramiento es el responsable de determinar qué barco puede zarpar y cuál no”. Srur replicó así los argumentos que llevó ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, descargando las responsabilidades en subalternos como el contralmirante Luis López Mazzeo, jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, y el capitán de navío Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos.
Srur sostuvo que “el submarino estaba en condiciones de navegar, podía navegar con la flota en las condiciones restrictivas que ya se habían impuesto, hasta los 100 metros de profundidad”, aseveró.
Cuestionado por Isabel Polo, hermana del cabo primero Daniel Alejandro Polo, por su rol como jefe de la fuerza, remitió al organigrama naval y sostuvo que el jefe de Estado Mayor General “es un asesor del ministro” que “administra y gobierna a la fuerza”, pero “no es la persona que determina qué operaciones se hacen o no se hacen”.