Buenos Aires
La discusión por las tarifas anotará hoy una contienda política en el Senado, pero tiene un correlato económico mucho más profundo que implica el destino de miles de millones de pesos.
La molestia del Gobierno con respecto al tema la hizo notar el presidente Mauricio Macri en un mensaje público en las últimas horas, preocupado por la porción de subsidios que el Estado debería volver a cubrir si se da marcha atrás con los aumentos. Pero no es el único cortocircuito entre los funcionarios nacionales y las representaciones provinciales, que impulsan la medida que discutirán hoy los legisladores.
Sucede que, mientras los representantes de los gobernadores en el Congreso reclaman la revisión de las subas y su regreso a los valores de fines del año pasado, las distribuidoras provinciales de energía le adeudan una factura millonaria a quienes producen la electricidad. En otros términos: quienes piden una baja en las boletas, no están pagando la luz.

Distribuidoras
Las distribuidoras provinciales les venden luz a los usuarios finales. Deben cobrarla y luego pagarle a Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, un ente mixto con participación privada, pero bajo gestión estatal, que a su vez cancela la factura con los que producen la electricidad, un grupo compuesto por empresas diversas que van desde Yacyretá hasta Pampa Energía, entre muchas otras.
Hasta el 21 de mayo, las distribuidoras de todo el país le debían a Cammesa $14.477 millones. Entre los grandes deudores están las empresas que, en última instancia, responden a los gobernadores. SECHEEP, de Chaco, tiene un rojo de $2.454 millones, que equivale a 31,7 meses; EPE, de Córdoba, adeuda $2.509 millones, que representan 2,4 meses y DPE, de Corrientes, $2.571 millones (unos 40,8 meses).
La SPSE de Santa Cruz, en la órbita de la gobernadora Alicia Kirchner, debe $1.129 millones, equivalentes a 20,2 meses del servicio.
Emsa, de Misiones, y la DPE de Ushuaia también tienen números negativos.