Caleta Olivia
El concejal Rubén Martínez pidió ayer que las autoridades correspondientes controlen el ingreso de extranjeros, para trabajar en diversas obras que se realizan en la provincia y que genera malestar en los desocupados de la construcción.
Según detalló el concejal de Caleta Olivia a Diario Más Prensa, recibió denuncias de diversos sectores que en las últimas semanas ingresaron a la provincia alrededor de 70 personas oriundas de Guatemala y otros 30 españoles, que desarrollarán tareas en el parque eólico que se construye en cercanías de Koluel Kaike.
Además sostuvo que similares procedimientos tomarían las empresas en el parque en cercanías de Jaramillo.
“Hay personas guatemaltecas y españolas que fueron contratadas por las empresas que están operando en Koluel Kaike, aunque lo lamentable en este caso es que todos los extranjeros habrían ingresado de manera irregular”, denunció Martínez.
En este sentido, denunció también que “otro de los problemas es que todos ellos viven en un galpón en Pico Truncado y en condiciones infrahumanas”, sostuvo y mencionó que las empresas que están en la construcción de los parques eólicos son del “proyecto Hércules, Do Pozo, Prodiel y Verde Activa”.

70/30
“Debemos poner en vigencia la ley del 70/30, para beneficiar a los desocupados. SITRAIC ya estuvo reclamando en Truncado y Kaike para reincorporar a sus afiliados. Y la UOCRA también debería hacer lo mismo. Muchos obreros de la construcción esperan estas obras para poder estabilizarse laboralmente y anda de esto ocurre”, dijo.
En este sentido criticó que las autoridades provinciales tanto de Trabajo como de la Producción, no tengan conocimiento de estas situaciones. “Quién controla a las empresas, quién les permite ingresar tranquilamente a la provincia”, se preguntó el edil.
Martínez, quien aseguró que esta semana viajará a Buenos Aires para retomar las negociaciones para conocer quién continuará con las obras abandonadas por CPC, la empresa del empresario kirchnerista, pidió que “Migraciones constate en qué situación se encuentran los extranjeros”.
“Guatemala es un país que actualmente está pasando por una crisis social importante y eso permite que las empresas abusen y los traigan al país, con bajos salarios y en condiciones de indigencia”, dijo y pidió que las autoridades competentes investiguen.
Desde el año pasado, la obra involucra la contratación directa de 300 personas durante la etapa constructiva, así como también la creación de puestos de trabajo indirectos en la región norte de Santa Cruz.