Caleta Olivia
El Juzgado de Recursos de zona norte, Miguel Ángel Meyer desprocesó a los 137 policías en una causa iniciada por el “auto acuartelamiento” de los efectivos de las Comisarías de Las Heras, hecho ocurrido el 12 de agosto de 2016. En esa oportunidad, el Fiscal Juan Mamaní había iniciado las actuaciones en el Juzgado de Instrucción 1 de Las Heras, a cargo del Juez Eduardo Quelín, luego de que “los Jefes de las Comisarías Seccionales Primera y Segunda con asiento en esta localidad informaron que prácticamente la totalidad del personal subalterno se encontraba auto acuertelado y que por tanto, las guardias de las dependencias se encontraban cubiertas con dos numerarios por turno revistiendo los mismos jerarquías de Oficial Ayudante”, señala el texto del expediente iniciado bajo la carátula “fiscalía de Las Heras/ solicita pedido de informes”.
Ese fue el punto de partida para la investigación y la instrucción de la causa que concluyó con los procesamientos de los policías.
Vale recordar que la medida de fuerza implementada en toda la provincia, había tenido eco mayoritariamente en Las Heras, ciudad que había quedado prácticamente sin seguridad no solo en edificios públicos sino también en todos los barrios.
También hubo adhesión en Perito Moreno y Caleta Olivia y Pico Truncado, pero en menor medida.
Ante la posibilidad de que una ola de delitos se apodera de las calles, los Comisarios de Las Heras informaron de la situación al fiscal Mamani, quien luego requirió al Juez Quelín el inicio de las actuaciones por posibles delitos de acción pública.
Puntualmente se mencionaba delitos de “Abandono de Destino en concurso ideal con Incumplimiento de los Deberes a su Cargo ello en concurso real con el delito de Coacciones Simples reiteradas”. En esa resolución también se embargaba a los policías que llevaron a cabo la medida de fuerza.

Garantista
Ahora Meyer con su fallo contradice lo actuado, y de este modo cierra una causa que será de aquí en mas un preocupante antecedente. Si los efectivos – pese a su estado policial – abandonan su servicio o inician una huelga que dejase indefensa a una ciudad – contarán con este fallo del juez re recursos de la zona norte, para eludir responsabilidades.
Meyer, en su argumentación menciona posturas el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y actual abogado de Cristina Kirchner, Eugenio Zaffaroni, recordado por sus posturas “garantistas”.(ver aparte).
Así, el magistrado equipara la medida de fuerza de la policía con un “reclamo social”. Igualmente, alude a la denominada “Causa Peracho”; en la que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia recomiendan “prudencia” a la hora de disponer de la “privación de libertad de personas, cuando se encuentran ante un panorama de conflicto social, ya sea un reclamo frente a un municipio, en rutas o lugares de trabajo”.
Vale mencionar que los uniformados llevaban adelante un reclamo salarial y exigía una “paritaria” policial.
Para Meyer, el auto acuartelamiento fue apenas un “simple quite de colaboración en algunas tareas”.
De este modo, de aquí en mas en la policía sería encuadrada como simples empleados estatales, y el no cumplimiento con el servicio de seguridad pública, equiparable a la falta de atención en una oficina administrativa. Para Meyer, que la policía no cumpla con su tarea de dar seguridad y prevenir delitos, “a lo sumo podría derivar de una sanción administrativa, como por ejemplo, el hecho de no llevar el uniforme, pero dicha falta no puede constituir, bajo ningún punto de vista, un ilícito penal. Además la provisión de uniforme era uno de los reclamos” señala el juez de recursos.
Además en su argumentación, considera que en el reclamo de la policía que incluía uniformes, tendría responsabilidad inicial el estado por no proveerlos de esa indumentaria. Así, Meyer declara nulas todas las actuaciones y revoca los procesamientos de los 137 efectivos, acusando a Quelín de “criminalizar” la protesta policial.
Finalmente, considera que en la investigación del juzgado de Las Heras, hubo irregularidades y denuncia a su colega ante el Tribuna Superior de Justicia.