Oficina Anticorrupción ofrece más de 100 testigos contra Lázaro Báez

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Buenos Aires
La Oficina Anticorrupción (OA) en su rol de querellante en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez que ya está elevada a juicio oral, presentó ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que llevará adelante dicha instancia, el escrito de ofrecimiento de pruebas “que considera de interés para el esclarecimiento de los sucesos materia de debate”.
Un pedido de más de 100 testimonios, una gran cantidad de prueba documental, hasta el pedido para que declare personal de un banco suizo, integran el extenso pedido del organismo estatal.
El Tribunal oral Federal 4 (TOF 4) busca imprimir celeridad al juicio de la Ruta del dinero K donde junto a Báez y sus cuatro hijos, se encuentran procesadas 20 personas más entre las que se encuentra Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi.
Estiman concluirlo en un año con tres audiencias semanales. Todos están acusados de lavado de activos con embargos de 600 millones de dólares cada uno: diez veces el monto blanqueado en la maniobra delictiva que tuvo como pieza central a Austral Construcciones y los fondos que recibía del Estado a través de los contratos viales.
Se trata de uno de los expediente de mayor envergadura en lo que a lavado de dinero respecta.
La investigación cuenta con 191 cuerpos (38.200 hojas) y 270 incidentes, cada uno de estos llega a tener 50 cuerpos.

Causa
La mayor parte de la causa ya se encuentra en el sexto piso de Comodoro Py, en las oficinas del TOF 4 integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñiguez y Néstor Costabel.
Será este último quien presidirá el juicio contra Báez, sus cuatro hijos y otros 20 imputados. El fiscal que interviene es Abel Córdoba.
El juicio ya tiene un calendario estimativo. El Tribunal se encuentra realizando los juicios de la Tragedia Once con Julio De Vido como principal acusado y el de la ex calcográfica Ciccone contra Amado Boudou. Estiman que ambos podrían concluirse para mediados de este año.
Así, la Ruta del Dinero K podría iniciar para octubre- noviembre de este año. El TOF 4 tiene la intención de abocarse de lleno a este juicio, planteando entre dos a tres audiencias semanales para el desarrollo del mismo.
La celeridad que busca imprimir el Tribunal responde, no sólo al pedido de la Sala IV de la Cámara de Casación, sino principalmente a la decisión de haber prorrogado por un año más la prisión preventiva de Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco.

Pruebas
En este contexto, la OA realizó el pedido de pruebas para el juicio en su rol de querellante.
Al momento de solicitar declaraciones testimoniales, se confeccionó un listado de más de 120 personas: periodistas como Jorge Lanata, ex funcionarios de la AFIP, a los principales denunciantes como Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña.
También se incluyó en el escrito al que accedió Clarín, casi una docena de personal que trabajaba en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, donde Martín Báez y el entorno del empresario K, contaban tal como mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad, cerca de 6 millones de dólares.
Además, el organismo que conduce Laura Alonso pidió que se cite al menos a tres personas que trabajaron durante el período investigado, en el Banco Safra de Suiza, donde la familia Báez contó con cuentas que movieron a través de bonos, 32,8 millones de dólares.
Los mismos, “podrá dar cuenta de las circunstancias que rodearon la operación y las personas que intervinieron en ella, lo que sin dudas arrojará luz sobre lo que constituye un episodio central de las maniobras de lavado de activos que se ventilan en autos”, expresa el escrito.
Como parte del entramado de blanqueo, la OA se refirió a la adquisición de bienes por parte de Báez con dinero cuyo origen se confirmó que era ilícito.
Su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 420 propiedades por 2.547 millones de pesos, lejos de los 66 millones de pesos que había declarado ante la AFIP en 2013.

Fondos
Respecto a la tenencia de fondos en el exterior, la OA pidió que se envié exhorto a Suiza para saber si se encuentran congelados 22 millones de dólares de familia Báez, que primero fueron acreditados en el banco Lombard Odier & CIE y luego transferidos al banco J. Safra Sarasin SA.
En caso de que tales fondos aún se encuentren bloqueados, se propuso que se solicite a las autoridades suizas que “pongan dicha suma a disposición del Tribunal a efectos de ser afectadas al embargo trabado contra los procesados Báez con miras a su eventual decomiso y pago de la multa correspondiente”.
En esta causa, la acusación contra los imputados, realizada por el juez Sebastián Casanello, es por “haber integrado una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.
El juzgado determinó que en las maniobras de lavado de activos se blanquearon 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Todo se realizó a través de una estructura de “sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares”.
Esto posibilitó tanto el atesoramiento de fondos en Suiza”, como la exteriorización de dinero y su reingreso al país.
Con dicha maniobra, los acusados “lograron esa finalidad a través de la adquisición de bienes por un valor de más de dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos, equivalentes a unos ciento ochenta y seis millones de dólares”.
Durante el período investigado, según el fiscal Guillermo Marijuan, en ese lapso el patrimonio de Báez se incrementó sustancialmente: hoy suma más de 420 propiedades por un valor que de 2.547 millones de pesos.
Así, el TOF 4 tiene a su cargo la administración de bienes de Lázaro Báez, algunos en manos del Estado como la maquinaria de Austral Construcciones como los aviones privados, cuya guarda judicial está a cargo del ministerio de Seguridad.

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