Buenos Aires
Un caso emblemático y primitivo de la relación del kirchnerismo con la Justicia llegará a juicio en las próximas semanas y seguramente con una condena de ejecución condicional, aunque el eventual condenado no haya sido el autor del delito inicial sino de uno colateral, como sucede en la actualidad con varios ex funcionarios trasladados quince años atrás de la provincia de Santa Cruz al gobierno nacional e involucrados actualmente en la llamada causa de los cuadernos de las coimas.
Se trata del ex gobernador de esa provincia Daniel Peralta y su desobediencia a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ordenaron reponer en su cargo al procurador provincial desplazado por el ex presidente Néstor Kirchner cuando gobernaba Santa Cruz con la excusa de una reforma institucional, tal como intentó su viuda, Cristina Fernández, casi dos décadas después, cuando impulsó desde la Casa Rosada la llamada y frustrada “democratización de la Justicia” nacional y la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.
El procurador desplazado en 1995 se llama Eduardo Sosa y la movida institucional que hizo desaparecer su cargo y dejarlo cesante ocurrió luego que el entonces jefe de los fiscales santacruceños decidiera hurgar en la contratación que la provincia gobernada por Kirchner había hecho con un estudio de abogados por fuera de la estructura del Estado para negociar el cobro de una deuda por regalías petroleras que le adeudaba la Nación.
Se trataba de los famosos 500 millones de dólares que supuestamente Kirchner envió después al extranjero y cuyo destino jamás quedó del todo aclarado.

Procesado
Peralta fue procesado cuatro años atrás por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia por el delito de “desobediencia” a los fallos de la Corte -primero en 2001 y luego una década después, con otros jueces- que le habían ordenado a la provincia reponer a Sosa en su cargo.
Ahora debe realizarse el juicio -de tipo correccional, por el monto máximo de la pena, sin tribunal oral- y Peralta pidió una “probation” para evitar la condena, aceptar su culpabilidad y reparar el daño con tareas comunitarias.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el juez federal Guido Otranto -titular en Esquel y subrogante en Río Gallegos- por la falta de acuerdo de la fiscalía actuante y esa decisión fue confirmada la semana pasada por la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
La fiscalía rechazó el acuerdo justamente porque Peralta era funcionario público al momento de la comisión del presunto delito y eso lo deja fuera de la llamada “suspensión del juicio a prueba”, según lo establece la propia ley que lo regula.

Testimonial
El juicio será meramente testimonial pero quedará en el prontuario de Peralta, el diputado que Kirchner ordenó poner como gobernador de su provincia casi una década atrás tras las sucesivas renuncias de Sergio Acevedo, electo en 2003 y por discrepancias con la concesión de obra pública, y su vice, Carlos Sancho, este último en medio de un prolongado paro docente en 2007.
La testimonialidad del juicio está dada por la pequeñez de la pena máxima prevista, un año de prisión, de ejecución condicional al no existir antecedentes ni condenas previas para el acusado, y porque está casi descontado que Peralta será declarado culpable, dado que se trata puramente de prueba documental, sin testigos propuestos ni citados a la audiencia aún sin fecha de debate.
Peralta tiene aún la chance de presentar un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación para intentar llevar su planteo a la Corte Suprema nacional o, en caso de rechazo, de presentar directamente una queja ante el máximo tribunal.
Casi sin probabilidades de éxito en ambos emprendimientos, una vez confirmado el rechazo a su planteo, Otranto deberá fijar la fecha de la audiencia en la que se supone Peralta será condenado. Sosa fue desplazado de su cargo cuando el gobierno de Kirchner, con el impulso de Cristina Fernández en la Legislatura provincial, desdobló las funciones que él tenía como procurador, creó dos nuevos cargos, el de agente fiscal y el de defensor de pobres, ausentes e incapaces, y lo dejó cesante al no proponerlo para ninguno de ellos. Peralta insinuó a la Corte que le daría un cargo pero nunca lo concretó.