Caleta Olivia
Los números de la actividad minera en Santa Cruz, sorprenden y analizados desde el punto de vista macro económicos hablan de una bonanza extraordinaria, en el marco de un panorama nacional signado por la crisis. Pero estos números positivos que muestran las empresas y que incluso utiliza el gobierno para demostrar algún dato positivo, chocan con la realidad de las localidades cercanas a los emprendimientos mineros, la devastación del medio ambiente, y el nulo impacto en la población ( empleo, desarrollo e inversiones de infraestuctura) que muestran que el negocio es para pocos y no alcanza a los santacruceños.
No se trata de un análisis negativo, sino de una realidad que es sustentada con los números que muestran casi como una “mojada de oreja” para los habitantes de las localidades mineras.
Ayer se conoció un informe que señala que Santa Cruz es la zona donde la producción de oro se mantiene de forma sostenida y en alza. La información la difundió la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Un detalle, la CAME destaca como positivo “la quita de las retenciones a la exportación del mineral evitó el cierre” de emprendimientos en todo el país. Es en este contexto que nuestra provincia es el escenario de la proliferación de yacimientos explotados, casi sin control, y que las cifras que se muestran son estrictamente generadas desde las empresas, ya que desde la Cartera de Producción y las áreas de control minero de la provincia, nada se informa. No solo en cuanto a los volúmenes producidos – extraídos de suelo santacruceño – tampoco sobre los metales, su calidad, variedad y destino final. Es decir, las mineras en Santa Cruz desarrollan una actividad meramente extractiva que apenas genera empleo, que no deja infraestructura básica, que utiliza recursos no renovables a discreción – como el agua – y que genera un evidente impacto ambiental sin remediación a la vista. Todo esto con la “mirada boba” del gobierno provincial, que no controla o si lo hace oculta la verdad.
Negocio de millones
A fines del año pasado, desde el gobierno provincial se anunciaba que Santa Cruz era “la mayor productora de oro y plata en Argentina con poco más de 1 millón de onzas de oro y otros 20 millones de onzas de plata”. Puntualmente el secretario de Estado de Minería, Guillermo Bilardo, destacaba la inauguración del emprendimiento minerro “Don Nicolás”, que impactaría puntualmente en la zona de Puerto Deseado, Jaramillo y Fitz Roy. El funcionario no ocultaba su satisfacción y afirmaba que esto generaría “alrededor de 5.000 puestos de trabajos directos y de 12.000 a 14.000 puestos indirectos”. Si esto hubiera sido así, se hubiera solucionado ampliamente el problema del desempleo en la zona norte de la provincia, con una industria petrolera en baja. Pero esto no ocurrió. Incluso en las localidades mencionadas se pueden ver los colectivos de las empresas llevando operarios de otras partes del país y extranjeros, sin que los locales tenga acceso al famoso 70/30, el famoso porcentaje de cupo para los santacruceños.
Mentiras verdaderas
Santa Cruz tiene una historia en materia minera que está repleta de promesas de desarrollo. Esta actividad tuvo su inicio en 1998 con el proyecto Cerro Vanguardia en Puerto San Julián. En la actualidad, la producción es impulsada por el proyecto Cerro Negro (propiedad de la minera Goldcorp), ubicado en el Macizo del Deseado, que genera alrededor de la mitad del volumen total de la provincia.
También se había estimado que en el segundo semestre del 2018 comenzara a producir Cerro Moro – extracción de oro y plata – propiedad de Yamana Gold, ubicado en cercanías a Puerto Deseado, mientras que Minera Santa Cruz tenía previsto darle continuidad a las actividades exploratorias para confirmar la extensión de la vida útil del proyecto San José.
El año pasado se informó que desde el Ministerio de la Producción de Santa Cruz, que esta actividad dejó 1.430 millones de pesos a las arcas provinciales. Ése total incluye la recaudación del sector equivalente a 550 millones, el Fideicomiso UNIRSE por 516 millones y las utilidades de FOMICRUZ por 484 millones de pesos. Lo paradójico es que estos números se dieron a conocer en un contexto de crisis generalizada, con la administración publica parada, con paritarias negadas, sin inversiones publicas u obras en marcha y con un gobierno provincial que juraba que no tenía fondos.
Todo por nada
En Santa Cruz hay registradas 5725 PyMEs, pero solo están registradas un 22,4% es decir 1282. Pese al impulso que este sector de le da a la economía, no existen políticas que vinculen a las pymes santacruceñas a las grandes empresas mineras. Tampoco nadie habla seriamente del “compre local”, y se sabe que la mayoría de las empresas traen sus insumos y se abastecen desde afuera de Santa Cruz. A esto se debe mencionar la enorme “deuda social” de estas empresas que no tiene en marcha los denominados proyectos de “responsabilidad social”, y los municipios cercanos a los yacimientos se deben contentar cuando les “regalan” algún vehículo, le dan fondos para “pintar algún edificio” o financian algún micro proyecto local Mientras tanto consumen agua en zonas donde la carencia del vital elemento es crónico, y usan la energía, despojando a localidades como Los Antiguos y Perito Moreno, de esta infraestructura ( interconectado nacional).
Caleta Olivia
Los números de la actividad minera en Santa Cruz, sorprenden y analizados desde el punto de vista macro económicos hablan de una bonanza extraordinaria, en el marco de un panorama nacional signado por la crisis. Pero estos números positivos que muestran las empresas y que incluso utiliza el gobierno para demostrar algún dato positivo, chocan con la realidad de las localidades cercanas a los emprendimientos mineros, la devastación del medio ambiente, y el nulo impacto en la población ( empleo, desarrollo e inversiones de infraestuctura) que muestran que el negocio es para pocos y no alcanza a los santacruceños.
No se trata de un análisis negativo, sino de una realidad que es sustentada con los números que muestran casi como una “mojada de oreja” para los habitantes de las localidades mineras.
Ayer se conoció un informe que señala que Santa Cruz es la zona donde la producción de oro se mantiene de forma sostenida y en alza. La información la difundió la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Un detalle, la CAME destaca como positivo “la quita de las retenciones a la exportación del mineral evitó el cierre” de emprendimientos en todo el país. Es en este contexto que nuestra provincia es el escenario de la proliferación de yacimientos explotados, casi sin control, y que las cifras que se muestran son estrictamente generadas desde las empresas, ya que desde la Cartera de Producción y las áreas de control minero de la provincia, nada se informa. No solo en cuanto a los volúmenes producidos – extraídos de suelo santacruceño – tampoco sobre los metales, su calidad, variedad y destino final. Es decir, las mineras en Santa Cruz desarrollan una actividad meramente extractiva que apenas genera empleo, que no deja infraestructura básica, que utiliza recursos no renovables a discreción – como el agua – y que genera un evidente impacto ambiental sin remediación a la vista. Todo esto con la “mirada boba” del gobierno provincial, que no controla o si lo hace oculta la verdad.
Negocio de millones
A fines del año pasado, desde el gobierno provincial se anunciaba que Santa Cruz era “la mayor productora de oro y plata en Argentina con poco más de 1 millón de onzas de oro y otros 20 millones de onzas de plata”. Puntualmente el secretario de Estado de Minería, Guillermo Bilardo, destacaba la inauguración del emprendimiento minerro “Don Nicolás”, que impactaría puntualmente en la zona de Puerto Deseado, Jaramillo y Fitz Roy. El funcionario no ocultaba su satisfacción y afirmaba que esto generaría “alrededor de 5.000 puestos de trabajos directos y de 12.000 a 14.000 puestos indirectos”. Si esto hubiera sido así, se hubiera solucionado ampliamente el problema del desempleo en la zona norte de la provincia, con una industria petrolera en baja. Pero esto no ocurrió. Incluso en las localidades mencionadas se pueden ver los colectivos de las empresas llevando operarios de otras partes del país y extranjeros, sin que los locales tenga acceso al famoso 70/30, el famoso porcentaje de cupo para los santacruceños.
Mentiras verdaderas
Santa Cruz tiene una historia en materia minera que está repleta de promesas de desarrollo. Esta actividad tuvo su inicio en 1998 con el proyecto Cerro Vanguardia en Puerto San Julián. En la actualidad, la producción es impulsada por el proyecto Cerro Negro (propiedad de la minera Goldcorp), ubicado en el Macizo del Deseado, que genera alrededor de la mitad del volumen total de la provincia.
También se había estimado que en el segundo semestre del 2018 comenzara a producir Cerro Moro – extracción de oro y plata – propiedad de Yamana Gold, ubicado en cercanías a Puerto Deseado, mientras que Minera Santa Cruz tenía previsto darle continuidad a las actividades exploratorias para confirmar la extensión de la vida útil del proyecto San José.
El año pasado se informó que desde el Ministerio de la Producción de Santa Cruz, que esta actividad dejó 1.430 millones de pesos a las arcas provinciales. Ése total incluye la recaudación del sector equivalente a 550 millones, el Fideicomiso UNIRSE por 516 millones y las utilidades de FOMICRUZ por 484 millones de pesos. Lo paradójico es que estos números se dieron a conocer en un contexto de crisis generalizada, con la administración publica parada, con paritarias negadas, sin inversiones publicas u obras en marcha y con un gobierno provincial que juraba que no tenía fondos.
Todo por nada
En Santa Cruz hay registradas 5725 PyMEs, pero solo están registradas un 22,4% es decir 1282. Pese al impulso que este sector de le da a la economía, no existen políticas que vinculen a las pymes santacruceñas a las grandes empresas mineras. Tampoco nadie habla seriamente del “compre local”, y se sabe que la mayoría de las empresas traen sus insumos y se abastecen desde afuera de Santa Cruz. A esto se debe mencionar la enorme “deuda social” de estas empresas que no tiene en marcha los denominados proyectos de “responsabilidad social”, y los municipios cercanos a los yacimientos se deben contentar cuando les “regalan” algún vehículo, le dan fondos para “pintar algún edificio” o financian algún micro proyecto local Mientras tanto consumen agua en zonas donde la carencia del vital elemento es crónico, y usan la energía, despojando a localidades como Los Antiguos y Perito Moreno, de esta infraestructura ( interconectado nacional).
Caleta Olivia
Los números de la actividad minera en Santa Cruz, sorprenden y analizados desde el punto de vista macro económicos hablan de una bonanza extraordinaria, en el marco de un panorama nacional signado por la crisis. Pero estos números positivos que muestran las empresas y que incluso utiliza el gobierno para demostrar algún dato positivo, chocan con la realidad de las localidades cercanas a los emprendimientos mineros, la devastación del medio ambiente, y el nulo impacto en la población ( empleo, desarrollo e inversiones de infraestuctura) que muestran que el negocio es para pocos y no alcanza a los santacruceños.
No se trata de un análisis negativo, sino de una realidad que es sustentada con los números que muestran casi como una “mojada de oreja” para los habitantes de las localidades mineras.
Ayer se conoció un informe que señala que Santa Cruz es la zona donde la producción de oro se mantiene de forma sostenida y en alza. La información la difundió la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Un detalle, la CAME destaca como positivo “la quita de las retenciones a la exportación del mineral evitó el cierre” de emprendimientos en todo el país. Es en este contexto que nuestra provincia es el escenario de la proliferación de yacimientos explotados, casi sin control, y que las cifras que se muestran son estrictamente generadas desde las empresas, ya que desde la Cartera de Producción y las áreas de control minero de la provincia, nada se informa. No solo en cuanto a los volúmenes producidos – extraídos de suelo santacruceño – tampoco sobre los metales, su calidad, variedad y destino final. Es decir, las mineras en Santa Cruz desarrollan una actividad meramente extractiva que apenas genera empleo, que no deja infraestructura básica, que utiliza recursos no renovables a discreción – como el agua – y que genera un evidente impacto ambiental sin remediación a la vista. Todo esto con la “mirada boba” del gobierno provincial, que no controla o si lo hace oculta la verdad.
Negocio de millones
A fines del año pasado, desde el gobierno provincial se anunciaba que Santa Cruz era “la mayor productora de oro y plata en Argentina con poco más de 1 millón de onzas de oro y otros 20 millones de onzas de plata”. Puntualmente el secretario de Estado de Minería, Guillermo Bilardo, destacaba la inauguración del emprendimiento minerro “Don Nicolás”, que impactaría puntualmente en la zona de Puerto Deseado, Jaramillo y Fitz Roy. El funcionario no ocultaba su satisfacción y afirmaba que esto generaría “alrededor de 5.000 puestos de trabajos directos y de 12.000 a 14.000 puestos indirectos”. Si esto hubiera sido así, se hubiera solucionado ampliamente el problema del desempleo en la zona norte de la provincia, con una industria petrolera en baja. Pero esto no ocurrió. Incluso en las localidades mencionadas se pueden ver los colectivos de las empresas llevando operarios de otras partes del país y extranjeros, sin que los locales tenga acceso al famoso 70/30, el famoso porcentaje de cupo para los santacruceños.
Mentiras verdaderas
Santa Cruz tiene una historia en materia minera que está repleta de promesas de desarrollo. Esta actividad tuvo su inicio en 1998 con el proyecto Cerro Vanguardia en Puerto San Julián. En la actualidad, la producción es impulsada por el proyecto Cerro Negro (propiedad de la minera Goldcorp), ubicado en el Macizo del Deseado, que genera alrededor de la mitad del volumen total de la provincia.
También se había estimado que en el segundo semestre del 2018 comenzara a producir Cerro Moro – extracción de oro y plata – propiedad de Yamana Gold, ubicado en cercanías a Puerto Deseado, mientras que Minera Santa Cruz tenía previsto darle continuidad a las actividades exploratorias para confirmar la extensión de la vida útil del proyecto San José.
El año pasado se informó que desde el Ministerio de la Producción de Santa Cruz, que esta actividad dejó 1.430 millones de pesos a las arcas provinciales. Ése total incluye la recaudación del sector equivalente a 550 millones, el Fideicomiso UNIRSE por 516 millones y las utilidades de FOMICRUZ por 484 millones de pesos. Lo paradójico es que estos números se dieron a conocer en un contexto de crisis generalizada, con la administración publica parada, con paritarias negadas, sin inversiones publicas u obras en marcha y con un gobierno provincial que juraba que no tenía fondos.
Todo por nada
En Santa Cruz hay registradas 5725 PyMEs, pero solo están registradas un 22,4% es decir 1282. Pese al impulso que este sector de le da a la economía, no existen políticas que vinculen a las pymes santacruceñas a las grandes empresas mineras. Tampoco nadie habla seriamente del “compre local”, y se sabe que la mayoría de las empresas traen sus insumos y se abastecen desde afuera de Santa Cruz. A esto se debe mencionar la enorme “deuda social” de estas empresas que no tiene en marcha los denominados proyectos de “responsabilidad social”, y los municipios cercanos a los yacimientos se deben contentar cuando les “regalan” algún vehículo, le dan fondos para “pintar algún edificio” o financian algún micro proyecto local Mientras tanto consumen agua en zonas donde la carencia del vital elemento es crónico, y usan la energía, despojando a localidades como Los Antiguos y Perito Moreno, de esta infraestructura ( interconectado nacional).