Buenos Aires
Será el 26 de febrero del año próximo el día en que los santacruceños y en todo el país comencemos a comprender el grado de saqueo que se dio principalmente en nuestra provincia, y se caiga el relato que desde hace mas de dos décadas en Santa Cruz y por 12 años en la Argentina, construyó, lo que la justicia definió como “una banda criminal”
La fecha la confirmó ayer el Tribunal Oral Federal 2, y de este modo, en la ultima semana de febrero del 2019, se pondrá inicio a las audiencias de la causa por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor del grupo Austral, que comenzarán el próximo 26 de febrero.
Según la acusación judicial, tras la instrucción llevada a cabo por el Juez Julián Ercolini durante las administraciones kirchneristas se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez. Esta acusación, enuncia algo que no podía pasar desapercibida, pero que la justicia de nuestra provincia prefirió no ver, por complicidad, por miedo o conveniencia, y de este modo, pese a las denuncias que se animaron a impulsar algunos opositores, el poder judicial santacruceño garantizó la impunidad de un robo a gran escala que hoy pagamos todos: una provincia vaciada.

La causa
La causa tiene como imputados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, entre otros. Esta será la primera vez que la actual senadora ( por Buenos Aires) de Unidad Ciudadana llegará al banquillo.
Está prevista que esa audiencia se realice a partir del mediodía en Comodoro Py, donde CFK ya tiene como antecedente otras dos causas elevadas a juicio, pero sin fecha establecida aún.
La ex presidente está acusada por el juez Ercolini de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado para favorecer a Lázaro Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública por unos 46 mil millones de pesos durante los doce años en que el matrimonio estuvo en el poder.

Acusación
Ercolini procesó a la senadora acusándola de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado por favorecer a Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos K.
Según esta acusación, la maniobra apunto a que Lázaro sea el beneficiario de las obras. Estas obras co0n millonarios sobre precios y muchas de ellas sin siquiera comenzarse o finalizarse constituyeron el origen de una fortuna mal habida, que le costó a nuestra provincia y al país, una profunda crisis.
De acuerdo a la acusación durante las administraciones de Néstor y Cristina se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.
De este modo, Cristina y sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron parte de “una asociación” destinada a “cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

Numerosa lista de Testigos
Según publicó ayer el diario Clarín, el fiscal Luciani había pedido una extensa lista de testigos encabezada por la dirigente Elisa Carrió, la ex diputada Margarita Stolbizer, el valijero Leonardo Fariña y el ex titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy. Además, en el listado se incluyó al ex director de Vialidad Nacional y actual ministro de Energía, Javier Iguacel, como a Sergio Brodsky titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Iguacel impulsó las denuncias por irregularidades en la obra pública contra el kirchnerismo cuando asumió en Vialidad.
Por su lado, la Oficina Anticorrupción -que es querellante en la causa- también entre su lista de testigos incluyó a los periodistas de Clarín Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki, entre otros.

Cristina ante Bonadio

Cristina, debió presentarse ayer ante el Juez Federal Claudio Bonadio. Fue la séptima vez que el magistrado que investiga los cuadernos de la corrupción K, la llama a los Tribunales de Comodoro Py. La ex presidente insistió en su estrategia, y presentó un escrito ante el magistrado.
En el escrito presentado, la ex mandataria volvió a rechazar las acusaciones en su contra, tal como lo había hecho el 13 de agosto pasado en su primera indagatoria, y protestó formalmente por los allanamientos que hiciera el juez Bonadio en sus casas de la Capital Federal, Río Gallegos y El Calafate.
Además volvió a denunciar una persecución política en su contra y sembró sospechas porque el magistrado “no convoca a prestar a los dueños de las empresas más importantes del país que supuestamente habrían participado” de los delitos imputados.