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El independentismo se abalanzó contra la Justicia, el Gobierno y la Corona para exigir la secesión y la libertad de los líderes separatistas presos o fugados que organizaron el referéndum ilegal y proclamaron unilateralmente la república catalana el pasado otoño.
El lunes, la llamada a la movilización realizada por la ANC y el Govern surtió efecto y convirtió la Diada en un multitudinario ejercicio de presión callejera orquestado para condicionar el juicio en el que se determinará la responsabilidad penal de los cabecillas del procés.
«Aquí comienza nuestra independencia», clamó el «alrededor de un millón de personas» que según la Guardia Urbana de Barcelona -la Delegación del Gobierno rehusó ofrecer cifras de asistencia- se alistó en el «combate» contra el Estado que Quim Torra planteó en la víspera de la festividad oficial de Cataluña para «hacer efectiva la República por todos los presos políticos y exiliados y por todos aquellos perseguidos por defender la libertad».
Fuerza y coraje
El presidente de la Generalitat reconoció ante corresponsales extranjeros que no podrá abrir las cárceles como sugirió que haría si los miembros del anterior Govern no son absueltos, y fió, definitivamente, el éxito de su plan de excarcelación a la movilización permanente de los independentistas de a pie. «Esta manifestación nos da toda la fuerza y el coraje que necesitábamos», celebró.
«Ni 155, ni Rey, ni procesismo», proclamaron los independentistas congregados en la Diagonal de Barcelona al finalizar la concentración, mientras voluntarios de la ANC derribaban simbólicamente un muro en el que estaba representado el Gobierno que «suprimió la autonomía catalana», un rey de bastos colgado boca abajo y con una porra en la mano y un hámster atrapado en una rueda que pretendía denunciar la «eterna esperanza que el Estado español acepte un referéndum acordado».
La ANC volvía a atacar así a las instituciones españolas, pero también a exigir a Torra que deje de buscar un pacto con el Ejecutivo central para votar la secesión de Cataluña y opte por promover la vía unilateral desde el Parlament y la Generalitat. «Con el 1-O nos ganamos el derecho a la independencia. No paséis a decir ahora que todo lo tiene que hacer la gente desde la calle», alertó la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, al término de la concentración, dirigiéndose a un Torra que la escuchaba a escasos diez metros desde la cabecera de autoridades. «Cuando el pueblo manda, el Govern obedece. Preparaos para un otoño caliente», completó un miembro de los CDR al que la entidad independentista convocante concedió voz y micrófono para apuntalar la advertencia al Ejecutivo catalán y especialmente a una ERC que rechaza la unilateralidad que abrazan con gusto tanto Junts per Catalunya como la CUP.
Derechos civiles
Lejos de sentirse violentado por la reclamación de Paluzie, el presidente de la Generalitat aplaudió la «exigencia» de la líder de la ANC. Torra dio por inaugurada la «marcha por los derechos civiles, sociales y nacionales» que propuso iniciar en la conferencia pronunciada el día 4 espejándose en la movilización contra la segregación racial liderada por Martin Luther King. «El Estado español no se da cuenta de que el poder está en la gente. Que será la gente la que llevará adonde quiera», abundó, antes de prometer como contrapartida al «pueblo» abordar el diseño de una Constitución propia para Cataluña durante la presente legislatura y volver a prometer obediencia exclusiva al Parlamento.